Desde IU queremos hacer una valoración inicial del borrador aprobado por el consejo de ministros del anteproyecto de ley de reforma de la administración local. De manera general y, pendientes aún de ver cómo quedará la citada ley, este anteproyecto contempla la reforma de varios artículos de la Ley de Bases de Régimen local que consideramos negativa y preocupante.
La primera justificación del proyecto se basa en su adecuación al principio de estabilidad presupuestaria que se blinda con la reforma del artículo 135 de la Constitución (de sept de 2011), recordemos que es el artículo que prioriza el pago de la deuda por encima de cq otra necesidad.
Se justifican una serie de medidas con argumentos falsos pero con discurso populista como la de un supuesto elevado ahorro económico o la de una mejor distribución de competencias cuando sus fines últimos, en nuestra opinión, van por otro lado: recorte de la administración y el empleo público, privatizaciones encubiertas, recorte de democracia, desmantelar las administraciones locales más pequeñas y precarizar los servicios municipales.
No se abordan las necesidades de los municipios, manifestadas desde hace años por la FEMP (con acuerdo de los diferentes grupos políticos): clarificación del régimen competencial, suficiencia financiera y mejora de su autonomía y capacidad de gestión.
Desde IU entendemos que con la excusa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y dejando siempre a un lado responder a la demanda efectiva de los servicios que hacen los ciudadanos, se da otra vuelta de tuerca para la privatización de estos servicios públicos municipales.
Desde IU hemos defendido contundentemente en los últimos años la necesidad de abordar las necesidades municipales garantizando el principio de autonomía local, reconociendo a los ayuntamientos su papel como parte del Estado, su autonomía política y su capacidad de gestión, y hemos exigido una profunda reforma del sistema de financiación de los entes locales que les dotara efectivamente de la financiación adecuada al cumplimiento de sus fines.
Desde este punto de vista la propuesta de modificación presentada por el Gobierno de Mariano Rajoy es absolutamente decepcionante en su contenido, falsa en su justificación y profundamente ineficaz y nociva para el interés de los ciudadanos y ciudadanas de nuestros ayuntamientos.
En primer lugar, la reforma prevista bajo la excusa de adecuar la Ley de Bases de Régimen Local a la Ley de Estabilidad Presupuestaria lo que hace es atacar los principios constitucionales de autonomía local y suficiencia financiera. Se utiliza la reforma para dar una vuelta de tuerca al municipalismo español limitando su capacidad política y de gestión, limitando el contenido constitucional del principio de autonomía local y eliminando la definición constitucional de los ayuntamientos como parte del Estado.
En definitiva establece una jerarquía entre administraciones que en ningún caso viene reconocida en la Constitución y que rompe con la definición de la estructura territorial del Estado.
En segundo lugar, reduce el marco competencial municipal, ignorando las necesidades de los ciudadanos y dejando esta administración, la más cercana a los vecinos y ¡vecinas como una administración residual.
Este proyecto avanza en la dirección contraria a lo que han sido tradicionalmente las reivindicaciones de IU: más autonomía, claridad competencial y más financiación. Introducir elementos como la posibilidad de que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan verse privados de sus competencias para prestar servicios mínimos por decisión de las comunidades autónomas, atenta claramente contra el principio de autonomía local, da una preeminencia jurídica y política a las comunidades autónomas sobre los ayuntamientos que no tiene sujeción legal y relega al mundo municipal a un papel residual en el contenido político de la gestión.
Se incorpora el principio de una administración una competencia pero no después de un análisis de quién y cómo debería ejercerlas sino simplemente eliminando la posibilidad de que los ayuntamientos puedan ampliar su ámbito de actuación en materias de interés para los ciudadanos. Se olvida la gran experiencia de gestión local en muchas materias como empleo, vivienda, igualdad de oportunidades, prevención de la salud, educación infantil etc, y se obvia conscientemente que hoy existen estructuras estables de gestión cuya única alternativa prevista en la Ley es su desaparición ya que se prohíbe la realización de otras competencias distintas a las señaladas legalmente.
El criterio de duplicidades en que alegan este anteproyecto es totalmente falso. Aunque compartimos criterios de eficacia y eficiencia en la gestión pública, disentimos el criterio centralismo de la reforma. Ponemos como ejemplos distintos servicios que se ofertan tanto desde los ayuntamientos como de la JCCM, como los Servicios Sociales, Escuelas Infantiles, dependencias, plan de drogas, etc. Que, pese a estar demandados cuantitativamente más que nunca a día de hoy están en precario debido a los recortes y restricciones impuestas por la junta. Por tales motivos desde IU defendemos que, lejos de quietar tales competencias, lo mandatorio sería reforzar tales servicios y acercarlos cada vez más a los ciudadanos.
Esta reforma tiene un matiz que sobre pone criterios economicistas que del servicio ciudadano que debe ofertarse desde las administraciones locales. Este anteproyecto, no contempla poblaciones pequeñas con gran dispersión geográfica cuyos habitantes se verán gravemente perjudicados con el trasvase de competencias. También y bajo la excusa del control de la estabilidad presupuestaria el Estado se reserva facultades de intervención inauditas que pretenden controlar a través del gasto la capacidad política, de gestión y el programa político de los ayuntamientos. Por tanto en vez de avanzar en la línea de construir ayuntamientos más fuertes con más competencias y mayor capacidad de gestión se va en la dirección contraria, intentando alejar la política de los ciudadanos y convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones y abriendo la puerta, aún más, si cabe, al clientelismo partidista y al trato arbitrario.
En tercer lugar y en contra de la posición política que ha venido manteniendo siempre IU se refuerza el papel de las diputaciones provinciales, estructuras obsoletas, cuestionadas políticamente en muchos casos e inútiles una vez que existen las CCAA. Se les refuerza en detrimento de las mancomunidades o consorcios constituidos voluntariamente por los ayuntamientos en el ejercicio de su autonomía local. El que las diputaciones puedan realizar los servicios mínimos de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes por decisión autonómica significa darles un papel político incomprensible ajeno a la estructura territorial del Estado y que solo se puede entender por razones ocultas no explicitadas.
Por último, no clarifica la necesaria financiación de los Ayuntamientos para asumir los retos municipales, solamente se menciona la obligación de cumplir con la estabilidad presupuestaria.
En definitiva desde IU analizamos con extraordinaria preocupación este anteproyecto, consideramos que el mismo anula el principio de autonomía local. Claramente inviolables en nuestra constitución.
Discrepamos profundamente del marco competencial previsto y nos oponemos radicalmente al modelo del PP de regular ayuntamientos controlados políticamente, sin capacidad de gestión. Pero sobre todo nos oponemos a este anteproyecto porque es malo para los intereses de los ciudadanos de nuestro ciudad y provincia que, a diario utilizan miles de servicios municipales de carácter educativo, de salud, de empleo de vivienda, deportivos, culturales, en materia de igualdad, de promoción de la infancia o la juventud, de carácter social , de atención a los dependientes, etc… servicios que con este anteproyecto están abocados a desaparecer, desapareciendo en consecuencia su prestación a los ciudadanos.
Esta contrarreforma supone un paso más en el objetivo del PP de debilitar el Estado, de reducir el espacio de lo público. En esta época de crisis provocada por otros que no han sido los ayuntamientos españoles esta propuesta de reforma provocará más pobreza, más desigualdad y menor cohesión social, a cambio, eso sí, de una sacrosanta estabilidad presupuestaria que por cierto los ayuntamiento han cumplido siempre porque legalmente siempre se les ha exigido.
Por ello IU desde en Albacete, como en el resto de provincia y estado, y en los distintos ámbitos en los que estamos presentes nos opondremos a este proyecto, exigiremos su retirada, y movilizaremos a todos sus cargos públicos locales contra esta contrarreforma en acciones que se irán planteando si finalmente se aprueba este anteproyecto.