En los últimos años la gran mayoría de los países miembros de la comunidad europea han basado su política migratoria en el control de fronteras, prevaleciendo tales medidas sobre cualquier otra política tendente a la integración de inmigrantes o con respecto al trabajo en las comunidades de origen y pueblos con importante emigración o perceptores de flujos migratorios.

Las tragedias más recientes, ente ellas las de Lampedusa y Ceuta, son sólo una muestra de la ineficaz gestión de los flujos migratorios por parte de los mayores países receptores de migrantes, entre los que está España. Si entramos a enumerar las causas que provocan la inmigración están los conflictos armados, los expolios de recursos de todo tipo con el consecuente impacto medioambiental y el empobrecimiento de tales comunidades, la represión, y los conflictos internos abiertos.

La actual situación de crisis socioeconómica que presenta España no ha hecho más que agravar el grado de estigmatización hacia la población migrante, haciéndola en parte responsable de la escasez de los servicios públicos y la disminución de la oferta de puestos de trabajo, sirviendo en muchas ocasiones de pretexto para recortar servicios, antes universales y en los que ahora se prima el ahorro por encima de la salud de la población (cuando no se pretende hacer negocio), como es el caso de la sanidad.

En este contexto se enmarcan buena parte de las políticas sociales y migratorias del Partido Popular, con su secretaria Cospedal a la cabeza. Si no fuese así, no podríamos explicar el recorte indiscriminado en numerosos proyectos de integración de migrantes y sensibilización ciudadana antes ofrecidos por la JCCM, Servicios de Atención a Migrantes SAMIs, la disminución drástica a ONGs y entidades del tercer sector tales como la Red EAPN, la Red Acoge, MPDL, ACCEM, entre otras, además del cierre masivo de la financiación para recursos y dispositivos de acogida. De manera especial, la medida más sangrante puesta en marcha por el PP, es la que denuncian Médicos del Mundo a través del informe Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo. Según este informe, la Administración del SESCAM se convierte en la única de España que no ha llevado ninguna medida o programa especial como alternativa para acceder a la atención sanitaria a inmigrantes fuera de lo establecido por el Real Decreto-ley El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de" medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”.

Como colofón de este drama, la gestión y las condiciones de los centros de estancia temporal y de los Centros de Internamientos de Migrantes, Los CIEs son campos de exclusión donde se encierra a las personas con pocas garantías de preservar su integridad y sus DD.HH.

Por último, hemos de señalar las políticas de criminalización de los migrantes por parte del Ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, a raíz del tratamiento y las declaraciones ofrecidas sobre las actuaciones de la guardia civil en la frontera entre Ceuta y Marruecos, donde, murieron 15 personas que intentaban cruzar a nado la frontera el pasado mes de febrero. A la vez, viene siendo habitual autorizar las devoluciones en caliente, repatriaciones ilegales.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Albacete propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

M O C I Ó N

1.- Instar al gobierno central a la adopción de medidas para garantizar el estricto cumplimiento y respeto a los Derechos Humanos y del trato digno a los inmigrantes. En este sentido, se propone que se ordene el cese del uso de medidas violentas por parte de algunos miembros de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado contra los inmigrantes que intentan entrar en nuestro país.

2. El pleno del Ayto de Albacete rechaza todos los hechos ocurridos desde el pasado mes de septiembre en la frontera de Ceuta y Melilla con Marruecos y se pide que se investiguen y aclaren las posibles responsabilidades acaecidas por la vulneración de los Derechos Humanos.

3.- Solicitamos al gobierno central que se aplique el ordenamiento jurídico vigente en la totalidad del territorio Español, incluido el pasillo existente entre las dos vallas de alambre a fin de erradicar las devoluciones en caliente, e impedir la expulsión automática de aquellos inmigrantes que logran alcanzar penetrar al territorio español de manera irregular, garantizando así la integridad de las personas y sus DD.HH.

4.- Expresar nuestro rechazo a las políticas discriminatorias institucionales, entre ellas la eliminación del derecho a la asistencia sanitaria universal.

5.- Reiteramos nuestra petición al gobierno central para que se proceda al cierre de los CIES con su actual configuración. En este sentido, solicitamos la ampliación urgente de la red de centros de acogida dotándolos de todos los medios humanitarios que garanticen una estancia digna. Proponemos que el Defensor del Pueblo abra oficinas permanentes en Ceuta y Melilla para velar por el respeto de la dignidad y de los Derechos Humanos de los inmigrantes.

6.- Pedimos al gobierno central que se comprometa a una reorientación de las políticas de colaboración de la Unión Europea, abordando la solución a este problema global, estando regidas por la solidaridad y la necesaria ayuda hacia esas personas que llaman con hambre y desesperación a nuestras puertas y dejen de centrarse en políticas de seguridad.