Desde hace varios años asistimos a un continuo proceso de privatización de servicios públicos en Castilla-La Mancha y en el resto de país. Durante los últimos gobiernos han sido frecuentes la concertación de plazas escolares públicas con centros educativos privados, las concertaciones de plazas en residencias privadas para personas mayores, la concertación de prestaciones sanitarias con la coartada de la Ley de Garantías, la construcción y posterior gestión privada de residencias de mayores y de centros de discapacitados, la entrega a una organización agraria de la intermediación laboral de los trabajadores del campo, los convenios con un sinfín de asociaciones privadas para la atención de menores en forma de viviendas tuteladas, etc.,

Ahora es el Partido Popular de la mano de Cospedal quien pretende vender hospitales o, en su defecto, entregar la gestión de algunos de ellos a entidades privadas. Se está procediendo al desmantelamiento y degradación de la calidad de los servicios públicos para luego proceder a privatizar el servicio. Se apuesta decididamente por la educación en centros privados y la ampliación de los conciertos en detrimento de los centros de educación pública. El último ejemplo lo constituye el proyecto de privatización de las residencias universitarias de titularidad regional, que el Gobierno pretende consumar antes del verano para introducir la gestión privada a comienzo del próximo curso. No contentos con esto, se planea el cierre de otros centros residenciales educativos en nuestra provincia y región.

Dado que la educación pública es un derecho irrenunciable para la población castellano-manchega y un servicio fundamental para la ciudad, que lejos de ser un gasto es una inversión de futuro para formar ciudadanas y ciudadanos libres gracias al conocimiento y a la asunción de valores humanos de convivencia, cooperación y solidaridad que contribuyan a un mundo más fraterno y respetuoso entre los pueblos y con el planeta. Y, si la educación es una inversión, no lo son menos los servicios que la acompañan (transporte y residencia en el caso de la formación universitaria). El gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha limita el acceso a la educación a familias por el mero hecho de no disponer de un centro para la educación obligatoria en su localidad, y ahora pretende encarecerlo aún más mediante la privatización de las residencias universitarias que sirven de apoyo a los estudiantes con menos recursos económicos y que tienen que trasladarse a las ciudades universitarias de nuestra región.

Si las residencias universitarias se privatizan su precio por plaza aumentará y su coste no disminuirá para las arcas públicas regionales dado que seguirá subvencionando el servicio para asegurar el equilibrio económico-financiero del contrato de gestión de servicios. El aumento de su coste total dejará de ser una inversión para convertirse en un despilfarro innecesario e inasumible para muchas familias y para la Administración regional, destinado al beneficio del empresario gestor sin el más mínimo riesgo empresarial, por su liquidez inmediata (la prueba más evidente es que hasta ahora las residencias universitarias funcionan sin ningún problema como servicio público que son). Con la medida se producirá el empeoramiento de las condiciones de trabajo del personal de las residencias para mayor beneficio del empresario-gestor de un sector en el que la competencia y la innovación son prácticamente inexistentes y por tanto su privatización es, si cabe, una idea más descabellada.

A la subida de precios resultante de la privatización se une el incremento de las tasas universitarias y la disminución de las becas el curso pasado, lo que impedirá que muchos de nuestros jóvenes comiencen o continúen su formación superior.

Según denuncian los sindicatos, en la memoria presentada recientemente por la administración para justificar sus planes, el proyecto de las residencias universitarias no sólo no presenta déficit, sino que los propios datos del Gobierno arrojan un superávit de 2.510.056,88 euros, sin contar salarios. Salarios que, en todo caso, la Administración tendrá que seguir abonando, puesto que 182 de los 192 trabajadores actualmente destinados a las residencias son empleados públicos a los que deberá adscribírseles a un nuevo destino.

A raíz de lo anterior, desde IU defendemos que las Residencias Universitarias públicas son económicamente viables tal y como están configuradas en la actualidad. Privatizarlas no tiene ningún sentido; salvo, que en consonancia con la política de desmantelamiento de los servicios públicos en Castilla-La Mancha del Gobierno Cospedal, se pretenda satisfacer el afán de lucro de determinados sectores privados. Con el añadido de que la hacienda regional, en caso de concretarse la privatización, tendrá que indemnizar a aquellos trabajadores públicos de la Junta de Castilla-La Mancha que resulten desplazados de su localidad de trabajo actual.

La realidad es que la valoración social de las residencias universitarias públicas es mucho más positiva que la que merece las residencias privadas. Buena prueba de ello es que la única residencia privada que existe en Ciudad Real tiene una ocupación del 40%, frente al 100% de las públicas.

El Ayuntamiento de Albacete (en cuyo municipio se asientan tres residencias universitarias y un centro escolar residencial), debe apostar en este caso por la gestión pública directa, como mayor garantía de universalidad, eficiencia económica, satisfacción de los ciudadanos usuarios y garantía de las condiciones laborales de los trabajadores que los prestan. El Ayuntamiento de Albacete debe mostrar solidaridad con los trabajadores de las Residencias Universitarias de Castilla-La Mancha y defender, en coordinación con los distintos sindicatos y colectivos, sus puestos de trabajo en dichos centros obtenidos por los principios de igualdad, mérito y capacidad frente a las intenciones precarizadoras de las relaciones laborales por las que apuesta el gobierno regional actual.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

1. El Ayuntamiento de Albacete muestra su disconformidad con el proyecto de privatización de las residencias universitarias del gobierno regional e insta a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que paralice este proceso privatizador que sólo beneficiará a los empresarios gestores, perjudicando a los trabajadores, a los estudiantes, a sus familias, al conjunto de la ciudadanía y a la Hacienda regional sufragada por el conjunto de todos/as los/as castellano-manchegos/as.

2. El Ayuntamiento de Albacete se opone al cierre de centros residenciales en Castilla-La Mancha y aboga por su utilización pública y óptima para fines formativos y deportivos, dentro de las competencias de la Consejería de Educación o en convenio con otras Administraciones, a la vez que se muestra totalmente en contra del abandono de patrimonio público.

3. Dar traslado de estos acuerdos a la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.