El Ministro de Justicia ha anunciado que el Gobierno de España presentará pronto una nueva regulación sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Según las propias declaraciones efectuadas por Alberto Ruiz Gallardón, esta nueva regulación tendrá sus puntos clave en:

- La vuelta a una Ley de indicaciones mucho más restrictiva que la ley de 1985, en la que las mujeres no podrán decidir, sino que serán los médicos quienes decidan por ellas.  

- Supresión de los plazos en que las mujeres (14 semanas) puedan decidir libremente abortar o no ante un embarazo no deseado.

- Eliminación de la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando exista malformación fetal.

- Fiscalización intolerable respecto al supuesto de riesgo para la salud de la madre, mostrando un claro desprecio y desconfianza hacia las mujeres, a las cuales no las deja decidir y en cambio serán profesionales externos los que decidan por ella.

- Desconsiderar la opinión de las jóvenes entre 16-18 años en un tema tan importante como es decidir si se desea o no ser madre y en qué momento de la vida. Lo que supondría un grave problema.

El Gobierno está preparando una de las leyes de aborto más restrictivas del mundo occidental y, así, España será el primer país que cuando legisla sobre el aborto retrocede. Esto supone una vuelta al pasado, incluso más allá de la primera ley del año 1985, y que las mujeres españolas tengan dos opciones, abortar fuera de España si tienen recursos para ello, o bien abortar en España en condiciones de clandestinidad con el consiguiente riesgo para su salud y su vida.

Las leyes restrictivas de aborto no reducen el número de abortos, solamente incrementan el número de mujeres muertas o que pierden su salud porque abortan en la clandestinidad y en condiciones insalubres. Si esta anunciadísima reforma sale adelante es seguro que se estarán quitando dos derechos a las mujeres: el de la libre decisión y el de la salud, al tiempo que se ignoran los derechos sexuales y reproductivos reconocidos por la ONU, ratificados en la UE y avalados por las sociedades científicas internacionales.

La propuesta del Gobierno sobre el aborto nos llevaría a la cola de Europa, a la clandestinidad. Es más, en los últimos 28 años, 36 países han liberalizado sus leyes de aborto pero ninguno ha retrocedido. La inmensa mayoría de los países europeos permiten la interrupción voluntaria del embarazo sin justificación hasta la semana 14, oscilando entre la semana 10 de Portugal y las 24 semanas de Holanda.

En el año 2008 ya el Consejo de Europa aprobó una recomendación a sus 47 países donde consagra el derecho al aborto legal y sin riesgos garantizado por el Estado que convierta esta práctica en accesible y segura. Y además invita a despenalizar el aborto, allá donde sea delito. Y lo más importante para nuestra situación actual: se muestra a favor de una ley de plazos y reclama clases de educación sexual obligatorias para los jóvenes.

Nos gustaría recordar que tal y como es conocido, el Tribunal Constitucional en 1985, dejó claro que, en relación al aborto, no estamos ante un conflicto entre dos derechos fundamentales, porque los únicos derechos fundamentales implicados aquí son los derechos de las mujeres, siendo el no nacido un bien jurídico que queda debidamente protegido por la legislación actual.

Asimismo, es importante tener presente que la actual Ley de salud sexual y reproductiva (IVE), aprobada en el año 2010, fue avalada plenamente por el Consejo de Estado, que en aquel momento, argumentaba que era necesario reformar la regulación para adecuarla a la realidad y además destacaba la plena constitucionalidad de su articulado.

Pese a todo ello, el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la actual ley –tal y como ya hizo en relación a los matrimonios homosexuales–, que todavía no ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional.

Aún así, Gallardón prefiere no esperar al dictamen del Tribunal Constitucional y con ello, se pliega, una vez más, a las demandas de los sectores más ultraconservadores de nuestra sociedad.

Es el momento de reivindicar que el aborto voluntario se elimine del código penal que se mejore la aplicación de la actual normativa que tiene aspectos por desarrollar muy importantes en educación sexual y anticoncepción, en la prevención de embarazos no deseados y en la atención a las IVE en condiciones de equidad en todo el territorio nacional y en la red sanitaria pública.

Actualmente las mujeres castellano manchegas que deciden interrumpir su embarazo legal y voluntariamente no tiene garantías de atención en centros sanitarios públicos y muchas tienen que costearse ellas mismas la intervención, esto supone poner en cuestión la efectividad del derecho a decidir y significa un grave riesgo de desprotección para las mujeres.

Porque de lo que está hablando Gallardón, de acuerdo con la Conferencia Episcopal, es en realidad, de eliminar el derecho a decidir de las mujeres, aunque ello se haga a costa de poner en riesgo la salud, la libertad y la vida de las mujeres.

Desde los grupos de Izquierda Unida y Partido Socialista entendemos que no se puede legislar a espaldas de la realidad, y es una realidad que las mujeres en todas partes del mundo, toman la decisión de abortar, ante algunas situaciones, con independencia del amparo legal que haya.

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo reconoce a las mujeres el derecho a una maternidad libremente decidida. Lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esa decisión -consciente y responsable- sea respetada; además, esta Ley garantiza el derecho a la educación y a la salud sexual. Porque sólo con una educación sexual adecuada y con la mejora en el acceso a los métodos anticonceptivos, podremos prevenir de manera más efectiva, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados y, por tanto, disminuir el número de IVES; asimismo, la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e IVE apuesta por la igualdad en el acceso, en todas las Comunidades Autónomas, a las prestaciones en materia de salud sexual y reproductiva en la sanidad pública, así como el acceso a métodos anticonceptivos y de interrupción voluntaria del embarazo.

La mejor forma de reducir el número de abortos no es negar el acceso a procedimientos legales y seguros a las mujeres, sino darles el poder de controlar su fecundidad y de prevenir los embarazos no deseados.

Queremos dejar claro que, con la autonomía de las mujeres no se juega, por tanto, no caben más tutelajes en materia de aborto y sexualidad. Reclamamos mejoras en materia de salud sexual y reproductiva y rechazamos la propuesta retrógrada y sancionadora del Partido Popular.

Por todo lo anterior, los grupos municipales de Izquierda Unida y del Partido Socialista Obrero Español proponen al Ayuntamiento Pleno, para su aprobación la siguiente

MOCIÓN

1.- El Pleno del Ayuntamiento de Albacete reconoce el derecho a una maternidad libremente decidida, lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre la continuidad o interrupción de su embarazo y que esa decisión consciente y responsable sea respetada.

2.- El Pleno del Ayuntamiento recuerda al Gobierno de España la aconfesionalidad proclamada en la Constitución y, en este sentido, rechaza cualquier injerencia en los derechos sexuales y reproductivos y, entre ellos, el derecho a una maternidad libremente decidida al dictado de ninguna moral religiosa.

3.- El Pleno del Ayuntamiento hará llegar al Gobierno de España su apuesta por el mantenimiento, desarrollo e implementación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproducción y de la interrupción voluntaria del embarazo, rechazando la regresión que supondría la anunciada contrarreforma del ministro Gallardón.