La llegada del partido Popular al Gobierno central está significando un grave retroceso en los derechos a la salud sexual y reproductiva. Un retroceso inscrito en una escalada de recortes sociales sin precedentes en la democracia española. A la reforma laboral le siguen las graves limitaciones en el derecho a la salud de las personas dependientes, jubiladas, indocumentadas y la revisión de las prestaciones cubiertas por la cartera básica de servicios del sistema público de salud, hasta ahora universal. Estas reformas lesionan gravemente los derechos básicos y afectan de forma particular a los sectores más vulnerables.

Respecto al derecho a la interrupción del embarazo, aunque todavía no se han concretado las medidas, el ministro de Justicia ha reiterado un discurso en el que aboga porque la maternidad sea el destino central de todas las mujeres, al margen de su decisión, y en el que se anuncia la derogación de la Ley orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, para volver a una despenalización parcial del delito de aborto en determinados supuestos. Expresamos claramente nuestra indignación ante las afirmaciones del Sr. Gallardón en torno a la maternidad, considerándola destino forzoso, esencial y único para todas las mujeres, que les conduce a la plena realización como mujeres, sin importar mucho su decisión en ello. Estas ideas han sido utilizadas desde tiempos inmemoriales como justificación para restringir los derechos y libertades de las mujeres.

A las declaraciones de Gallardón se suman las de la ministra de Sanidad, Ana Mato, anunciando su intención de revisar la expedición sin receta de la píldora poscoital y de excluir de la cartera básica de servicios las interrupciones voluntarias del embarazo, dejando éstas de ser gratuitas.

Si esta propuesta del gobierno del PP se lleva a efecto, España se situaría en una de las regulaciones de aborto más restrictivas de la Unión Europea, alejándose aún más de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Parlamento Europeo (resolución 2001/2128 INI) y de las normativas de los países de nuestro entorno como un derecho dentro de unos plazos determinados. Una opción que dejaría en la desprotección más absoluta a muchas mujeres con embarazos no deseados y especialmente a las que están en situación de mayor vulnerabilidad social (por ejemplo las jóvenes de 16 y 17 años que no pueden obtener el consentimiento de sus tutores, o las que carezcan de recursos económicos, o las inmigrantes que no tengan acceso a la seguridad Social).

De nuevo, la decisión sobre si seguir o no adelante con un embarazo, no recaerá en las mujeres, sino en el personal médico y el poder judicial, y el aborto volverá a ser considerado un delito, salvo supuestos, lo que nos retrotrae a la inseguridad jurídica de mujeres y profesionales que existía antes de la entrada en vigor de la ley actual.

La vuelta a una legislación “de permisos” nos alejaría de la legislación mayoritaria en los estados más desarrollados y en la mayoría de los países de la Unión Europea, en los que la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada y se regula a través de la ley de plazos (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Portugal, Grecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, República Checa, Italia, Rumanía y Reino Unido). Sin olvidar que los órganos de supervisión de los tratados internacionales de la ONU vienen expresando claramente que los derechos humanos de las mujeres, como el derecho a la vida, a no ser objeto de discriminación, o a no ser sometida a trato cruel, inhumano y degradante, entre otros, se ven comprometidos cuando se implementan leyes y prácticas restrictivas y punitivas en relación al aborto.

La práctica del aborto demuestra que su número no depende de la forma en que éste se regule, sino sobre todo de la extensión y calidad de la educación sexual y de la facilidad de acceso a los métodos anticonceptivos. Diferentes informes de organismos internacionales y sociedades científicas confirman que las leyes restrictivas no reducen la tasa de abortos, pero sí aumentan los riesgos para la salud y la vida de las mujeres.

Las estrategias que atentan contra los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres son crueles, resultan fallidas y sólo se justifican en el empeño por limitar su derecho a decidir en un asunto tan importante para su vida.

Pero éste anuncio de reforma de la legislación sobre aborto no ha sido el único asunto en el que el Partido Popular pretende restringir libertades individuales para acomodar la normativa a su ideal de comportamiento social “como Dios manda”. Por ejemplo, persiste en su intención de suprimir el matrimonio entre personas del mismos sexos.

“Matrimonio igualitario, igualdad sin recortes” es el lema elegido por el movimiento gay para dirigirse a la sociedad este año con motivo del día del orgullo LGTB que hoy se celebra (28 de junio de 2012). La reforma del Código Civil que reconoció el matrimonio igualitario así como otros cambios legales supusieron un hito para la dignidad de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, dichas reformas no han perjudicado a nadie y sí han traído la felicidad a muchas personas, a muchas parejas, a sus hijas e hijos y sus respectivas familias extensas. Esta conquista NO TIENE MARCHA ATRÁS.

El recurso interpuesto por el PP por el matrimonio entre parejas del mismo sexo está siendo una auténtica espada de Damocles para decenas de miles de familias, familias que están compuestas por dos mujeres, dos hombres, por sus hijos e hijas, con sus respectivas familias extensas que incluyen a abuelos y abuelas, tíos y tías... que viven desde entonces en un clima de incertidumbre e inseguridad. Y ese no es el mejor contexto para desarrollar ningún proyecto de vida y, lo más importante, los de miles de niños y niñas que viven en esas familias.

Una gran mayoría de la sociedad es favorable al pleno reconocimiento de la dignidad y la igualdad para las familias que forman personas LGTB. Por ejemplo, el 71% de los y las jóvenes votantes del PP aceptan nuestro derecho al matrimonio. Es necesario que, además, esa mayoría se haga visible. Libre y democráticamente, de manera pacífica y respetuosa, con alegría, pero con toda la firmeza necesaria una mayoría social quiere unir su voz para mostrar, al Partido Popular, al Gobierno y al Tribunal Constitucional que las personas LGTB merecen la dignidad y la libertad de cualquier otra persona.

Por todo lo anterior, el Ayuntamiento pleno ACUERDA:

1º Instar al gobierno del PP a mantener la ley de salud sexual y reproductiva y a desarrollar todas las medidas que garanticen los derechos sexuales y reproductivos contenidos en la misma, en particular la educación sexual a jóvenes.

2ª Exigir al gobierno de Castilla-La Mancha que garantice todas las prestaciones sanitarias relacionadas con la salud sexual y reproductiva en la red pública sanitaria y, en particular, que la IVE se realice en los hospitales públicos de la región en los términos contenidos en la ley.

3º Solicitar al Partido Popular que reconsidere su política al respecto al matrimonio gay y retire el recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio igualitario.

4º Instar al Tribunal Constitucional a dictar cuanto antes sentencia sobre el recurso al matrimonio gay y a hacer una interpretación de la Constitución inclusiva y respetuosa con la diversidad familiar, como realidad social existente que aspira legítimamente a la dignidad y la felicidad.

En Albacete a 21 de Junio de 2012.

Mª Victoria Delicado Useros

Concejala Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Albacete