Con el Proyecto de Ley del Sector Eléctrico, cuya tramitación parlamentaria concluirá previsiblemente en el mes de diciembre próximo, el Gobierno parece querer dar por concluido el proceso de dos años de continuos cambios normativos que ahora se presentan como un remedio de reforma energética, y que tuvieron su inicio en el Real Decreto 1/2012 de moratoria para las energías renovables.

No es en absoluto recomendable que una reforma de la profundidad y alcance de ésta, que modifica el marco legal instaurado en 1997, se lleve a cabo desde la más absoluta opacidad, prescindiendo de la insustituible participación de los agentes interesados (administraciones afectadas, consumidores, empresas…), y sin ningún atisbo de voluntad de consenso parlamentario. Esta reforma ha recibido severas críticas de los Organismos Reguladores Independientes, tanto de la Comisión Nacional de la Energía como de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, y ha despertado una enorme inquietud dentro y fuera de nuestro país.

Las razones del rechazo que concita esta reforma, y de cómo afectará directamente a las corporaciones locales, podríamos resumirlas en que:

- Supondrá una nueva y más aguda subida del coste de la energía eléctrica al consumidor, la cual ha subido un 60% en los últimos 5 años después de subir el término fijo. Subirá el coste para este Ayuntamiento y permitirá a las compañías eléctricas que se encargan de la comercialización, cortar el suministro eléctrico incluso para los servicios esenciales: Bomberos, Centros Sanitarios, Colegios, etc.

- Consolida un marco energético superado por 15 años de desarrollos tecnológicos fosilizando a España en el pasado, obviando que la realidad de hoy es radicalmente distinta de la de 1997, como lo demuestran hechos tan relevantes como la catástrofe de Fukushima, o las evidencias contundentes e incontestables sobre los efectos del cambio climático.

- En plena crisis hace aflorar una nueva brecha social, la que viene de la mano de la pobreza energética para aquellas familias que se ven obligadas a renunciar a determinados servicios en sus hogares, viendo rebajada su calidad de vida a niveles que no se veían desde hacía décadas en nuestro país.

- Supondrá un impacto negativo sobre la actividad económica del municipio pues hace inviable económicamente la ejecución de nuevas plantas renovables, reduciendo la retribución en las existentes y bloqueando el autoconsumo, lo que supone la destrucción de empleos vinculados directa o indirectamente al sector, la pérdida de inversiones, la reducción de la recaudación asociada al desarrollo de nuevas instalaciones o el aumento de costes a pequeños comerciantes e industrias por el aumento de las tarifas.

La reforma señala a las renovables como únicas responsables de la insostenibilidad económica del sistema eléctrico, sometido a una deuda creciente que el gobierno no está sabiendo resolver. Es nuevamente necesario señalar que:

- Ignora que la Unión Europea ha trazado una hoja de ruta energética a 2050 que puede dejar descolgados a aquellos países que no acomoden sus propias estrategias al espacio común. Muy especialmente en el caso de países que, como España, precisan de un gran esfuerzo de interconexión para suplir el efecto isla.

- Desprecia la oportunidad que las economías tractoras de la UE han visto en la llamada transición energética. Alemania abordó la suya en 2010, Reino Unido inicia ahora la ejecución de la suya tras varios años de trabajo, y Francia acaba de poner en marcha una suerte de pacto de país con la voluntad de acordar su gran transición energética.

- Arroja por la borda el trabajo de los últimos años de un sector empresarial innovador y pujante, que nos colocó a la cabeza del liderazgo mundial en renovables, siendo nuestra comunidad de Castilla La Mancha, y nuestra provincia de Albacete un ejemplo de desarrollo energético renovable. Sirva como muestra de la importancia del sector de renovables el dato de que, en los primeros 9 meses del año, este sector ha aportado el 40% de la energía eléctrica consumida en España. Sin embargo, en los últimos años las renovables es un ámbito al que se le aplican políticas de ahogamiento y restrictivas en beneficio de las no renovables (el carbón, el gas y la nuclear). De continuar así estas medidas podrían desencadenar en un nuevo conflicto social que puede traducirse en miles de desahucios para los inversores familiares que acompañaron el enorme esfuerzo inversor que ello supuso.

- Lejos de resolver el déficit de tarifa, lo consolida trasladándolo al recibo de la luz con el consiguiente incremento del precio de la electricidad para las empresas y las familias, deteriorando la competitividad de aquellas y golpeando las economías de éstas.

- Desprecia la oportunidad de avanzar en independencia energética al renunciar a las renovables, condenando a los ciudadanos y empresas a tener que pagar una energía más cara que el resto de la UE y que, lo que es más grave aún, seguirá encareciéndose por encima de los países de nuestro entorno en los próximos años.

- El autoconsumo, es una realidad que irremediablemente se impondrá por lo que supone, en términos de costes y sencillez. Recordamos que con éste, el ciudadano puede ceder parte de la electricidad que genera a la red cuando no la consuma, evitando pérdidas por transporte y avanzando en la soberanía energética. El mismo ha sido bloqueado con un peaje sobre la generación que no se ha realizado en ningún otro país del mundo. Además la eficiencia, el ahorro, el autoconsumo y las renovables son instrumentos necesarios para reducir las importaciones energéticas. En un país con una altísima dependencia (un 80% cuando la media de la Unión Europea es del 50%), debería ser prioritario un cambio del modelo energético para protegernos del alza de los precios del petróleo y el gas.

- Hemos de reivindicar también que las primas a las renovables son una compensación que retribuye los costes ambientales, sociales y de suministro que el resto de fuentes no internalizan, siendo análogas a otras cuantiosas primas o incentivos que reciben las energías convencionales más allá de su retribución de mercado. Las renovables además bajan el precio mayorista de la electricidad.

El conjunto de medidas impulsadas, ya aprobadas o en tramitación:

• Pretende solucionar el déficit de tarifa (la diferencia entre los ingresos que las empresas eléctricas perciben por los pagos de los consumidores y los costes que la regulación les reconoce por suministrar electricidad) con el aumento de la recaudación mediante el crecimiento del consumo eléctrico y del precio que pagan los consumidores, sin entrar a resolver los problemas regulatorios de fondo ni limitar los beneficios caídos del cielo que reciben hace años nucleares e hidráulicas, cuya propiedad es de las grandes eléctricas.

• Ha modificado la estructura del recibo aumentando el peso de la parte fija de la misma no asociada al consumo de energía y por tanto desincentivando el ahorro y la eficiencia en el consumo, suponiendo subidas de aproximadamente un 10% en un consumidor medio con una potencia contratada de 5 kW.

• El anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico entra en contradicción con avances hacia la sostenibilidad. En concreto con la Ley 8/2013 de Rehabilitación y la actualización del Código Técnico de la Edificación, que ha elaborado el Ministerio de Fomento para reactivar la economía y crear empleo a través del autoconsumo, la eficiencia y la rehabilitación energética de edificios en cumplimiento de las Directivas Europeas de Eficiencia Energética. Con esta reforma eléctrica será en la práctica inviable.

Con este conjunto de medidas no se impulsa la lucha contra el cambio climático desde el sector de la generación de electricidad, que en 2012 fue el que más contribuyó (con un 23,5%) al total a las emisiones de CO2. El último informe del Panel Gubernamental sobre Cambio Climático, hecho público a finales de Septiembre, confirma el aumento de las temperaturas y la reducción de precipitaciones y del agua disponible en los países del arco mediterráneo. Nuestro país será uno de los más afectados de Europa. Nuestra provincia y esta ciudad, de los más afectados de España (1). Retrasar la reducción de emisiones nos colocará en una situación mucho más difícil en un futuro muy próximo, y para nosotras y nosotros esta reducción no es una opción, es una necesidad.

Por último, la avalancha de pleitos y recursos que ya se están planteando desde prácticamente todos los sectores confirma el enorme rechazo que suscita esta llamada Reforma Energética, y este municipio no puede quedar al margen de la defensa de los intereses del conjunto de vecinos y vecinas que sufrirán las consecuencias de la misma en sus bolsillos, en sus empleos y en su calidad de vida.

Por todo ello, los Grupos Municipales de Izquierda Unida y Partido Socialista del Ayuntamiento de Albacete, recogiendo la iniciativa de EQUO CLM y de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético de CLM, presentan para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente.  

MOCIÓN

1. Instar al Gobierno de la Nación a retirar el Proyecto de Ley del Sector Eléctrico actualmente en tramitación en las Cortes Generales, así como a la derogación de las normas que amenazan con poner fin al desarrollo de las energías renovables, y a poner en marcha un proceso de participación y de diálogo lo más amplio posible, encaminado a conseguir una política energética para el país que traslade seguridad jurídica y estabilidad razonable en un sector estratégico como es éste.

2. Instar al Gobierno de la Nación a respetar los compromisos internacionales adquiridos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y a una obligada convergencia con la Estrategia Energética Europea en materia de ahorro y eficiencia, así como con el cumplimiento de objetivos en energías renovables en el conjunto de Europa.

3. El Ayuntamiento se compromete, a su vez, a implementar medidas de eficiencia y de ahorro energético, y de apoyo a las energías renovables, en el ámbito de sus competencias.