En el pasado consejo municipal de inmigración un grupo de entidades participantes e IU, mostraron su estupor y profunda indignación por el alcance de la reforma del código penal el anteproyecto de ley, del Ministerio de Justicia, el cual prevé entre otras cosas, penalizar a personas e instituciones que ayuden a inmigrantes irregulares.

En concreto, el nuevo art. 318 bis del Anteproyecto de reforma del Código Penal contempla que las personas o instituciones que apoyen, ayuden o acojan en sus domicilios de forma altruista a las personas extranjeras en situación irregular que transiten por España, serán considerados delincuentes o tratados como tales: detenidas, juzgadas y, en su caso, condenadas a hasta dos años de cárcel. Igual tratamiento tendrían aquellas personas que abusen o exploten de alguna manera, a través del alquiler o de la contratación irregular de inmigrantes.

Desde IU, al igual que numerosas entidades y asociaciones de inmigrantes, entendemos que este nuevo artículo iguala conductas ilícitas e inmorales como la trata de seres humanos y los abusos sobre las personas migrantes con prácticas humanitarias de solidaridad, hospitalidad y asistencia hacia aquellas personas que transitan “sin papeles” por España.

Estamos radicalmente en contra de esta reforma por contemplar medidas discriminatorias, con tintes racistas y, claramente insolidarios. Siempre hemos defendido el derecho a migrar de las personas y la solidaridad entre pueblos, máxime en la actualidad. Creemos fielmente que la asistencia humanitaria, el auxilio y la solidaridad no se pueden penalizar en ningún caso cuando son movidas por sentimientos de hospitalidad y altruismo.

Por todos los motivos anteriores hemos realizado aportaciones al manifiesto “Salvemos la Solidaridad” que esperamos se apruebe por la totalidad de los integrantes del Consejo de Inmigración, incluido el Partido Popular, como claro rechazo a la antipolítica persecutoria que promueve el Ministerio de Justicia en materia migratoria.