Martes, 6 de diciembre de 2011

En una reciente entrevista Emilio Lledó, filósofo y académico, recordaba que es la política la encargada de realizar los ideales de justicia, educación y bondad.

Cada año, en estas fechas recordamos la importancia de la Constitución como marco jurídico que vertebra la convivencia entre los españoles desde hace más de 30 años. El texto inicial ha sido modificado recientemente en lo relativo a las prioridades económicas, por acuerdo de los dos principales partidos, en un proceso rápido, que generó amplia polémica tanto por el fondo como por la forma.

Los derechos económicos y sociales están contenidos en la CE desde el título preliminar que se ha leído “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”, al Capítulo Tercero que establece como fines de la actuación de los poderes públicos promover el progreso social y una equitativa distribución de la renta, los derechos a la protección de la salud, el acceso a la cultura, medio ambiente adecuado, vivienda digna, pensiones, derecho y deber de trabajar, entre otros. En el Título VII se indica que la riqueza del país, en cualquier forma y de cualquier titularidad, está subordinada al interés general, entre otros principios rectores.

La reforma introducida cambia el artículo 135 e incluye las obligaciones de las AAPP de adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria, no incurriendo en un déficit estructural que supere los márgenes que establezca la UE. Y añade que los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos y su pago gozará de prioridad absoluta no pudiendo ser objeto de enmienda o modificación.

La necesidad de múltiples reformas en la CE y la dificultad de pactarlas a lo largo de estos años de democracia, ha chocado la celeridad del proceso de reforma, en este caso. Son varios los artículos de la CE que han quedado obsoletos o se consideran mejorables. Basta como ejemplo: la línea de sucesión a la corona, contraria al principio de igualdad.

La reforma constitucional de septiembre ha suscitado diversas críticas que resumiré:

- En primer lugar, desde el punto de vista de la eficacia económica una reforma que entrará en vigor en 2020 en nada podrá contribuir a solucionar los problemas esenciales de reactivación económica, creación de empleo y cambio en el modelo productivo. Además, los efectos sobre “la confianza de los mercados” en se va al traste diariamente por más sumisos que se muestren los gobernantes, por más apoyo electoral que tengan o más acérrimos defensores del neoliberalismo se muestren.

- En 2º lugar, tanto el PSOE como el PP dinamitaron el “consenso constitucional” al imponer la ideología y los principios económicos de las corrientes ultraliberales, en su obsesión por minimizar el Estado y menospreciar los gastos públicos de carácter social. Se optó por consagrar el neoliberalismo en la carta magna dando por hechos probados lo que no son sino juicios previos tales como que “la creación de empleo sólo puede venir de la iniciativa privada”, despreciando la intervención del estado y del gasto público como potenciador del empleo, el consumo y la actividad productiva, o bien “identificando gestión pública con despilfarro, ineficiencia o corrupción”.

- En tercer lugar, esta reforma entra en contradicción con los principios constitucionales recogidos en materia económica y social: el artículo 135 modificado concierne al Título preliminar que habla de un estado social al que el déficit económico fijado por ley toca en su línea de flotación, pues supone el menosprecio de los gastos públicos de carácter social y un ataque al estado de bienestar encargado de corregir las desigualdades sociales. Con esta reforma se antepone el pago de la deuda al cumplimiento de los principios constitucionales rectores de la política social y económica, antes citados.

- En cuarto lugar la reforma cuestiona la soberanía nacional a favor de los intereses y la decisión de los poderosos: El catedrático de Economía, José Ignacio Lacasta, señalaba que tal cambio es “una humillación y rebaje de la soberanía política española ante Ángela Merkel, los mercados y quienes detentan el poder económico de este convulso mundo”. La imposibilidad de renegociar la deuda es el mejor ejemplo.

- Por último, se ha impedido que la reforma fuese públicamente discutida y votada en referéndum: Esta reforma se calificó de secuestro de la voluntad popular y negación de la iniciativa parlamentaria. No era una reforma parcial, y, por lo tanto, el referéndum era ineludible. Así lo señaló el diputado de IU, Gaspar Llamazares, quien pidió el referéndum por la naturaleza de la reforma, pero también porque la sensibilidad democrática debería conllevarlo. No se hizo, ni se consiguió el nº suficiente de parlamentarios que suscribiesen la petición de referéndum.

Así pues, mientras poco se hace por garantizar el derecho al trabajo y el acceso a la vivienda, se hacen reformas de dudosa eficacia pero con claros beneficiarios: las élites financieras nacionales e internacionales, causantes en gran medida de la crisis. Por el contrario, no se aborda el déficit equilibrando por el lado de los ingresos, reformando la fiscalidad y con una lucha decidida contra el fraude fiscal.

Para finalizar, voy a compartir con ustedes dos reflexiones sobre la necesidad de la política y la mejora de la calidad democrática en nuestra sociedad. Es notorio el alejamiento de los ciudadanos de la política y urge atajar esa desafección, devolviendo el protagonismo a los ciudadanos y haciéndoles partícipes de las decisiones comunes.

Adela Cortina, Catedrática de Ética, apuesta por extender la democracia deliberativa, como forma de complementar la democracia representativa. “Para que los gobernantes sean responsables en mayor grado ante los ciudadanos se debieran establecer mecanismos para mejorar la representación, asegurar la transparencia en la financiación de los partidos, reformar la normativa electoral, multiplicar los espacios de participación y deliberación pública etc. Y someter a referéndum cuestiones vitales, que generan amplio debate”, como la citada reforma constitucional.

Recordaba Emilio Lledó: “Si el político no es lo bastante decente como para darse cuenta que su misión consiste en obrar para los demás, tendrá que dedicarse a otra cosa”.

No olvidemos, pues, a quién nos debemos, a quien representamos y en quien reside la soberanía: no en los poderosos, sino en el pueblo, o si se prefiere en el conjunto de la ciudadanía.

Albacete, 6 de diciembre de 2011

Victoria Delicado – Concejala de IU