Ante las manifestaciones públicas de varias usuarias del PEF de Albacete que vienen denunciando en las últimas semanas que se las invita abandonar este recurso social, IU ha recabado información a los técnicos y a los responsables políticos instando a estos últimos a solucionar los problemas señalados.

En primer lugar está fuera de toda duda el recorte en personal de este recurso social en personal, en espacio como en la disponibilidad horaria para atender a las familias. El punto de encuentro familiar tiene como objetivo para garantizar el régimen de visitas, la relación y el contacto periódico de niños y niñas con el progenitor con el que no conviven, todo ello en interés del menor y velando por sus derechos.

En la normativa de la Junta que recoge la organización y funcionamiento de los PEF en CLM (Decreto 7/2009 de 27-1-2009) se recogen los fundamentos, la definición, funciones, composición, acceso de los usuarios-as, principios rectores, derechos y obligaciones de los usuarios-as, actuaciones, planes de intervención familiar, informes profesionales periódicos y también las suspensiones y la finalización de la intervención. Si bien se contempla que la duración máxima de la intervención temporal del PEF es de 15 meses, se incluyen diferentes supuestos que exceptúan de esa temporalidad como la existencia de orden de alejamiento vigente, sentencias firmes por malos tratos, situaciones que puedan entrañar un riesgo para el/la menor o aquellas que pueda establecer una resolución judicial.

Por otra parte, -según la normativa citada- la finalización de la intervención sólo podrá realizarse por decisión de la delegación provincial que derivó el caso o por resolución de la autoridad judicial competente y se enumeran las causas específicas de finalización sin que, en ninguna de ellas, pueda interpretarse que un problema de recortes económicos o sobrecarga de los profesionales del PEF pueda ser causa que justifique el final de la intervención. Por todo ello, a la vista de los hechos que algunas usuarias han planteado a la Red feminista de CLM y a los medios de comunicación, podemos concluir que los servicios periféricos de la Consejería de Bienestar Social de la JCCM están planteando actuaciones que incumplen la propia normativa y criterios que debe regir en el proceso de finalización de la intervención (art. 17) y están manteniendo el equipo del PEF de Albacete en una composición mínima que resulta a todas luces insuficiente.

Izquierda Unida denuncia los recortes presupuestarios que merman la atención en el PEF y que están derivando en una “presión” hacia algunas usuarias para que abandonen el centro. Pensamos que son decisiones políticas las que dificultan el buen funcionamiento de este recurso, pensado para garantizar los derechos de la infancia y apoyar a las familias en relación al cumplimiento del régimen de visitas. Los PEF están concebidos como recursos sociales especializados, profesionalizados y que actúan en interés del menor. No podemos concebir que “la antigüedad” sea criterio de exclusión cuando hay constancia de conflictos entre los progenitores, casos de violencia de género, etc.

Por todo lo anterior, desde Izquierda Unida, queremos señalar:

- Nuestra solidaridad y apoyo a las mujeres a quienes se ha invitado a abandonar el recurso contra su voluntad y fuera de los criterios que contempla la propia normativa de la Junta.

- Invitamos a las personas afectadas a dirigirse a los responsables de la Junta a expresar sus quejas y reclamaciones sobre esta cuestión, en la confianza de que serán debidamente atendidas.

- El reconocimiento a la labor de los profesionales de los PEF de cuya profesionalidad no dudamos y el apoyo a la continuidad y fortalecimiento de estos recursos sociales específicos y muy necesarios (hay 78 familias usuarias del PEF de Albacete).

- Exigimos a los responsables políticos del PP que expliquen las razones por las que están incumpliendo su propia normativa al forzar al abandono del recurso a familias que no cumplen los supuestos de finalización.

- Demandamos un incremento de recursos que permita incrementar horarios, y dar la mejor atención que garantice los derechos de niños y niñas y familiares usuarios al cumplimiento del régimen de visitas y

- Demandamos, por último, la intervención de la Fiscalía de menores para aclarar esta cuestión pues los derechos de algunos menores a relacionarse con sus padres pudieran estar comprometidos.