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Javier Sánchez: “El laicismo es lo único que garantiza la libertad de conciencia”

17 de Noviembre de 2015

Desde IU-Unidad Popular de Albacete queremos que la separación entre Iglesia y Estado sea una realidad, por ello nos adherimos a las propuestas de Europa Laica, que plantean, entre otras cosas: garantizar la libertad de conciencia individual y la independencia efectiva del Estado con respecto a cualquier confesión religiosa o ideología particular, garantizando la neutralidad ideológica de las administraciones públicas.

Para Javier Sánchez, candidato de IU-Unidad Popular por Albacete al Congreso, “la neutralidad del laicismo es lo único que garantiza la liberta de conciencia”.

Desde IU-UP Albacete proponemos eliminar cualquier tipo de privilegio o discriminación en el trato económico y fiscal para todas las entidades de carácter privado, sean religiosas o no, con el fin de asegurar el principio democrático de la igualdad de derechos ante la Ley y la separación de los ámbitos público y privado.

Aseguraremos una Educación laica, como derecho universal, igual e integrador, dentro de un proyecto común de ciudadanía. Una cuestión fundamental, pues como recuerda el candidato al Congreso de los diputados por Albacete, Javier Sánchez, es una cuestión de lógica: “Ni matemáticas en las parroquias, ni catequesis en las escuelas”.

Para conseguir lo anterior, desde IU-Unidad Popular Albacete, vamos a plantear diversas modificaciones legislativas, incluida la Constitución de 1978; la anulación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979; suprimir, por parte del Estado, todo tipo de financiación de la Iglesia católica y de otras confesiones, incluidas las exenciones fiscales y, finalmente, sacar la religión confesional del Sistema Educativo y eliminar la financiación pública de los centros de enseñanza con ideario propio.

IU-Unidad Popular Albacete considera fundamental elaborar una nueva Ley de Libertad de Conciencia, que proteja y garantice la libertad de pensamiento, conciencia y convicciones, y su práctica sin distinciones, ni privilegios.

Proponemos eliminar, de la Ley de Mecenazgo (49/2002) y de aquellas otras leyes, normas y ordenanzas estatales, autonómicas y locales, los enormes privilegios fiscales de la iglesia católica y de cualquier otra confesión religiosa, así como de sus entidades, organizaciones, asociaciones y empresas, por cuento supone la equiparación de hecho con las entidades sin ánimo de lucro y la exención total o parcial en los diferentes impuestos de ámbito estatal, autonómico o local (Sociedades, Patrimonio, Actos Jurídicos, IBI, Impuesto sobre Construcciones, IAE, Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales).

Además, exigimos declarar como actos nulos todas las propiedades rústicas y urbanas registradas por la Iglesia católica mediante el proceso de inmatriculación, así como derogar en el actual Código Penal de los artículos 522 a 525, que tipifican como delito la supuesta ofensa a los sentimientos religiosos, en relación con sus actos o ceremonias, tanto de palabra como de forma escrita, y suprimir la validez civil de los matrimonios y nulidades matrimoniales religiosas.

Igualmente, y para garantizar la neutralidad ideológica de las administraciones públicas, ninguna autoridad pública o funcionario podrá participar en actos de carácter confesional en calidad de tal, y se eliminará cualquier tipo de simbología religiosa en los actos oficiales, suprimiendo también cualesquiera honores civiles u homenajes públicos (condecoraciones, votos o nombramientos civiles) a imágenes, advocaciones, santos o símbolos religiosos, quedando sin efecto los nombramientos que se hayan realizado hasta ahora.

La eliminación de las capillas de lugares públicos y la supresión de la figura de los “capellanes funcionarios católicos” y la emisión de culto o ritos a través de los medios de comunicación públicos serán otras de las exigencias que IU-Unidad Popular, a las que se sumarán la no financiación de confesiones religiosas, la eliminación de la financiación a través de la casilla en el IRPF.

También se evitará que los centros de atención y tutela de menores públicos o de gestión privada sean gestionados por organizaciones religiosas o de otra ideología particular, a los que se exigirá, además, un estricto cumplimiento de la libertad de conciencia.

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