Martes, 12 de junio de 2012

El 28 de mayo se aprobó por Resolución del Concejal de Economía un contrato de adjudicación directa que implica la privatización parcial del servicio jurídico municipal.

El Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Albacete, hemos denunciado esta mañana en rueda de prensa este mecanismo poco trasparente y ajeno a libre concurrencia como es un contrato menor con adjudicación directa a la empresa Garblan Laboral. Pensamos que se demuestra “trato de favor” con esa empresa porque sólo ellos han sido convocados a realizar una oferta de este tipo, situación insólita en el proceder habitual de los servicios municipales. Así aparece como primer documento del expediente la propuesta del despacho privado que ofrece un servicio al Ayuntamiento.

En la justificación de la urgente necesidad de dotar de personal jurídico al servicio municipal y la propuesta de acudir a un contrato menor” se atropella el derecho al trabajo de una persona que está incluida en la bolsa correspondiente y a quien no se le ha comunicado la necesidad, ni se ha solicitado su disponibilidad a ocupar tal tarea. ¿Será para gestionar cómodamente los despidos implícitos (no se sabe cuántos ocultos, cuántos improcedentes, etc.) que conlleva el Plan de ajuste? ¿Será para no tener que pelear con los funcionarios sobre el sentido de los informes jurídicos respecto a diversas decisiones? (algunas polémicas y recurridas)…

Por otra parte, la privatización temporal de asuntos tan delicados como es la representación de la corporación municipal (o gobierno del Ayuntamiento) hace dudar de la oportunidad de dejar en manos de un despacho o abogado particular asuntos en los que debe primar el interés general y el recto criterio de un técnico funcionario quien ha demostrado su capacidad en el proceso de una oposición. Es un comportamiento poco transparente y sumamente dudoso optar por la gestión privada en un servicio que es muy delicado, y donde tiene que existir una apariencia de objetividad, que con un contrato a dedo menor creo que no se da. ¿O es que al PP le interesa que alguien de “su confianza” le haga los informes jurídicos o represente y defienda las decisiones de gobierno municipal según “particulares intereses”?.

Además, se fija una cantidad a asignar al despacho y al letrado con el que se firma el contrato por un volumen de trabajo indefinido. No queda claro si va a trabajar en 100 procesos o en 5, si realizará un informe al mes o 20, si se personará en 7 casos o en 70, etc. Desde luego sin conocer la cuantía, naturaleza y envergadura de los procedimientos no es posible evaluar si este contrato, además de asignado “a dedo”, es “un chollo” o un medio lícito de beneficiar a una empresa particular por unos servicios indefinidos que se retribuyen a precio de “dedicación exclusiva” de técnico de grupo A, tal como se explica que se liquidarán las facturas mensuales.

En resumen, el PP ha optado por una solución fácil, en su línea (privatización), según sus intereses (a quien yo diga, porque puedo y para que no se me discuta lo que quiero hacer) y su proceder poco transparente, de dudosa honradez y de baja calidad democrática. Porque la función de asesorar, informar y representar a las AAPP los funcionarios acreditados para ello es una garantía de actuación acorde a la ley y democrática, que da seguridad a los ciudadanos, depositarios de la soberanía y de los poderes públicos.