Parece que la larga lista de despidos producidos por el gobierno municipal de Carmen Bayod acompañada con la inactividad en planes de empleo no eran suficientes por lo que, el día de ayer, en la junta extraordinaria del Instituto Municipal de la Vivienda y Urbanismo se aprobó, con los votos del PP, la amortización de la Directora adscrita a la gestión del Plan 600, grupo de viviendas públicas. Desde Izquierda Unida criticamos rotundamente este nuevo despido pues consideramos que se pretenden vulnerar aspectos inviolables en materia laboral.

En primer lugar, entendemos que basar el despido y la amortización de la plaza señalando, entre otras causas, la situación previa de permiso por maternidad y la excedencia por cuidado y atención de los hijos que disfrutaba la trabajadora, es algo totalmente rechazable y no ajustado a derecho. Tal medida no sólo roza la ilegalidad sino que también vulnera los principios de igualdad de género que desde IU tanto defendemos. Otro aspecto bastante discutible es que la coordinadora del plan 600, durante el disfrute de sus permisos y excedencia, fue sustituida por personal interino, lo que evidencia que las labores que realizaba existían y justificaban la existencia del puesto que el PP ha amortizado.

“Pensamos que este despido será improcedente, es un ejemplo de discriminación a una trabajadora municipal a causa de su maternidad, que demuestra las contradicciones del PP que pregona el apoyo a familia y castiga con el despido a quien ejerce sus derechos a conciliar vida laboral y familiar”, afirma Victoria Delicado, Concejala de IU.

El PP pone en evidencia una vez más, sus verdaderas intenciones en materia de empleo: despedir personal, no sustitución de bajas, precarizar el poco empleo público que queda y falta de respeto a los acuerdos y las propuestas de la mesa general de negociación. Con la vaga excusa del cuadre de las cuentas son capaces de afirmar “Vamos a optimizar: si hay que despedir gente, se despide”, según afirmó el concejal responsable de urbanismo en la junta rectora. Creemos que se ha desconsiderado la condición de incorporación del permiso de maternidad de la trabajadora indefinida en cuestión, dado que su incorporación se produce el 1 de octubre y 11 días más tarde se inician los trámites de despido.

Por último, todas las condiciones anteriores son agravadas con la intención del equipo de gobierno de despedirla sin indemnización alguna, extremo que “hace que esta decisión política supongan una medida reprobable y añadan un daño injustificado a la trabajadora” concluye Delicado.