La propuesta de presupuesto para el año 2013 viene precedido por el plan de ajuste aprobado el pasado 29 de marzo (en el contexto de una huelga general) por el equipo de gobierno de PP en solitario, el cual viene vinculado al RD 4/2012. Por este decreto se establece un sistema de pago a proveedores que condiciona la concesión de un préstamo a 10 años a la adopción de determinadas medidas económicas y, por ende, hipoteca los ejercicios presupuestarios de los años 2012 a 2022.

Estos presupuestos contemplan los resultados directos de las medidas contempladas en el  plan de ajuste, las cuales se traducen para los empleados públicos en pérdida de poder adquisitivo, de condiciones laborales y de derechos. Es flagrante, además, el coste en desempleo, la incertidumbre sobre la nueva RPT y su concreción en posibles despidos nuevos y mayor devaluación de los salarios. Estos presupuestos están presididos por el incumplimiento de las reglas de la negociación colectiva, por lo que los mismos no fueron ratificados en la mesa de negociación general de este ayuntamiento.

Siguen la estela de los de 2012. Suponen un nuevo recorte presupuestario de 1,7 mm de euros, que se une al recorte del presupuesto 2012 de 9,1 millones. Es decir, en dos años hemos reducido casi 11 mm el presupuesto municipal, el gobierno municipal ha despedido decenas  de trabajadores municipales y ha subido la carga fiscal con en dos años (un 20 % del IBI y otras subidas aún mayores en tasas). No obstante, el incumplimiento de ciertas medidas de este plan de ajuste, la renuncia a aplicar algunas de ellas, la improvisación y el cambio de parecer son constantes en diferentes apartados.

Se hacen efectivos los cierres de servicios de prestación de matadero municipal, el traspaso del laboratorio municipal de aguas a la empresa público privada Aquagest, el cierre de la EE.II de Campollano, el cierre del Servicio de medicina deportiva del IMD y las Cocinas Municipales. Paralelamente desaparecen importantes proyectos de juventud, minoración significativa de las partidas de subvenciones a discapacidad, acción social, educación, cultura y otras.

Desde el año 2011 los Capítulos I (personal), Capitulo II (gastos generales para desarrollar programas y dar servicios) y Capítulo IV (para subvenciones colectivos y transferencias a los organismos autónomos) han descendido en total 18,8M€. Especialmente grave es la propuesta del Capítulo I, con una reducción en estos dos años de 6,8 mm y el Capítulo IV con un recorte de 11,8 mm.

Sin embargo, los gastos financieros, ya sea en pago de principal o intereses bancarios ha crecido en estos dos años en casi 5 mm, y eso que estamos en periodo de carencia de principal (se empieza a pagar a partir del 2014). Hay que recordar que el préstamo que solicitamos a los bancos de 32 mm, se compra a un interés de más de un 5.5 % (cuando ellos lo reciben al 0.75 % del BCE), lo que genera unos sobrecostes de 10 mm, que se tienen que pagar por la ciudadanía a base de despidos y recortes. Es decir, el PP está ayudando al objetivo de trasladar la deuda privada a deuda pública a base de recortes en gasto social.

Sobre la previsión de ingresos

Respecto a la previsión de ingresos, caben dudas de que su estimación se cumpla dada la situación de recesión económica general que puede repercutir tanto la disminución del consumo, como en el aumento de los impagos (morosidad) de tasas e impuestos municipales, menos transferencias del estado, etc.

Sobre la subida contemplada en las nuevas ordenanzas de tasas e impuestos, ya rechazamos la subida general del 2,7%, por considerarla excesiva en estos tiempos de crisis y añadirse a la fuerte subida de impuestos y tasas municipales recién aprobadas (IMD, zona azul). Nuestra negativa a algunas ordenanzas de impuestos y tasas se debe a que la recaudación no se destina a mantener el empleo y los servicios municipales, ni a mejorar los servicios o la protección social, sino para pagar deuda bancaria y compensar el recorte brutal que hace Cospedal en sus aportaciones, recorte que se acepta, sin rechistar.

La transferencia de la JCCM será ridícula (3,6M€) totalmente insuficiente para financiar lo que son competencias propias: educación, servicios sociales y empleo. Pero la connivencia del gobierno municipal de Bayod con Cospedal lleva a eludir su responsabilidad como alcaldesa de la ciudad y a “confiar” en que la Junta recupere sus obligaciones de pago en 2014 cuando haya digerido “la herencia recibida” y enjugado el déficit en el rescate autonómico pedido al gobierno central.

Por último, del ejecutado de 2012 se desprende que no cuadrará el presupuesto (se cerrará con déficit) y ello conlleva la imposibilidad de pedir un préstamo a largo plazo de 5M€ para destinar a inversiones como tenía previsto el PP y se contemplaba en el Plan de Ajuste. Por supuesto, ni Estado ni Junta aportan nada para inversión, 0 euros para planes públicos de estímulo que entendemos necesarios desde IU, y demandan sindicatos, economistas alternativos y cada vez más instancias diversas proponen.

En resumen, entendemos que su propuesta de presupuestos para 2012:

1. Se carga mayormente el ahorro y el pago de los intereses bancarios a la espalda de la ciudadanía  y de trabajadores del Ayuntamiento.
2. Se producen cierres de servicios sin más justificación que el ahorro económico y no contemplan la rentabilidad social. Con estos duros recortes, se deteriora y precarizan los servicios que quedan.
3. Se genera desempleo, se deterioran las condiciones de trabajo de los empleados públicos, no se apuesta por planes de empleo, de inversión pública como tampoco se apuesta por otras políticas activas de empleo.
4. Se abandona todo ánimo de participación democrática de la ciudadana en la gestión de lo público. Han abandonado la senda de los presupuestos participativos,  es decir, incumplen el Reglamento Orgánico municipal que en su artículo 97.
5. En el mismo sentido, su falta de compromiso con el funcionamiento democrático y los derechos de representación de los empleados públicos les lleva a desoír las demandas de la mesa sindical. Llevan los asuntos tardíamente, con intención de corra el trámite, sin verdadera voluntad de negociar y, en el caso de los presupuestos, sin ninguna posibilidad de contemplar la modificación de la nómina o del montante del Capítulo 1 tras un proceso de negociación. No se negocian ni respetan los cauces democráticos. No se respetan los dictámenes de la mesa general de negociación.

En suma, este equipo de gobierno no tiene voluntad de negociar, sino de imponer austeridad y miseria.