María Victoria Delicado Useros, Concejala-Portavoz del Grupo municipal de Izquierda Unida en el Excmo. Ayuntamiento de Albacete, al amparo del Art. 97 y siguientes del RD. 2568/86 de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación la siguiente:

MOCION

Hay alternativas frente a los recortes sociales.

En verano de 2008 presenciamos la quiebra de varias entidades financieras que lideraban el sector de inversiones en EUA, afectando los mercados financieros mundiales y con ello la mayoría de los estados europeos, entre ellos España. Paradójicamente, algunas agencias de calificación-las mismas que hoy califican la deuda de CLM como bonobasura- daban un sobresaliente al fondo de inversión liderado por Bernard Madoff y, cuatro días después se destapó el mayor fraude fiscal de la historia reciente. Con ello se inicia uno de los períodos de mayor desestabilidad económica en USA, que contagió a los mercados mundiales y, estos a su vez, han subordinado la autoridad de los gobiernos a sus intereses y directrices económicos.

En el plano nacional, esta “crisis” se agrava de manera vertiginosa, al conjugarse la misma con un desequilibrio laboral sin precedentes que copó el sector servicios, en especial la construcción, sin atender a mecanismos ni normas reguladoras, y que gozó del beneplácito de los dos principales partidos.

Han transcurridos 3 años desde tal estallido, y ya podemos constatar que se han producido cambios tan profundos y previsiblemente duraderos que seguir hablando de crisis pudiera resultar inapropiado. Cambios que tienen ver con el papel a los que parecen quedar relegados los gobiernos y, sobretodo, el estado de bienestar, o bajo una perspectiva más amplia, los pilares éticos y socioeconómicos sobre los que se sustenta nuestra sociedad e imaginario colectivo.

Hemos evolucionado hasta el punto de vincular más el crecimiento económico a transacciones financieras especulativas, que a la producción y consumo de bienes y servicios. Estas operaciones no están reguladas por país alguno, y se priorizan a la cobertura de las necesidades básicas de las poblaciones.

Antes de 2008, en una época de crecimiento económico se vislumbraba el escenario idóneo para el desarrollo de políticas de cohesión social, y para prevenir posibles riesgos, se consintió el desarrollo de operaciones económicas altamente vulnerables, que tras los macro indicadores invisibilizaban los riesgos asumidos por familias y PYMES. Estalla la burbuja, y comienza un proceso de destrucción masiva de empleos, dejándonos un panorama que todos conocemos, por lo que citaré solo un par de datos: 5 millones de parados, incremento de la tasa de pobreza hasta cerca del 22%, una tasa de personas en riesgo de exclusión social en Castilla-La Mancha del 20%.

Estos datos incrementan notablemente las desigualdades económicas y sociales de nuestro país, en donde el 20% de la población más rica en España ingresa 7 veces más que el 20% de la población más pobre, (11.9 veces si reducimos al 10% los extremos de comparación) y lo que es más, nos distanciamos a ritmo escandaloso si se nos compara con el resto de Europa. El panorama no es mucho más alentador en el plano social. Estas desigualdades sumadas a la conformación de políticas sociales precarias, las particularidades del mercado laboral español y la concentración del mercado laboral en sectores con poco valor añadido (construcción y servicios), dan como resultado la emergencia de focos de exclusión social en colectivos con población activa femenina, inmigrantes, jóvenes y adultos con bajo nivel de instrucción.

Existen claros indicadores que con el panorama económico actual vamos experimentando una regresión social y económica comparable con la gran depresión de los años 30. De continuarse estas desigualdades, los efectos colaterales no serian sólo la caída del estado de bienestar, sino que estaríamos confrontado la proliferación de situaciones graves, de desamparo, de malnutrición de niños/as, perdida de salud y/o la universalidad de la misma, de no integración de los colectivos desfavorecidos, y finalmente de crispación social.

La situación particular de nuestra región y provincia, no es mucho más alentador. Cada uno de los indicadores antes citados, se incrementan notablemente en la mayoría de los casos, a raíz de determinados criterios demográficos, industriales, económicos, y productivos.

Paradójicamente, la presidenta Cospedal acaba de anunciar la segunda fase del plan de garantía de servicios sociales básicos, que, entre otras cosas, contempla la privatización de la “gestión” de 8 de los hospitales de nuestra región, incremento de los centros que ofertan educación concertada, bajada de un 3% a los salarios de los funcionarios y la supresión de los fondos para proyectos de cooperación al desarrollo, políticas de igualdad, acción social e inmigración.

Conocemos también el anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria, con el que el gobierno regional aspira a cumplir los límites de déficit autonómico (impuestos en la constitución española por indicaciones del BCE y del tándem Merkel-Sarkozy, pretendiendo, en expresión del portavoz del PP, “conseguir crear empleo y generar riqueza”.

Habría muchos argumentos para estimar el efecto a corto y mediano plazo de estas medidas. Por un lado, está más que demostrado que la bajada de sueldo, los impagos y la desarticulación del tejido asociativo, ONGDs, Servicio de atención a inmigrantes, y servicios sociales en general, sólo provoca más paro, disminución del consumo y, de manera especial, desigualdad y exclusión social. Por otra parte, se contribuye a la desesperación y crispación de una parte importante de los ciudadanos trabajadores y receptores de servicios sociales básicos, ante la incertidumbre. En síntesis liquidar derechos sociales y ampliar el negocio mercado especulativo.

Con la excusa de la no viabilidad de algunos hospitales y centros públicos de nuestra región, Cospedal procede a privatizar su gestión, ampliándose así las posibilidades de negocio de grandes empresas que operan con criterios de maximización de beneficios privados a toda costa, con la consecuente degradación de las condiciones laborales del personal y de la calidad de los servicios prestados.

Desde IU, entendemos que existen alternativas factibles hacia horizontes de más igualdad y solidaridad. Sólo hay que poner en marcha políticas radicalmente distintas a las que hasta ahora se han asumido a pies juntillas como dogmas de fe. Ya nadie duda de que las medidas aplicadas hasta ahora han agravado la situación, por lo que seguir en la misma línea es avanzar hacia el precipicio.

Para reducir las desigualdades sociales, evitar la exclusión, impulsar el empleo y la inclusión social, se precisa mantener el gasto público. Si no queremos aumentar el déficit y la deuda pública se ha de aumentar la recaudación fiscal. Somos partidarios de no retroceder en los derechos de la gente. Hay que dar pasos adelante en organizar un sistema fiscal progresivo, que fortalezca la capacidad financiera del Estado para garantizar lo público, a través de impuestos progresivos a los que más tienen, la lucha firme contra el fraude fiscal y la aplicación de un IVA especial a los artículos de lujo, entre otras medidas.

Defendemos que las necesidades de financiación de las administraciones públicas no deberían estar maniatadas por el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, que restringe el déficit, el endeudamiento y la forma de financiarlo. Frente a unos bancos privados que se han quedado en exclusiva el negocio mafioso de financiar con usura a los Estados, es preciso volver a controlar las finanzas y el dinero por parte de la ciudadanía. Estas imposiciones nos llevan por la senda del autoritarismo disfrazado de gobiernos tecnócratas y el empobrecimiento por decreto.

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al pleno del ayuntamiento los siguientes acuerdos:

1. Instar a la JCCM a retirar el anteproyecto de ley de estabilidad presupuestaria, pues, si se mantienen los objetivos de déficit previstos, no se podrá garantizar la prestación de los servicios básicos esenciales.

2. Instar al gobierno regional a eliminar la bonificación del 95% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, introducida por el anterior Gobierno del PSOE de Castilla-La Mancha en 2008, lo que permitiría aumentar la recaudación en unos 50 millones de euros/año.

3. Instar al recién inaugurado gobierno central, a subir el tipo impositivo máximo en el IRPF desde el 44-45% actual hasta el 56% que había en 1978, cuando se creó este impuesto. Dicha subida del 11-12% permitiría un aumento de la recaudación sustancial, y por tanto, desterrar los recortes. Ese aumento del tipo impositivo del IRPF sólo afectaría a las familias con una renta anual superior a los 120.000 euros, por lo que podrían hacer frente a estos mayores impuestos sin ningún problema.

4. Instar al recién inaugurado gobierno central a la eliminación de la desgravación fiscal por planes de pensiones privados, que permitiría aumentar la recaudación impositiva del Estado entre 1.500 y 2.000 millones de euros/año.

En Albacete a 15 de diciembre de 2011

Mª Victoria Delicado Useros

Concejala-Portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Albacete.