La Constitución española reconoce en el artículo 27 entre otras cosas, el derecho a la educación para todos, que tendrá como objeto el pleno desarrollo de la personalidad en principios democráticos de convivencia. También recoge que los poderes públicos garantizarán el derecho a todos a la educación. Para el cumplimiento de estos principios entendemos que la mejor forma de conseguirlo es mediante la garantía de una educación pública y gratuita.

Consideramos que el mejor modo de garantizar el ejercicio del derecho a la Educación en condiciones de calidad y de igualdad pasa por defender un sistema público de enseñanza que esté al servicio de las necesidades sociales, de la igualdad de oportunidades y de los valores democráticos. Contemplamos la educación como una inversión y no un gasto, que pueda ser objeto de actitudes cicateras y recortes.

Por el contrario, el Plan presentado por la Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, paradójicamente denominado Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos, anunciado el 31 de agosto y cuya aplicación ha comenzado en el inicio de este curso escolar, representa un ataque brutal y sin precedentes contra la enseñanza pública en Castilla La Mancha en el que se anuncia el recorte de 137 millones de € en gastos de personal y supresión de recursos.

Todas estas medidas autodenominadas de “optimización” suponen una destrucción de empleo sin precedentes en el sector, una agresión a los derechos de los trabajadores y trabajadoras y el inevitable deterioro de la calidad de la enseñanza. Pero más que un conflicto laboral o de personal educativo, estamos ante un conflicto social de gran envergadura que afecta a toda la sociedad castellano manchega y a su futuro, pues se cuestiona el sistema de educación pública.

Los recortes educativos presentados por el gobierno de Cospedal, sin precedentes en Castilla La Mancha, afectan directamente a la calidad de la enseñanza y a la igualdad de oportunidades. Se reducen las partidas de gasto de funcionamiento de los centros públicos, se suprimen las ofertas de empleo público y se limita la contratación de profesorado interino. De forma inmediata, según información aportada de los principales sindicatos, 927 profesores y profesoras se han quedado en el paro, de los cuales aproximadamente 260 son de Albacete. Con la aplicación de estas medidas se prevé que en cursos sucesivos será desplazado el profesorado en expectativa, comisión de servicios o concursillo hasta consumar la reducción de aproximadamente un 10% de los cupos de cada centro. Como consecuencia directa de este plan, los profesores y profesoras tendrán un alumnado más numeroso y menos tiempo para atenderlo.

Hemos conocido la posición de la Consejería de Educación, la supresión de personal especializado en proyectos educativos novedosos e integrales, como por ejemplo, el convenio del Ministerio de Educación y Ciencia y Brithish Council, lo que conlleva un deterioro en la enseñanza bilingüe. También el plan contempla la supresión de 32 centros de profesores, amenazando la formación permanente y actualización de conocimientos de los/as profesores/as de nuestros centros educativos.

La aplicación de estas medidas supone un detrimento de la calidad de la escuela pública por lo que propicia las desigualdades sociales al limitar el papel inclusivo de la enseñanza y dificulta el acceso a la formación de calidad, del conjunto de los jóvenes castellano manchegos/as.

Paralelamente, conocemos los problemas de liquidez por la que atraviesa la Universidad regional, entidad que reconocemos como una autentica locomotora para el desarrollo social y económico de nuestra región, que es un servicio público de interés general cuyo mantenimiento es un deber para los gobernantes, y a la que se le adeuda por parte de la JCCM las cantidades aprobadas para el presupuesto del año 2011. Situación que de seguir así, amenaza la formación de miles de jóvenes así como el desarrollo de proyectos e investigaciones, y con ello la solidez, prestigio y supervivencia de nuestra universidad.

Por todo ello, el grupo municipal de IZQUIERDA UNIDA propone al Pleno del Ayuntamiento los siguientes ACUERDOS:

• Trasladar al gobierno de Castilla-La Mancha, en concreto, a la Consejería de Educación nuestro rechazo y denuncia por los recortes planificados en la enseñanza pública, ya que repercuten negativamente en la calidad y equidad educativa, destruyen empleo, no respetan los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y suponen una agresión a uno de los pilares básicos de nuestro estado social y democrático: la educación pública.

• Exigir al gobierno regional que rectifique las actuales políticas de recortes de la inversión en la enseñanza pública, establezca medidas eficaces para superar los elevados porcentajes de abandono y fracaso escolar, restablecimiento de centros de profesores y proyectos educativos de enseñanza de lengua extranjera.

• Exigimos la apertura de un proceso de diálogo y negociación para alcanzar un pacto social y político en Educación que tenga en cuenta a todos los sectores de la comunidad educativa (administración, profesorado, alumnado, padres y madres, sindicatos, etc.) y a las fuerzas políticas de Castilla-La Mancha con representación institucional en los Ayuntamientos y Diputaciones.

• Instar a la JCCM al cumplimiento de los compromisos económicos con la Universidad de Castilla-La Mancha a fin de garantizar las funciones básicas como son la educación superior, la investigación y la innovación.

• Manifestar el apoyo a las movilizaciones sindicales convocadas en Castilla-La Mancha contra los recortes en el ámbito de la educación obligatoria.

En Albacete a 22 de Septiembre de 2011.

Fdo:Concejal-Portavoz del grupo municipal de IZQUIERDA UNIDA