Martes 06 de marzo de 2012

“El Partido Popular parece que espera que sean los grupos de la oposición y los sindicatos quienes le hagan el plan de recortes para no “mancharse las manos” ni desgastarse políticamente”, denuncia la concejala de IU, Victoria Delicado. Así se desprende de la actitud que están llevando en la mesa de negociación del Ayuntamiento y con las declaraciones del portavoz popular en el Ayuntamiento y Concejal de Economía y Haciendo pidiendo que los grupos de la oposición presentemos propuestas al plan de ajuste que ha de presentarse a final de mes. “La falta de iniciativa política es flagrante y consideramos una falta de seriedad que no hayan realizado ninguna propuesta concreta, ni a la oposición ni a los sindicatos, sobre cuáles son sus prioridades de gasto y sus decisiones en materia de ingresos y gastos para 2012 a estas alturas del año”.

“El concejal de Hacienda falta a la verdad cuando señala que ha pedido a los grupos de la oposición que presenten propuestas tendentes a la racionalización y eficiencia del gasto. El mensaje lo recibimos hoy a través de los medios y esto no es serio. A él le corresponde la iniciativa política y, por tanto, presentar un plan de saneamiento y una propuesta de presupuestos”, añade Delicado.

Tras la aprobación del decreto ley 4/2012, que establece un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, el grupo municipal de Izquierda Unida cuestiona las soluciones que en él se contemplan y expresa sus reservas sobre el mismo. El decreto genera dudas por su posible inconstitucionalidad, pues supone una reducción escandalosa de la autonomía municipal que deja a los ayuntamientos intervenidos política y económicamente.

Aunque reconocemos la necesidad de establecer líneas de ayuda para el pago a proveedores, en el decreto del 25 de febrero se obvian varios elementos: uno es el precio de los créditos (el tipo de interés de los créditos ICO del pasado año fue de un 6,5%), otro es la falta de concreción en la duración de los préstamos. Más bien parece una operación pensada para beneficiar a los bancos –que seguirán obteniendo beneficios de esta intervención estatal en el rescate de los municipios con deudas- y de las grandes empresas que son las que primero cobrarán pues podrán permitirse negociar descuentos en sus facturas, olvidando los interese de las PYMES y autónomos, así como los pagos pendientes asociaciones, ONGs y otras facturas menores no contempladas en este decreto.

También es rechazable que se le encargue la elaboración del plan de saneamiento obligatorio para acogerse a la medida al interventor municipal, quien se convierte en representante del Gobierno de España, con capacidad de elaborar la lista de facturas pendientes de pago y el plan de viabilidad de cada Ayuntamiento, en lugar de que lo haga el Pleno, que es el que ostenta la representación ciudadana y toma las decisiones políticas. Por otro lado, con tan poco plazo para diseñar y elaborar estos documentos, la capacidad de análisis, negociación y priorización quedan reducidas al mínimo. Al decretazo se le va a añadir un plan de ajuste en cada ayuntamiento a la medida del PP, sin margen de maniobra y que hará muy difícil la negociación y el posible acuerdo.

IU recuerda que las deudas contraídas por las administraciones locales no han sido consecuencia de la irresponsabilidad de sus gestores, sino de la insuficiencia de los recursos de que disponen para mantener la actividad municipal, agravada por la asunción de competencias impropias y por las deudas de las comunidades que ha cerrado los grifos de financiación de las administraciones locales, sin contemplarse la necesaria ley de financiación local que venimos reclamando desde hace años.

Para finalizar, siempre defenderemos “ una ley de financiación local que aporte dinero a los ayuntamientos -no a los bancos- para que tengan recursos suficientes con los que afrontar las deudas y la puesta en marcha de inversiones productivas por medio de las que se pueda generar riqueza y producir empleo”, señala Delicado.