Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en el Estado Español se habrán producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y que las previsiones entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000.

Cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de las casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 60% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nominas, cuentas, etc., así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida.

La legislación actual permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 60 % del valor de tasación, algo que resulta anómalo y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo.

Es inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable de la sociedad. En el sector inmobiliario, la crisis golpea a la parte más débil del contrato hipotecario y en cambio, las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.

Todo ello, podría vulnerar los principios constitucionales puesto que el derecho a la vivienda es un mandato especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, que dice: “todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho…” pero también en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacios acumulados por bancos y cajas), o en el artículo 24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión).

Igualmente podrían estar en entredicho los compromisos jurídicos, que en materia de derecho a la vivienda, han sido asumidos por el estado español al ratificar tratados internacionales vinculados como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11), especialmente a partir de su Observación General número 4 –que concreta el contenido del derecho a una vivienda adecuada- y la Observación General nº 7 –que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda.

Todo lo anterior depende básicamente de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los Ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados: en primer lugar porque se vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos; y en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos están mal repartidos, reciben todas las peticiones de ayuda de las personas y familias empobrecidas.

La perdida de vivienda priva al individuo o la familia de toda residencia y, a su vez, la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa y esto puede suponer la pérdida de derechos. Como consecuencia, los desahucios –aún más cuando suponen el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera- conlleva altos niveles de conflicto social.

Por todo ello, los Grupos Municipales de Izquierda Unida y Partido Socialista Obrero Español, proponen al Ayuntamiento-Pleno los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Solicitar al Gobierno de España que, tal y como viene proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más interés y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU.

Segundo.- Instar al Gobierno de España a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacios que están acumulados por las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.

Tercero.- Más allá de las medidas de competencia estatal, estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una Mesa de trabajo en la que participen representantes del pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinos y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El objetivo principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. En los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas.

Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, al Movimiento 15M y a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete.

Albacete, a 19 de septiembre de 2011.

Por el Grupo Municipal Socialista Por el Grupo Municipal de IU

Antonio Martínez Martínez Mª Victoria Delicado Useros