Inicio  >  Grupo Municipal  >  Comunicados de Prensa  >  IU reclama un mayor compromiso a las administraciones públicas para afrontar la pobreza y la desigualdad creciente en Albacete

IU reclama un mayor compromiso a las administraciones públicas para afrontar la pobreza y la desigualdad creciente en Albacete

14 de Febrero de 2014

Izquierda Unida de Albacete reclama al equipo de gobierno del PP en todos los ámbitos un mayor apoyo económico a las políticas de intervención social y de apoyo a las familias en riesgo de exclusión social para que no se recurra a la beneficencia y la caridad como sustitutos de los derechos que deben atenderse por parte de la administración públicas a las familias, sobre todo a aquellas que están en grave riesgo de exclusión social y pobreza.

Los datos del informe de FOESSA sobre pobreza y exclusión social en Castilla-La Mancha, y en Albacete, son más que preocupantes, de alarma social. Si contamos que el año pasado el porcentaje de personas por debajo del umbral de la pobreza en Albacete fue superior al 32%, que se traduce a más de 130 mil personas en la provincia, estamos hablando de una situación de emergencia.

IU denuncia que mientras los gobiernos del PP enfocan sus políticas a la contención del déficit público, se auto complacen en los datos macroeconómicos y ven “luz al final del túnel”, la mayoría de la población empobrece a pasos agigantados y no comparten su optimismo. La situación desde que estalló la crisis se agrava cada vez más, pues los indicadores relacionados con pobreza, desigualdad y exclusión social han ido empeorando ostensiblemente. El número de familias con todos sus miembros en paro ha crecido notablemente en la región y en nuestra provincia, lo que unido al debilitamiento del ya de por sí débil sistema de protección social, ha hecho que la desigualdad y la marginación sean cada vez mayores.

El hecho de que más de un 37% de las familias tengan problemas para llegar a fin de mes, hace de Albacete una ciudad con buena parte de su población damnificada socialmente. En nuestra ciudad observamos un claro retroceso social. Acabamos de conocer (según el INE) que uno de cada cinco hogares, el 21,7%, padece la pobreza energética, el número de familias que dependen del banco de alimentos para comer está cifrado en más de 11000. La población que logra una integración o una integración precaria al actual sistema es cada vez menor (un 20%), lo que repercute directamente en el aumento de la pobreza relativa lastrando cada vez más el poder adquisitivo y la vida de las capas trabajadoras.

En este sentido, IU deja claro que valora positivamente la función social subsidiaria que desarrollan las organizaciones y ONGs, en beneficio de miles de personas de nuestra ciudad. Los altos niveles de pobreza inciden directamente en el incremento del número de beneficiarios de acciones asistenciales que promueven como lo es la recogida y entrega de alimentos, intervención directa, ayudas de emergencia, etc…

Desde IU exigimos un cambio de rumbo en las políticas sociales actuales. No cabe ninguna lectura contemplativa ni más demoras cuando más de un tercio de la población está en riesgo de exclusión.

Recordamos que el equipo de gobierno municipal ha reducido en torno a un 40% (con respecto a 2010) la dotación del área de bienestar social y los distintos proyectos de intervención social. La mayoría de los recortes en esta área se deben, sobre todo, a la drástica reducción de la financiación proveniente de la Junta. A todo esto se le une como factor de riesgo el impacto de la reforma de la administración local en nuestro ayuntamiento que cuestiona como competencias propias muchos de los servicios sociales.

Por tales motivos, con ocasión del debate de los presupuestos municipales, IU criticó la pérdida de varios programas de lucha contra la exclusión social, valga como ejemplo la eliminación de un proyecto intervención con menores de familias en riesgo de exclusión. En opinión de IU, las administraciones públicas han de ser garantes del cumplimiento de los derechos básicos de la población y no debe sustituirse nunca ese rol por el apoyo a la labor de entidades del tercer sector que luchan contra la marginalidad y la pobreza.

Exigimos a las administraciones que han de establecer una renta básica universal para las familias más desfavorecidas. La labor de las Administraciones Públicas no debe basarse, como se desarrolla actualmente, en apoyo a las labores subsidiarias de las entidades del tercer sector, sino que deben garantizar a la población el acceso a los servicios básicos y a condiciones de vida digna bajo un enfoque de derechos sociales básicos.

Los convenios para financiar la mayoría de programas de servicios sociales (Plan Integra y PLIS), supone la consolidación de diferentes programas en servicios comunitarios básicos y específicos pero, a nuestro entender, las cantidades son insuficientes para las crecientes necesidades de la población por debajo del nivel de la pobreza (casi un tercio, CLM en los primeros puestos). EL PP con sus políticas de austeridad abocan a la miseria a buena parte de la población. Justo cuando crece la pobreza y los factores de riesgo, el desarrollo de proyectos de integración y de prevención de exclusión social debería aumentar, justo lo contrario de lo que hacen los actuales gobernantes.

Compartir