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Resolución de IU en apoyo a la ILP por la dación en pago retroactiva, el alquiler social y el fin de los desahucios

18 de Mayo de 2013

El pasado 15 de mayo se publicó en el BOE la ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social.

Dicha ley fue aprobada en solitario por el Partido Popular, que no aceptó las enmiendas de ningún grupo político y, lo que es más preocupante para la democracia de este país, desoyendo unas demandas que cuentan con el apoyo del 90% de la población, unas demandas de mínimos necesarias para no condenar a la exclusión social de por vida, a miles de familias.

La ley desvirtúa por completo la ILP por la dación en pago retroactiva, el alquiler social y la moratoria de los desahucios, que cuenta con el aval de 1.402.854 firmas. No respeta el texto y vuelve a sus medidas parciales, arbitrarias e insuficientes que excluyen a la mayoría grueso de la gente las personas afectadas. Unas medidas que ya se han mostrado fracasadas. Son demandas de mínimos, cuyo rechazo muestra una preocupante ignorancia por parte del PP de la realidad social en la que se encuentran cientos de miles de personas en este país. Además, son un insulto a la democracia, y una muestra de cómo el poder político se encuentra subyugado por los intereses de la banca. Una banca que ha hundido el sistema económico y nos ha llevado hasta esta crisis.

Su propuesta muestra un desprecio por la sentencia del TJUE, ya que no modifica el fondo del procedimiento de ejecución hipotecaria, ni dice nada de los cientos de miles de procedimientos ya realizados con una ley ilegal que vulnera derechos fundamentales. Les condenan y sacrifican de por vida al no aceptar ningún tipo de retroactividad efectiva. El texto aprobado impide también que la inmensa mayoría de las personas afectadas se acojan a la paralización de los desahucios de viviendas habituales y no contempla ninguna medida significativa de impulso del alquiler social, además, vulnera los derechos de los afectados y genera indefensión. Nada se introduce para mejorar la regulación sino que al contrario, reduce a un mes el plazo para alegar cláusulas cuando el juez de oficio debe apreciarlas, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE. Por tanto, es persistir en la vulneración de los derechos fundamentales de los afectados.

La propuesta del PP supone una burla a los intereses de las personas afectadas por procesos de ejecución hipotecaria y a la sociedad en su conjunto. Una vez más, la efectividad del derecho a una vivienda digna consagrado en la Constitución española y en numerosos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado español, queda supeditado a los intereses de las entidades financieras. La ley supone una operación de maquillaje de los decretos De Guindos y Antidesahucios, cuyo fracaso ya se ha constatado. De este modo, el texto del Partido Popular aboca al caos social, económico y jurídico al país. Negar el derecho a una segunda oportunidad supone el caos social porque serán miles de personas las que creerán que no tienen solución posible a su situación.

Mientras que la ILP permitía liberar a las familias de la condena financiera y facilitaba su acceso, en régimen de alquiler social, a las viviendas vacías propiedad de las entidades financieras. Unas medidas que permitían mitigar de manera decisiva los efectos sociales más dramáticos de la crisis económica actual. La reforma del PP seguirá condenando a la pobreza y a la exclusión social a cientos de miles de personas.

Si se han logrado pequeños avances (como que ahora el banco se adjudique la vivienda por un 70%) ha sido por la movilización ciudadana impulsada por la PAH/Stop Desahucios frente al acoso de la banca y su complicidad con el gobierno.

Desde Izquierda Unida, apoyamos las actuaciones de la PAH/Stop Desahucios para hacer lo que no hace el gobierno: defender los derechos de la ciudadanía población frente a los abusos de la banca. Es nuestro deber defender los derechos humanos. Hay vidas en juego, aunque parezce que al Gobierno del PP le da igual.

Rescatemos personas, no bancos

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