Un año más, la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nos convocamos políticos, sindicalistas y feministas para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. Denunciamos también las discriminaciones y desigualdades de género que aún persisten en nuestra sociedad.
No podemos ignorar que la crisis económica y las políticas de ajustes, recortes de gasto público y merma de derechos y libertades, están poniendo en riesgo muchas de las conquistas conseguidas y de las mejoras sociales logradas, por ejemplo en aumento del empleo femenino, formación, protección social y conciliación, entre otras.
El deterioro y privatización de los servicios del estado de bienestar y los retrocesos en libertades individuales que viene desarrollando el Partido Popular en los diferentes ámbitos de gobierno, nos llevan a alzar la voz para denunciar las contrarreformas y reclamar la necesidad de afianzar los avances logrados y de seguir conquistando cotas de igualdad real.
En los últimos años, hubo importantes progresos legislativos como los derivados de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, la Ley de Dependencia o, más recientemente, la integración de las empleadas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Pero las contrarreformas legislativas y las decisiones políticas hacen peligrar tales derechos. Por ejemplo, la reforma laboral, la reforma de las pensiones y los recortes presupuestarios en Dependencia golpean de manera frontal los avances en el reconocimiento del trabajo de cuidado familiar a personas dependientes y de los derechos subjetivos a la atención cuando se está en situación de dependencia, disminuyen el poder adquisitivo y la autonomía económica de las mujeres, incrementan la precariedad y el desempleo femenino y, limitan las posibilidades de promover la igualdad en los centros de trabajo.
En 2013 aún persisten desigualdades de género en los ámbitos laboral y social, y se hace necesario afianzar los avances logrados y de seguir conquistando cotas de igualdad real. Valgan como ejemplos los siguientes indicadores en la población española:
- La tasa de actividad en la población de 16 y más años (población en edad laboral que busca o tiene empleo remunerado) presenta una brecha de género de más de 14 puntos: es el 82,9% en varones y el 67,3% en mujeres.
- La tasa de empleo de las mujeres es 11,6 puntos porcentuales inferior a la de los hombres.
- La tasa de paro es ligeramente superior en mujeres que en varones y aún sería mayor la diferencia si las mujeres no renunciaran a la actividad laboral por motivo del cuidado familiar y del hogar. Según la última EPA (enero 2013) el desempleo es del 26%, con una distribución por género de un 25,5% en hombres y un 26,5% en mujeres.
- Las mujeres padecen mayor precariedad en el trabajo, son el triple que los varones en el empleo a tiempo parcial, tienen menos contratos indefinidos y más temporales y una brecha salarial de casi 22 puntos. El salario medio de las mujeres es un 78% del de los varones o, lo que es lo mismo, el salario de las mujeres debería crecer un 28% para equipararse al de los hombres.
- Persiste la segregación horizontal y vertical de las mujeres, hay una escasa presencia de mujeres en determinados sectores de actividad (ocupaciones masculinizadas) y una mínima presencia en puestos de dirección, tanto en los ámbitos públicos y privados.
Son muchas las medidas del gobierno del PP que caminan en sentido contrario a la defensa de la igualdad y la justicia social. Con sus políticas están incrementando las desigualdades y la pobreza de amplias capas de la sociedad y sobre las mujeres el impacto es doblemente negativo: se pierde autonomía económica, empleo, prestaciones, cobertura social, apoyos para el cuidado de hijos e hijas, menos recursos y más dificultades para la conciliación de la vida laboral y familiar y para la corresponsabilidad en el cuidado, menos recursos y prestaciones para la atención a las personas dependientes, pensiones más precarias, deterioro en los ámbitos educativo, sanitario, servicios sociales, etc. El impacto de género de la reforma laboral, los ajustes presupuestarios, el copago farmacéutico, los recortes salariales, las tasas judiciales y los planes de ajuste es evidente.
Recordaré algunas de las medidas del gobierno regional que suponen graves retrocesos en materia de igualdad y recorte de libertades, con algún ejemplo de tinte local:
- Una de las primeras actuaciones de Cospedal fue suprimir centros de la Mujer y recursos de acogida al limitar la financiación para estos programas en la convocatoria de 2012 en más del 40%. En Albacete nos quedamos sin los centros de Higueruela, Elche de la Sierra y funcionan con muchos menos profesionales y prestaciones otros como los de Barrax, Alcaraz y Albacete.
- Además de los recortes en Educación (menos profesores-as, ampliación de las ratios de alumnado por aula, eliminación de recursos de apoyo, aulas rurales, transporte, etc.), Cospedal también ha recortado en dos recursos educativos claves para el fomento de igualdad entre hombres y mujeres y la corresponsabilidad en las tareas de cuidado familiar: eliminación de becas (y plazas) de comedores escolares y la financiación de las Escuelas infantiles de titularizada municipal.
- No es menor la repercusión que los recortes en sanidad conllevan en pérdida de empleo femenino, menor calidad de atención para el conjunto de la población o la desatención de algunos colectivos. Esta misma semana Médicos del Mundo denunciaba la desatención a jóvenes inmigrantes y la facturación a embarazadas que fueron atendidas en servicios de urgencias de hospitales de CLM.
- En Albacete, todos estos recortes repercuten y las propias decisiones del gobierno municipal también han contribuido, en mi opinión, a una merma de recursos para cubrir necesidades sociales y avanzar en igualdad. Valgan como ejemplos la eliminación de la Escuela Infantil de Campollano, la supresión de cocinas y comedores escolares municipales, la eliminación de las ludotecas y los recortes de empleo directo e indirecto que ha conllevado el Plan de Ajuste.
- Otro aspecto grave, que tiene que ver con los retrocesos en libertades individuales con los que castiga y amenaza el PP, ha sido la reforma en los Registros de Parejas de Hecho que, tanto a nivel autonómico como municipal existían. Muchos conocéis que hemos recurrido esta reforma del Ayuntamiento de Albacete por entender que discrimina a las parejas de hecho frente a las uniones matrimoniales. Debe ser que como no son “matrimonio natural” según los términos del ministro del interior les pasa como con el matrimonio entre personas del mismo sexo, que no pueden admitirlo con naturalidad, tienen que dificultarlo, criminalizarlo, ponerlo bajo sospecha y limitarlo al máximo.
Además el PP está imponiendo reformas ideológicas que pretenden imponer un modelo de relaciones personales y familiares que sólo acepta el modelo tradicional de hombre y mujeres con reparto de roles y división sexual del trabajo estereotipado y estanco. Así pretenden encumbrar el papel de mujeres en la familia y exaltar el modelo de mujer-madre. Frente a esta visión estrecha en la sociedad española se ha impuesto una variedad de formas familiares y una diversidad de relaciones interpersonales y de opciones sexuales enmarcadas en la libertad de los individuos para expresarse, construirse como personas y establecer libremente sus afectos y su vida sexual. A estas cotas de libertad y respeto no estamos dispuestos a renunciar los hombres y mujeres y, por ello, hemos de denunciar los retrocesos que suponen las contrarreformas en los registros de parejas de hecho, las aberrantes declaraciones de algunos políticos contra las parejas del mismo sexo y las amenazas de retroceder en derechos sexuales y reproductivos limitando las opciones a la interrupción voluntaria del embarazo.
En resumen, el PP es tóxico para la igualdad entre hombres y mujeres y no respeta la diversidad y la pluralidad de la sociedad española. No podemos sino animar la movilización, la conciencia crítica y la participación activa para que se encuentren el rechazo social a las políticas de recortes de derechos y libertades que en cada acuerdo de gobierno toman pretendiendo restar autonomía a las mujeres e igualdad y bienestar al conjunto de la ciudadanía.