En la Comisión celebrada esta mañana, Izquierda Unida ha votado en contra de las bases de la convocatoria pública del programa Dipualba Empleo por considerar que son unas bases excluyentes, injustas e inadecuadas, pues no dan oportunidades a la mayoría de la población desempleada de Albacete ni contribuyen a la inserción laboral de los colectivos con especiales dificultades para el empleo.

El programa Dipualba Empleo y, en particular, los proyectos solicitados por el Ayuntamiento de Albacete y subvencionados por la Diputación provincial, son absolutamente insuficientes e inadecuados para afrontar el problema de desempleo de la ciudad y no puede ser considerado como políticas activas de empleo.

Es insuficiente no sólo por el número y escasa duración de los contratos (184 contratos de 3 meses para más de 22.000 desempleados de la ciudad) sino por los criterios marcados en las Bases que hoy ha aprobado el PP. Sólo las situaciones de auténtica miseria económica podrán tener cabida en estos proyectos de subempleo del Ayto de Albacete, no sólo se pide estar en desempleo y no tener prestaciones sino que ninguna persona de la unidad familiar reciba ninguna renta salarial o prestación. Es decir, convierten el derecho al trabajo, individual, (o a una prestación y una formación que posibilite la inserción laboral) en una cuestión de caridad, en una “auténtica ayuda benéfica para familias en riesgo de exclusión o en exclusión social” pues la situación familiar ha de ser tan precaria que ya no funcione como red de apoyo social: Todos los miembros de la unidad familiar han de estar en desempleo y sin recursos económicos.

Las bases son excluyentes: de entrada se excluye a jóvenes menores de 25 años (colectivo con más del 50% de desempleo) para los que no hay ninguna alternativa específica; se exigen dos años de experiencia laboral para acceder a los distintos puestos, (además de los requisitos de no tener cotizado ni un mes en los últimos 6 meses) por lo que no se permite que ningún titulado profesional (o universitario recién acabado) pueda acceder a estos contratos; para algunos puestos se piden titulaciones excesivas para el puesto que se va a desempeñar (por ej Diplomados en Magisterio con especialidad en Educación física para responsables de patio de colegio, conserjes para apertura de patios escolares por las tardes y festivos). Al parecer ha primado el criterio del embudo, esperando que la suma de dificultades y condiciones haga menos numerosa la lista de solicitantes. No sólo se trata de primar las situaciones económicas precarias, sino cumplir un conjunto de requisitos poco razonable y nada justificado en la mayoría de casos.

Por otro lado, los proyectos planteados por el Ayuntamiento de Albacete no contribuyen a la dinamización económica local, ni al incremento de la inserción laboral y el fomento del autoempleo, es decir, no cumplen la base 10 de la convocatoria que tendrán en cuenta: la reactivación del tejido industrial, la recuperación de oficios y actividades tradicionales, la mejora de los servicios de proximidad (tercera edad, servicios sociosanitarios), aprovechamiento de recursos naturales, mejora y recuperación de espacios naturales, favorecer la participación de mujeres en el mercado de trabajo o conservar el patrimonio histórico o cultural del municipio. Ninguno de los proyectos presentados en Albacete responde a estos perfiles. Las obras de jardinería en espacios públicos o de albañilería en centros municipales o de pintura en colegios, por ejemplo no puede decirse que reactiven el tejido industrial de la ciudad, no aportan nada a la dinamización económica, al autoempleo y muy poco a la inserción laboral de quienes sean finalmente contratados.

Las bases diseñadas no integran a colectivos en especiales dificultades para el empleo, por ejemplo, las mujeres o los jóvenes. No puntúa ninguna de estas condiciones. ¿Por qué sólo se prima a quienes tienen cargas familiares o han sido víctimas de violencia de género?

Por último, se contemplan salarios de miseria. Son empleos muy mal remunerados, están por debajo de las condiciones de los convenios de referencia y, en particular, esto es más grave cuando se exigen titulaciones universitarias (Arquitectura, Magisterio, técnicos de prevención de riesgos laborales, etc.) y 2 años de experiencia para ofrecerles 700€ /mes, el salario mínimo por una jornada completa de trabajo.

Por supuesto, el PP no ha hablado, ni negociado ni consultados con los sindicatos para la elaboración de estas bases. Hoy se han escudado en criterios técnicos ante las críticas de la oposición. No es de recibo, no son técnicos ni objetivos las condiciones impuestas (titulaciones, años de experiencia, desconsideración dejóven4es y mujeres, etc.).

Rechazamos esta precarización del empleo que el PP promueve, con la sobre cualificación y estos salarios de miseria está contribuyendo a que se deterioren las condiciones de trabajo, se empobrezcan más las clases populares y los costes salariales del conjunto de la economía se rebajen, mientras siguen creciendo los beneficios de algunos y crecen las desigualdades sociales. La gestión pública del PP se hace contra los intereses de la mayoría: ni es ético ni legal poner a trabajar gratis a profesores-as, ni exigir titulaciones y antigüedad para desempeñar puestos de menos cualificación por el salario mínimo. El PP demuestra su falta de alternativas para afrontar los problemas de la ciudad. Este mini Plan nació insuficiente y precario y las bases aprobadas hoy contribuyen a rematar la chapuza del PP.

Nuestras alternativas.

- IU hubiera planteado un plan de empleo más ambicioso: más empleo, al menos 2000 contratos de 6 meses, en sintonía con la moción presentada en el pasado mes de noviembre en la que pedíamos un plan de empleo que compagine formación del desempleado, política de empleo público y, asegurar algún tipo de ingreso o prestación al desempleo durante al menos 1 año una vez terminado el plan de empleo.

- Unas bases consensuadas con sindicatos y partidos de la oposición en el marco de una negociación colectiva. Unas bases más incluyentes con colectivos en riesgo de exclusión social como jóvenes (con un 56% de paro en España) y Mujeres.

- Abrir la convocatoria a las personas menos cualificadas que son el grueso de la población desempleada, por ejemplo, exigiendo titulación básica o un mínimo de experiencia, y no las dos cosas conjuntamente como aprobó el PP en sus bases. - Consideración de la situación individual y no de la unidad familiar.

- Una apuesta por proyectos que dinamicen la economía, generen demanda y valor añadido, reactiven la industria, mejoren la eficacia energética, con especial cuidado al medio ambiente, ligados a las nuevas tecnologías y proximidad.

En síntesis las bases y el proyecto en general no aportan ningún valor añadido a la economía de la ciudad y muy poco a la calificación y/o mejora de la formación de las personas seleccionadas.