La Hepatitis C es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente al hígado y es causada por el virus de la hepatitis C (VHC). La infección es por lo general asintomática, pero la infección crónica puede producir fibrosis en el hígado y a la larga puede originar cirrosis. El virus persiste en el hígado en aproximadamente el 85% de quienes están infectados. Esta infección puede tratarse con medicamentos: la terapia habitual es una combinación de antivirales como el peginterferón y la ribavirina.

Uno de los acontecimientos más importantes de Salud pública en los últimos años han sido los grandes avances en el tratamiento de la hepatitis crónica C. En los últimos 15 años se ha trabajado para controlar la epidemia con el objetivo de eliminarla y ahora nos hallamos en un momento de inflexión porque se ha logrado un tratamiento revolucionario, con tiempos más cortos (pocas semanas), sin los efectos secundarios de los anteriores fármacos y con muy buena tolerancia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que esta patología afecta a un 3% de la población mundial, y es causa de muerte de cerca de 1,4 millones de personas cada año. En nuestro país hay 900.000 pacientes de hepatitis C, de los cuales 30.000 se encuentran en estado grave: afectados de cirrosis. Cada día mueren en España aproximadamente once personas por esta enfermedad, muertes que, en muchos casos, podrían evitarse de tener acceso al medicamento adecuado.

El problema de la Hepatitis C en España es muy grave, miles de enfermos siguen esperando tratamientos sin que la administración les dé una respuesta a su situación. En la provincia de Albacete se calcula que existen unos 10.000 contagiados, se estima que la población afectada es de un 2% en España, (un 3% mundial), aunque es difícil saber la cifra exacta pues alrededor de un 75% de los afectados desconoce tener la enfermedad.

Los pacientes afectados por la infección llevan meses exigiendo al Gobierno la financiación de un fármaco de reciente comercialización Sofosbuvir (Sovaldi®) que se ha demostrado extraordinariamente eficaz en la erradicación de esta enfermedad. La multinacional que lo comercializa, la farmacéutica Gilead, impone un precio abusivo por cada uno de los tratamientos. El Ministerio de Sanidad no está financiando el tratamiento y desde la aprobación del mismo por parte de la Agencia Europea de Medicamentos se han registrado unos 4.000 fallecimientos de pacientes que podrían haberse beneficiado de su uso.

Las ventajas del tratamiento con el nuevo fármaco son, desde luego sanitarias, pero también económicas. Si no podemos poner precio a las muertes evitables, si podemos evaluar el ahorro que supone evitar el deterioro de los pacientes y los tratamientos que estas complicaciones suponen. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que un trasplante hepático puede valorarse en 570.000€, sumando además el gasto en hospitalización, bajas laborales, recuperación, etc.

A principios de septiembre el Ministerio de Sanidad anunció que se estaba negociando con el laboratorio GILEAD, para rebajar el precio del medicamento un 42% inferior al inicial, el coste era de aproximadamente unos 60.000 € y con la rebaja quedaría en 25.000€ aproximadamente. Es fundamental el acceso inmediato a SOVALDI®, es un medicamento con una eficacia muy elevada, al presentar porcentajes de curación superiores al 90%.

SOVALDI entró en la financiación pública el 1 de noviembre de 2014. Sanidad dice que desconoce cuántas personas están recibiendo el tratamiento, pero los pacientes se quejan de que se lo prescriben con cuentagotas y que tardan semanas en recibirlo. Algunos están tan hartos que se encerraron en el hospital 12 de Octubre de Madrid como medida de presión para lograr el fármaco para los que tienen cirrosis (unas 35.000 personas afectadas). Este encierro persiste desde primeros de diciembre.

Entendemos que el Gobierno no ha hecho ni de lejos lo suficiente para garantizar un tratamiento para todos los afectados susceptibles de beneficiarse del mismo. Aduce problemas de financiación, debido al elevado coste del tratamiento individual, pero no ha hecho uso de las herramientas que están a su alcance y que pueden permitir abaratar el precio del medicamento y garantizar el derecho a la asistencia sanitaria y a la vida de estas personas.

El acuerdo sobre propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo ADPIC) permite la utilización de licencias obligatorias, esto es, permisos para que un gobierno pueda producir un producto patentado o utilizar un procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente. Es decir, según los acuerdos internacionales firmados, el Gobierno español podría autorizar la producción de genéricos basados en la patente de Sofosbuvircon con el fin de dar tratamiento a precio sostenible a los afectados, abasteciendo el mercado interno. Es más, en casos como el que nos ocupa, de auténtica emergencia sanitaria y de prácticas empresariales anticompetitivas, el Gobierno no está obligado a intentar negociar una rebaja de precio con el propietario de la patente de manera previa a la autorización de la licencia obligatoria, hasta puede imponer directamente el precio que considere oportuno, adecuado y justo.

La única limitación, que no forma parte del acuerdo ADPIC (modificado en 2003), es la decisión voluntaria de algunos países desarrollados, entre los que se encuentra España, de renunciar a la importación de genéricos producidos bajo licencia obligatoria en terceros países, herramienta que sería útil en caso de que no existiera capacidad técnica para la producción del medicamento genérico en el propio territorio nacional.

MOCIÓN:

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Albacete se solidariza con la lucha de los afectados por Hepatitis C, apoya las movilizaciones que están llevando a cabo en defensa de sus derechos y exige e insta al Gobierno de España a:

1º- A través del Ministerio de Sanidad, continuar la negociación con la industria farmacéutica para abaratar los nuevos tratamientos para la hepatitis C y, si no fuera posible alcanzar acuerdos razonables, iniciar los trámites para declarar públicas las patentes.

2º- Declarar la situación de los pacientes afectados por Hepatitis C como emergencia sanitaria y la actuación de la empresa Gilead de anticompetitiva y monopolística.

3º- Realizar los trámites necesarios, con la mayor rapidez posible, sin negociación previa con el titular de la patente, para la emisión de licencia obligatoria de Sofosbuvir, autorizando el abastecimiento del mercado interno de este producto mediante la fabricación de genéricos, fijando un precio que sea sostenible para las arcas públicas y que garantice el tratamiento para todos los que lo necesitan según los criterios científicos y de los profesionales.

4º Hacer las gestiones en el marco de la Unión Europea para que se quiten restricciones a los fármacos de última generación, se realice una compra colectiva y se establezcan licencias obligatorias de producción, como las medidas para allanar el camino hacia la generalización de los antivirales de alto coste y efectividad.

5º Retirar la decisión voluntaria del Gobierno de España de renuncia a la importación de genéricos producidos bajo licencia obligatoria en terceros países, a fin de poder importar medicamentos de estos en caso de que la producción de genéricos bajo licencia obligatoria realizada en nuestro territorio no sea suficiente para cubrir las necesidades del tratamiento.

6º Instar a los organismos internacionales y a los países miembros de la UE a la modificación de la legislación de las patentes farmacéuticas, a fin de evitar los efectos perniciosos de la especulación financiera.

7º Prohibir que se puedan establecer patentes privadas sobre productos que sean desarrollados en buena medida gracias a la labor de investigaciones financiadas por instituciones públicas, desarrolladas en instalaciones o centros públicos, con el concurso de profesionales de los sistemas nacionales de salud o de seguridad social y mediante ensayos en los que participen pacientes que sean captados en centros de titularidad o financiación públicas.

8º Desarrollar una investigación farmacéutica independiente de la actual industria, al servicio únicamente del desarrollo científico y de la mejora de la salud de la población, siendo para ello de titularidad y financiación públicas. Poner en marcha una industria farmacéutica pública con capacidad de hacer frente a la demanda de medicamentos de los sistemas sanitarios públicos.

Asimismo, instamos al Gobierno Regional de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a sumarse a estas exigencias ante el gobierno central y a asumir su responsabilidad derivada de las competencias autonómicas en prestación de la asistencia sanitaria, garantizando de inmediato la proporción del tratamiento necesario a todos los afectados que lo necesiten según prescripción facultativa mediante:

9º La participación activa en la elaboración y puesta en marcha del Plan Estratégico Integral para el Abordaje de la Hepatitis C, siguiendo las recomendaciones de los expertos y científicos, teniendo en cuenta a las asociaciones de pacientes, y garantizando la equidad en el trato a todos los pacientes a nivel nacional. Dicho Plan debería incluir aspectos como la vigilancia epidemiológica, prevención, detección y diagnóstico, atención y tratamiento, investigación, así como ayudas sociales.

10º- Instar al Gobierno de la Comunidad de Castilla-La Mancha a facilitar sin demora el acceso a Sofosbuvir (Sovaldi®) y otros nuevos fármacos antivirales, para todos los pacientes con hepatitis C que se puedan beneficiar de ellos, mediante protocolos clínicos que tengan en cuenta la mejor evidencia científica disponible. Especialmente, se debería incluir a los pacientes en fases menos avanzadas de la enfermedad (que hasta ahora se habían visto excluidos por motivos exclusivamente económicos), así como favorecer el acceso a tratamientos con fármacos aún no aprobados, en uso compasivo, para los pacientes que puedan ser subsidiarios de los mismos según criterio médico.

Dar traslado de estos acuerdos al Ministro de Sanidad y a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, al Gobierno de Castilla-La Mancha, a los grupos parlamentarios de las Cortes Regionales y a los colectivos de afectados de CLM y Albacete.

Fuente foto: www.eldiario.es