El PP propuso, con fecha 1 de marzo, el nombramiento como Jefe de Servicio de la Gerencia de Urbanismo, de una persona (funcionaria de este Ayto) que está encausada por el caso Guateque en el que 34 personas están imputadas por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad en documento público, entre otros.

El caso Guateque es un escándalo de corrupción política en el Ayto de Madrid, que se remonta al 2007 y en el que se investiga el trato de favor a determinadas entidades para acelerar licencias de actividad a cambio de comisiones ilegales. En aquel momento la funcionaria era personal de confianza que trabajaba en la concejalía de Medio ambiente dirigida por Ana Botella.

Actualmente el caso está instruido, pendiente de juicio oral y según nuestra información, esta persona está procesada, es decir, se ha confirmado que hay indicios razonables de culpabilidad, según el magistrado que ha concluido la instrucción. No obstante, cabe que pueda ser absuelta o condenada pero, para nosotros, rige la presunción de inocencia y no hay ninguna intención de cuestionar la labor de esta funcionaria que está trabajando desde 2008 en el Ayto. de Albacete.

La crítica política es hacia el gobierno del PP, la alcaldesa y el concejal de personal que ha realizado el nombramiento (por resolución, sin pasar el expediente por comisión informativa), por que con esta decisión política demuestran desprecio y desconsideración hacia el buen gobierno, la honradez y la transparencia en el ejercicio de la gestión pública.

Es una imprudencia, una torpeza política o un ejercicio de soberbia y no se entiende que pudiendo recurrir a distintos funcionarios para cubrir el puesto de la jefatura de servicios en Urbanismo, propongan a una persona encausada por varios delitos de corrupción que afectan precisamente al área de urbanismo, la misma a la que se la pone a dirigir. Es un nombramiento provisional, pero un nombramiento por el procedimiento de libre designación (no es un puesto al que ha accedido la funcionaria en condiciones de libre concurrencia, algo a lo que mientras no haya sentencia firme tendrá derecho), sino que es un cargo para el que el PP la propone por afinidad política, confianza o como quiera llamarse.

En cualquier circunstancia, este nombramiento podría calificarse de desprecio al buen gobierno, a la honestidad y a la pulcritud en el ejercicio de la gestión pública, pero es más grave que, en momentos de cuestionamiento de la clase política, con los procesos que el PP tiene abiertos por corrupción, algunos muy graves, de esta muestra de baja catadura moral, de desconsideración a la ciudadanía que pide transparencia, honradez y buen gobierno.

No es creíble que nos hablen de buena gestión o que nos ofrezcan una ley de transparencia si nos encontramos con ejemplos como el que nos ocupa.

Los grupos de la oposición, además de esta denuncia pública del nombramiento desafortunado, pediremos explicaciones en la Gerencia de Urbanismo, y si es preciso, solicitaremos la comparecencia en el Pleno de los concejales responsables (urbanismo y personal) porque no entendemos las razones de esta propuesta. Con este nombramiento el PP demuestra que no le importa la honradez ni en el fondo ni en la apariencia. Por muy convencidos que estén de la inocencia y exculpación que pueda llegar, no es el momento de proponerle un ascenso y menos a un puesto relacionado con el área de gestión en el que sucedieron los hechos que han sido calificados de delitos por los que está encausada.

No queremos añadir ningún sufrimiento a la funcionaria, ni cuestionar su capacidad o profesionalidad. Pedimos al PP, a la alcaldesa y a sus concejales, que rectifiquen y revoquen el nombramiento.