La modificación de la Ordenanza Reguladora de Espacios Públicos de Albacete ha sido aprobada, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, en un Pleno Extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Albacete. Por ello, la prohibición definitiva del botellón y la prostitución en la vía pública está cada vez más cerca.

Izquierda Unida ha votado en contra de esta modificación, ya que no comparte el procedimiento y la falta de consenso seguido por el PP, por un lado, y el afán prohibicionista de la nueva Ordenanza, por otro.

En un debate de una hora y cuarto de duración, la anécdota final la ha protagonizado la alcaldesa, que ha aprobado el texto de la Ordenanza con el voto a favor del PP y en contra de PSOE e IU, pero olvidándose de preguntarles a los portavoces que indicaran el sentido de su voto.

POSICIÓN DE IU: “CAMBIOS EN LA ORDENANZA REGULADORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y CONVIVENCIA”

Intervención en Pleno del día 14 de diciembre de 2011 de Victoria Delicado

Cuando se redactó la actual “Ordenanza reguladora de los espacios públicos de Ab para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana y el civismo”, desde Izquierda Unida apostamos por un planteamiento de educación ciudadana en el civismo y el respeto a los demás (al vecindario general) y a los espacios y bienes públicos.

No compartimos el afán prohibicionista y sancionador del que Bayod y su partido han venido jactándose en relación a este tema. Con su propuesta, esta ciudad no va a ganar en civismo, tranquilidad y armonía, sino que perderá libertad, se crisparán las relaciones vecinales y los jóvenes se sentirán un poco más desplazados, perseguidos y relegados de su comunidad. No creemos que la persecución, la limitación de movimientos y la sanción contribuyan a la convivencia. Nos preocupa que estas medidas contribuyan a que los jóvenes se sientan más excluidos socialmente (sin empleo, sin recursos, sin espacios para disfrutar del tiempo libre y la amistad).

Sólo del incumplimiento de la actual normativa se justifica la necesidad de proponer nuevas medidas restrictivas frente a los efectos indeseables del botellón incívico u otras conductas en los espacios públicos. El PP no ha tenido voluntad de evaluar la ordenanza que entró en vigor en mayo pasado. En cierto modo, ha boicoteado la normativa vigente para que, ante la pasividad, se justificara su planteamiento prohibicionista. Lo sensato y razonable hubiera sido impulsar las medidas vigentes y evaluar su eficacia. Las mismas asociaciones vecinales reconocen que lo que se demandaba eran actuaciones que con la anterior ordenanza no llegaron.

Tenemos profundas discrepancias y dudas sobre la formulación que se ha presentado por el equipo de gobierno y, en bastantes aspectos, nos parece más adecuada la vigente regulación de la convivencia. Votaremos en contra de esta propuesta por varias razones:

- La primera porque defendemos un uso de los espacios públicos para todos, con libertad de movimientos y en los que se promueva el respeto a los demás y a lo común, se cuide el medio y se respete el descanso, el tránsito y los diversos usos del espacio urbano. Las conductas que no respeten estos bienes colectivos serán sancionadas, pero no se pondrán bajo sospecha determinados colectivos ni determinados usos del espacio urbano.

- Creemos que se ha extralimitado en las competencias municipales al señalar como objetivos algunos que, en absoluto, pueden abordarse desde el ámbito municipal y con medidas reguladoras de la convivencia (por ej, cuando en la exposición de motivos se refiere a la protección de los menores frente al consumo de alcohol o prevenir la explotación y trata de determinados colectivos). Aunque estos sean loables fines, no caigamos en la ceguera o en el cinismo de creer que con medidas de restricción de movimientos vamos a abordar o resolver problemas tan complejos, que escapan el ámbito local y las competencias municipales. En ningún caso el Ayuntamiento puede establecer como bien jurídico protegible, porque no entra dentro de su competencia normativa, la protección de menores de edad frente al consumo de alcohol, ni prevenir la explotación y trata de determinados colectivos, ni tampoco la sobreocupación de edificios.

- También expresamos nuestro profundo rechazo al proceso que se ha seguido para esta reforma: mientras que en la elaboración de la actual ordenanza hubo un proceso participativo de muchos meses para llegar a un acuerdo, ahora ese trabajo se tira a la basura El procedimiento de elaboración y propuesta se ha hecho a espaldas de las personas y colectivos interesados y sin permitir la opinión, propuesta y punto de vista de personas afectadas. No se ha dado audiencia al Consejo de la Juventud ni, desde luego, a las personas que ofertan servicios sexuales en la calle. Se ha despreciado la Mesa por la convivencia (de la que formaban partes sectores diversos de la ciudad, desde las asociaciones de vecinos a los empresarios de hostelería, jóvenes, ecologistas, FAMPA, sindicatos, ecologistas, y otras entidades ciudadanas) que discutió y aprobó la ordenanza vigente.

- Finalmente, el texto rezuma un tinte moralista en muchos de sus planteamientos pues prejuzga conductas, comportamientos e incluso actitudes según criterios morales o estéticos muy particulares, que –en nuestra opinión- no deben imponerse en una ordenanza.

Respecto al asunto del botellón:

El gran error es vincular las conductas sancionables con el consumo de alcohol o bebidas en la calle. Lo que hay que perseguir es las conductas incívicas, con alcohol o sin alcohol. Además, se han eliminado todos los criterios que habíamos introducido para objetivar la actuación de los policías. Ahora sin embargo, desaparecen esos criterios objetivos, como son los referidos al ruido o la suciedad, para dejarlo a la percepción del agente de la autoridad.

Se pone en peligro, además, el propio uso cívico de los espacios públicos. Resulta hipócrita que se señale la voluntad de evitar el consumo de alcohol de los jóvenes, pero sólo les importe el consumo en la calle, no en ningún otro sitio (terrazas o bares). Además, pasan por alto que ya había un artículo que salvaguardaba el consumo de los menores en la calle, el Art. 36.7 “no se podrá facilitar ningún tipo de bebidas alcohólicas a los menores de edad, bien sea comprando la bebida para después facilitársela, invitándoles o mediante cualquier otra forma de suministro”.

Por otro lado, incluyen la propuesta de actividades de ocio alternativo –con una redacción muy mejorable- sin aportar nada nuevo, pues las acciones en positivo lo importante es que se reflejen en planes o acciones concretas, cosa que no ha ocurrido. Llama la atención la falta de apoyo y el desprecio a las actividades lúdicas y educativas del Consejo de la Juventud de Ab (cuyos educadores están en la calle porque se les han quitado las asignaciones o suprimido los convenios) y en cambio declaren que van a iniciar actividades de ocio alternativo. El papel lo aguanta todo, desde luego, los hechos son que llevamos 6 meses de gobierno municipal y no han hecho nada del plan de convivencia integral con medidas en positivo sobre convivencia.

La redacción de la definición de “práctica del botellón” que no se permite y se sanciona como infracción grave genera inseguridad jurídica, es difícilmente objetivable e induce a confusión cuando equipara “que pueda causar o que cause molestias, deterioro del espacio público…”. Por otra parte se sanciona el consumo de bebidas en el espacio público sin distinguir a qué comportamientos molestos, insalubres o de riesgo va asociado (por ejemplo, si se hace en las terrazas o en los bares ¿ya no molesta ni entraña riesgos?, ¿a partir de qué nº se considera que de la concentración de personas se deriva un riesgo? ¿a partir de cuatro, 20, 300 o del criterio del policía?). Hay quien habla de botellón consentido en el caso de las terrazas de algunas calles de la ciudad y se queja, desde luego, del ruido y la suciedad.

Respecto a los cambios en las Normas generales de convivencia (art. 7):

La ordenanza vigente contemplaba la obligación de no causar molestias, ruidos o situaciones de insalubridad al vecindario por el uso de inmuebles privados. Creemos que con esa referencia es suficiente.

Muy grave la consideración de que perturba la tranquilidad de los vecinos lo que se denomina “sobreocupación de las viviendas o inmuebles por encima de estándares admitidos en relaciones de vecindad”. ¿Quién define esos estándares? ¿¿Cómo se objetiva la sobreocupación? La ley catalana de 2007 (y el reglamento de desarrollo) estima el espacio mínimo de una vivienda por individuo (siguiendo criterios de habitabilidad de la OMS) en unos 10m2/persona. Es decir, en un piso de 80m2 podría vivir hasta 8-9 personas sin que se considere sobreocupación. Pero entonces, el problema no es el nº de personas sino las molestias que causen o los efectos para la salud y la salubridad de los que allí habitan.

Favorecer la denuncia de sobreocupación porque presuntamente causa molestias, sólo conduce a que las denuncias se utilicen como vía para expulsar a las personas más necesitadas de vivienda, sin abordar el problema de las infraviviendas, pensiones ilegales, pisos patera, camas calientes o realquilar de habitaciones. Aquí nos encontramos con múltiples problemas que no tienen la misma solución. No se puede responder con sanciones administrativas uniformes por sobreocupación sin criterios objetivos (¿por la denuncia de un vecino o por el informe de un policía local?) a un problema complejo. Gestionar la sobreocupación de viviendas centrándose en las personas y sus necesidades implica abordar el problema con múltiples recursos sociales y residenciales. Si no hay un enfoque multidimensional difícilmente se podrá abordar el problema de sobreocupación de las viviendas.

Nos preocupan que este asunto alimente conductas xenófobas y racistas así como la exclusión social de colectivos más desfavorecidos: personas con escasos recursos que conviven en un mismo hogar, jóvenes o inmigrantes que ocupan viviendas en esas condiciones. El mensaje que debe lanzarse es que “la vivienda es un derecho social, no sólo un bien inmobiliario”. Objetivemos las molestias y sancionémoslas, independiente del nº de personas que habiten la vivienda. Si hay actividades ilegales que se denuncien e investiguen, pero no establezcamos prejuicios y estereotipos que entorpecen el respeto y la convivencia entre la ciudadanía.

La propuesta del PP es una medida que no se entienda si no es bajo prejuicios clasistas. Es especialmente duro que se introduzca este artículo en un momento de crisis económica y de la vivienda como tenemos en el que las familias se están agrupando en menos hogares.

Respecto a la regulación del “ofrecimiento y demanda de servicios sexuales en el espacio público”:

El Ayuntamiento se extralimita en sus competencias cuando pretende que de esta regulación y sanciones se derive “prevenir la explotación y trata de determinados colectivos”. En la conducta a sancionar prima de nuevo la sospecha y la subjetividad del agente de autoridad para sancionar a las personas que ejercen la prostitución o a sus potenciales clientes.

Parece que sólo interesa que no se vean. Como reconoce el informe jurídico que cita el Justicia de Aragón en el que dice claramente que la razón para regular el tema de la prostitución, no es, en ningún caso, evitar la trata, sino evitar “un espectáculo desagradable que genera un lógico rechazo y cuya visión es especialmente inapropiada para los menores de edad”. Es decir, que no se trata de que no haya prostitución, sino de que no se vea, porque es feo.

La prostitución se ejerce en España sin normas. En Albacete, como en otros ayuntamientos, se ha apostado por sacar el problema de la calle y esconderlo (en las afueras, en pisos clandestinos o bajo la alfombra de los clubes de alterne). El debate está en si es un problema de derechos humanos o de convivencia.

En la propuesta del PP se parte de la equiparación de trata de personas con ejercicio voluntario de la prostitución. Lo primero es un delito tipificado en el código penal, muy grave (a nuestro entender) que hay que prevenir, perseguir y sancionar. Pero no es competencia municipal y dudamos que de la eficacia de esta ordenanza para contribuir a ello. Las conductas molestas, que perturban la tranquilidad de los vecinos, como pueden ser la exhibición y la práctica sexual en el espacio público deben evitarse (y sancionarse, en su caso) pero no deben equipararse a la oferta y demanda de servicios sexuales en la calle.

No apoyamos la persecución de las personas que ofrecen servicios sexuales en la calle pues la persecución sólo puede contribuir a su marginación, al deterioro de las condiciones de vida y contribuir más a su estigmatización social. De nuevo pretende imponerse una moral particular al conjunto de la ciudadanía. No seamos falsos: no se pretende acabar con la prostitución sino invisibilizarla, esconderla, alejarla de la ciudad o acotarla en negocios particulares. Con el prohibicionismo y el ocultamiento se favorece a las mafias que explotan personas y se alienta la trata, tal como denuncian las ONGs que trabajan en este ámbito.

Por último, las medidas que se ofrecen para la reinserción (información y ayuda de los servicios sociales) son totalmente ambiguas y abstractas, sin establecerse verdaderos planes y recursos para la reinserción y partiendo de la consideración moral de que todas deben reinsertarse.

Pensamos que la calle es un espacio público para el uso y disfrute de toda la ciudadanía, en el que las actividades a realizar no pueden ser reguladas sobre criterios morales o estéticos de un determinado sector. Y que en la centralidad del debate debe estar la protección de derechos y el respeto a las libertades individuales. Las mujeres arrastran tras de sí una larga historia de discriminación y desvalorización. No contribuyamos a incrementarlo.

Licencias de actividad y ruidos:

Respecto a los cambios que se proponen en la regulación de las ordenanzas de licencias de actividad, referido a efectos aditivos de los ruidos, consideramos que hay algunas propuestas positivas en lo relativo a la insonorización de espacios y que debieran recoger las medidas más avanzadas relativas al espacio entre establecimientos que emitan ruido a la hora de las nuevas licencias. La propuesta que reclama la Asociación contra el ruido de Ab basada en la ordenanza de Cáceres nos parece mejor garantía para proteger el descanso y la tranquilidad de los vecinos.

Sobre el conjunto de la ordenanza proponemos:

Fomentar medidas educativas: información sobre conductas molestas, que deterioran el espacio y bienes públicos.

Impulsar actividades de ocio alternativo para jóvenes, dando participación y protagonismo a los mismos

Apostar por buenas prácticas en las conductas y actividades que supongan riesgo para otros: actividades culturales y deportivas de calle, fiestas colectivas, actividades comerciales en la vía pública o espacios públicos, etc.

Instamos al equipo de gobierno a emprender itinerarios y espacios de diálogo, negociación y participación con los colectivos afectados. Debiera avanzar en soluciones que eviten molestias a los vecinos o conductas incívicas e insalubres, sin criminalizar, extralimitarse en competencias ni perseguir a nadie.

El PP ha caído en el autoritarismo, boicoteando la ordenanza vigente para imponer sus criterios, su moral y contentar a ciertos sectores, sin dar cauce de participación, diálogo o negociación al conjunto de la ciudadanía. La ineficacia de las medidas prohibicionistas está más que constatada, el PP ha hecho un uso electoralista de la reforma de la ordenanza pues se ha impedido el desarrollo de la ordenanza vigente y, por tanto, la evaluación de las medidas contenidas en ella.