El pasado mes de septiembre, el grupo municipal de Unidas Podemos presentó una moción al Pleno para instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que garantizara la continuidad del programa de plurilingüismo de alemán en el IES Andrés de Vandelvira, recogiendo así una demanda del alumnado y las madres y padres de dicho centro.

La moción fue aprobada por unanimidad de todos los grupos tras incorporar la enmienda propuesta por el Grupo Socialista y el Grupo Ciudadanos, acordándose finalmente “Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que modifique la orden que regula los proyectos bilingües y plurilingües para garantizar la continuidad de la línea anglo-germánica en el Instituto Andrés de Vandelvira, y que de cara al curso 2020/2021, autorice el proyecto plurilingüe Inglés-Alemán desde 1º de la ESO”.

Sin embargo, a través de la información aparecida en prensa, hemos podido saber que la Consejería de Educación mantiene su “no” a este programa, y que no lo ha planificado para el próximo curso escolar 2020/2021.

“Desde el grupo municipal de Unidas Podemos nos preguntamos qué gestiones se han hecho por parte del gobierno PSOE-Ciudadanos para intentar materializar el acuerdo del Pleno. Y si se han hecho, nos gustaría que se nos informara de las razones dadas por la Consejería para desoír la petición del Ayuntamiento de Albacete”, ha indicado la concejala Carmen Fajardo.

Unidas Podemos considera que la aprobación de una moción lleva a aparejado el compromiso de su ejecución. Y en aquellos casos en los que el cumplimiento del acuerdo afecte a otras administraciones, el alcalde o persona del gobierno en la que delegue debe hacer de mediador para defender el interés de los vecinos y vecinas de Albacete, ya que, tan importante es la labor de administrar los recursos propios del Ayuntamiento, como la labor de negociación con otras instituciones, para defender las reivindicaciones que además van respaldadas del consenso de todos los grupos.

  El Grupo municipal Unidas Podemos pedirá al equipo de gobierno que haga un seguimiento real de los acuerdos aprobados en Pleno, para evitar que se conviertan en un mero procedimiento burocrático que acaba en los cajones de los despachos de los servicios municipales, pero sin el impulso político necesario para que surtan efecto.