El año 2014 ha sido el año del crecimiento de la desigualdad y el avance de la precariedad junto a un retroceso democrático auspiciado por el intento constante de los gobernantes del PP de acallar la protesta ciudadana, criminalizar la rebeldía e ignorar las demandas de mayor justicia social y económica.

Diversos informes señalan a España como uno de los países más desiguales de Europa y uno de los países en que más ha crecido la pobreza y la exclusión, además se han lanzado las alarmas por el alcance de la pobreza infantil. CLM es la 2ª comunidad más desigual, con una tasa de pobreza superior al 30%.

Junto al desempleo y la desprotección social de millones de personas en España, la precariedad laboral se consolida como la fórmula de creación del escaso empleo o en la que se transforma el existente y que se revela como una nueva causa de pobreza, la de los trabajadores-as en precario. La precariedad se concreta en los bajos salarios, la temporalidad del empleo y su parcialidad. Esta precariedad comporta: bajo consumo, inseguridad y más riesgos laborales, pobreza energética, imposibilidad de establecer proyectos de vida a medio plazo, insatisfacción de necesidades básicas, baja calidad de vida, infelicidad, en suma, de las clases trabajadoras.

Esta situación no es un designio del azar, ni siquiera la consecuencia inevitable de la crisis económica que venimos arrastrando desde hace siete años. Es consecuencia de las políticas que se han desarrollado por los gobiernos en los diferentes ámbitos, políticas de austeridad, recortes del gasto social y de los derechos ciudadanos con la intención de que sean las clases populares quienes sean los paganos de los desmanes de las élites económicas y financieras a las que están subordinados los políticos del PP y los defensores del neoliberalismo a pesar del fracaso de estas recetas económicas. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios en España en los últimos años alcanza un promedio del 7,6%, mientras las rentas del capital no han dejado de crecer y aumentar su peso relativo en el PIB. No hay razones para el optimismo de los gobernantes del PP sobre la marcha de la economía: hay una leve recuperación, muy desigual que beneficia a una minoría, condena a la pobreza a cerca de un tercio de la población y sigue lastrando el futuro de las clases trabajadoras, medias y pequeñas empresas.

La realidad económica y social de nuestra ciudad no escapa a este panorama general, más bien somos un ejemplo de todo ello como demuestran los datos que tenemos de desempleo, temporalidad, baja creación de empleo, precariedad laboral, índices de pobreza y exclusión social, entre otros. A la par, vivimos el deterioro de los servicios públicos (educación, sanidad, servicios sociales, dependencia, etc.) y echamos en falta verdaderas medidas de protección social frente al desempleo de larga duración sin prestaciones, frente a las familias sin vivienda porque no pueden pagar el alquiler o la hipoteca y son desahuciadas o están en riesgo, o frente a quienes carecen de tarjeta sanitaria, beca educativa, recursos para libros de texto o para alimentos básicos o para pagar el recibo del agua. Esta situación de población que malvive en precario se ha extendido en 2014 y representa el eje de nuestras preocupaciones. Por ello hemos propuesto iniciativas a lo largo del año sobre empleo, comedores escolares, escuelas de verano, política de vivienda con alquiler social, iniciativas para desempleados jóvenes y mayores de 45 años, ayudas sociales a los más necesitados, bonificaciones y rebajas de muchos servicios municipales para hacerlos accesibles a todos-as.

En algunas de las propuestas que venimos planteando a lo largo del mandato, los tribunales nos han dado la razón en sentencias de 2014: parcialmente en el caso de la reforma de la ordenanza de convivencia que ha obligado a rectificar algunos términos de la regulación y sanción a quienes practiquen botellón y totalmente en el caso de la improcedente privatización del Laboratorio municipal como parte del Plan de Ajuste con una ausencia de procedimiento legal por parte del PP.

Este pasado año, lamentablemente, hemos sido testigos de notables fracasos del equipo de gobierno municipal, en algunos casos, han tenido que rectificar decisiones con falta de fundamento (renuncia al centro deportivo privado en el Pº de la Cuba, renuncia a la puesta en marcha del centro de emergencias) y en otros casos se ha constatando la gestión ineficaz del equipo de gobierno en medidas que no cuajan como su opción público privada de las escuelas de verano, la falta de ocupación de gran parte de la ampliación de la zona azul, la escasa ejecución del cheque escolar (23% de lo presupuestado) o la bajada de usuarios de la línea de autobuses para el transporte público de viajeros. Puede decirse que el PP ha fracasado en las medidas de corte privatizador que ha impulsado.

Ha sido el año de la entrada en vigor de la Reforma de la Admon local que tantas incertidumbres en la provisión de los servicios públicos genera y tan pocas soluciones aporta: no se atiende el problema de la insuficiente financiación municipal, sino que se apuesta por el centralismo, la privatización de servicios y se resta autonomía local alejando a los ciudadanos de las instituciones.

El equipo de Bayod también ha sufrido varapalo en los tribunales de lo social por múltiples sentencias por despidos improcedentes que el PP ha realizado como son las sentencias sobre los técnicos del PCAS, un despido en el centro médico, el del anterior director del Museo de la cuchillería, sentencias que obligan a rectificar la supresión de complementos salariales (Gerencia de Urbanismo) o nombramientos de Directores de servicios por inadecuados procedimientos de libre designación.

Tampoco ha dado frutos la creación de empleo a partir del apoyo a emprendedores o a la iniciativa privada, valgan como ejemplos la falta de implicación de las grandes empresas en la contratación de jóvenes en formación prevista en las medidas de empleo 2014, o la volatilidad de los autónomos y sus negocios.

Otros errores de gestión importantes se han visualizado en el Plan Urbanitas, las Medidas extraordinarias de empleo 2014 o en la constatación del impacto de género negativo del Dipualba empleo. Mientras la situación de pobreza y de desigualdad social se incrementa en los barrios la Estrella y la Milagrosa, el PP aprueba unilateralmente la construcción de una pasarela ciclista valorada inicialmente en 1,2 millones de Euros con cargo al Programa URBANITAS. Aunque finalmente la adjudicación de la obra será previsiblemente bastante menor (en torno a 500 mil euros menos) nos parece un despropósito y alarmante construir con Fondos de exclusión social una pasarela que no pasa por los barrios ni tampoco redunda en la inclusión de la población beneficiaria. En 2014 finalizaban importantes proyectos sociales como el Finde y Pebem, vinculados al programa Urbanitas y sobre los que IU defendió su continuidad. El equipo de gobierno se comprometió a suplir tales proyectos con cargo a presupuestos municipales.

Los elementos positivos en la gestión municipal son escasos. Han tenido acuerdo de los tres grupos el cumplimiento del pacto contra la pobreza (para incrementar progresivamente los fondos destinados a Cooperación para el desarrollo), la ordenanza de terrazas, aplicación convenio colectivo municipal a la Universidad Popular y las alegaciones al Plan de cuenca hidrológica del Júcar.

Obstáculos y negación de la participación ciudadana, autoritarismo y falta de diálogo con la ciudadanía y sus representantes jalonan, una año más, la acción de gobierno del PP en Ab: no se tramita el acuerdo del Consejo de la Mujer sobre la normativa de aborto, no se debate la propuesta de la FAVA sobre mejoras en la Feria, se aprueba el Plan de Movilidad como mero trámite para poder acceder a subvenciones estatales de transporte pero no se pacta con la mesa de la movilidad, no se convoca al Consejo Social y de Sostenibilidad en más de medio año, no se pactan con los afectados las modificaciones a las medidas del Urbanitas, se impone al Consejo de la Discapacidad una visión triunfalista nada acorde con la realidad de los recortes y abandonos del sector por parte del la JCCM, no se negocia con los sindicatos el Capítulo 1 del Presupuesto de 2015 y se imponen las amortizaciones de plazas que el equipo de gobierno considera, no se atiende a muchos vecinos y vecinas que vienen a exponer sus quejas al pleno municipal sobre urbanismo, inspección de edificios, necesidades educativas, recursos en las pedanías, etc.

Hemos constatado a lo largo del año 2014 la falta de liderazgo y de iniciativa política del equipo de gobierno. Las ausencias de la alcaldesa han sido notables y constantes, así como la falta de iniciativa y unidad de acción de los concejales y concejalas del partido Popular.

Ha sido un año de importantes movilizaciones sociales en Ab: marchas de la dignidad, ley mordaza, la educativa del ministro Wert, contra la reforma del aborto, por el derecho a la vivienda y contra los desahucios, por otra política energética y frente a ERES tan importantes como los de ADVEO, los despedidos en los aparcamientos de LUBASA y de la cafetería de la estación de autobuses, la lucha de las limpiadoras de las residencias de mayores de la Junta (en huelga por impagos de sus empresas), en defensa de la sanidad pública y por la reclamación de una referéndum sobre el modelo de estado y reivindicación de la república, entre otras.

A la contestación social que se está produciendo el gobierno ha respondido aprobando en solitario la llamada “ley mordaza” para criminalizar la protesta ciudadana, impedirla y castigarla duramente, si se produce. Esta ley y las actuaciones represivas que la preceden y acompañan son intentos de imponer una suerte de “coraza protectora” frente a la indignación y la lucha de aquellos a los que atropellan sus derechos y les roban sus expectativas de vida digna pero no se resignan a esa suerte “marcada” por las élites que nos gobiernan.

En 2014 culminan diversas causas por los casos de corrupción política que jalonan nuestros territorios y en los que se muestra la connivencia entre ciertos políticos y agentes económicos (corruptos y corruptores) para apropiarse de dinero público, gestionar ilegalmente los recursos bancarios de ahorradores y dilapidar, en suma, los bienes ajenos en beneficio de sus propias cuentas bancarias, muchas de ellas depositadas en paraísos fiscales. No hay corrupción en un solo partido, pero el PP está acusado de montar una trama para financiarse ilegalmente y otro políticos gobernantes en las últimas décadas son los acusados, encausados y/o encarcelados en los procesos que se tramitan en Madrid, Valencia, Mallorca, Cataluña, Andalucía, etc.

En Albacete no tenemos ningún proceso de este alcance pero hemos conocido la falta de sensibilidad y de ejemplaridad del equipo de gobierno en la promoción por libre designación de una funcionaria imputada por el caso Guateque, más lo que corresponda por la campaña de Cospedal de 2007. Gestión de la CCM que se ha abierto proceso con fianzas millonarias.

Ha sido, en buena medida, la corrupción que ha tocado a la familia real de JC 1º, junto a la falta de ejemplaridad del propio monarca anterior, causa de la abdicación del rey a mitad de año y el establecimiento de la sucesión exprés en el seno de la monarquía, legalmente establecida pero no sancionada democráticamente por el pueblo soberano y por tanto sujeta a la duda de legitimidad democrática. En estas condiciones hemos estrenado monarcas (rey y reina) y ya tenemos cuatro, sin otro mérito que la herencia de sangre y el cumplimiento de la voluntad política del dictador que restauró la monarquía en la figura de JC1º.