María Victoria Delicado Useros, Concejala-Portavoz del Grupo municipal de Izquierda Unida en el Excmo. Ayuntamiento de Albacete, al amparo del Art. 97 y siguientes del RD. 2568/86 de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación la siguiente:

MOCIÓN

Contra los recortes en la aplicación de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ley 39/2006 (LAPAD) supone el mayor avance en protección social en España en los tres últimos lustros, generando derechos subjetivos y habiendo dictaminado a más de un millón de personas en situación de dependencia, de los que 760.000 ya son beneficiarios de una prestación o servicio.

Sin embargo, cuando el Sistema de Atención a la Dependencia debería haber alcanzado su madurez, al cumplirse más de un lustro desde la aprobación de la Ley, está sufriendo un acusado proceso de deterioro que amenaza con dar al traste con todas las expectativas y el potencial que durante estos años ha generado en atención a las personas en situación de dependencia y en la creación de empleo. Este Sistema está siendo descuartizado a golpe de Real Decreto, generando inseguridad en las personas, en las instituciones e incluso en las empresas que actúan en el sector. A ello se une la persistencia y agravamiento de algunos de los problemas estructurales de este Sistema, en particular la inequidad entre territorios autonómicos.

Problemas que no sólo no se solucionarán, sino que serán agravados por lo que es, de hecho, una derogación encubierta de la Ley que va a reducir el Sistema a la mínima expresión, reduciendo sus costes y anulando este impulso de modernización del Estado con sus beneficios en la protección social y calidad de vida de las personas en situación de dependencia y sus familias, y también en convergencia con los países de nuestro entorno en cuanto al modelo económico y la generación de empleo.

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, publicado el 14 de julio de 2012, en lo referido al Sistema de Atención a la Dependencia contiene medidas que son desalmadas y crueles con las personas más vulnerables, al tiempo que son antieconómicas, por lo que la utilización en el texto legal de expresiones como “mejorar” o “sostenibilidad” son un insulto y una mofa hacia la sociedad en su conjunto y muy especialmente hacia las personas dependientes, sus familiares y hacia los/as profesionales del sector de los servicios sociales.

Entre las medidas adoptadas, destacan como especialmente retrógradas e injustificadas las siguientes:

-La ampliación a dos años el plazo para resolver las ayudas hará que decenas de miles de dependientes mueran sin atención (3 de 4 beneficiarios son mayores de 65 años y el 54% mayores de 80).

-El incremento de las aportaciones de los usuarios y los descuentos sobre las prestaciones a percibir, llevando al límite de la capacidad real las economías familiares. El copago incrementa de manera importante las aportaciones y afectará al patrimonio de las personas dependientes provocando la descapitalización de las familias.

-La eliminación de las compatibilidades entre servicios, que impide la complementariedad entre servicios y la necesaria flexibilidad y atención personalizada a las personas dependientes.

-La reducción de la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15%. El Ministerio se ha permitido incluso criminalizar a los familiares que atienden a las personas dependientes hablando públicamente de “fraude” en estas prestaciones, poniendo en duda la dedicación y el afecto que proporcionan cientos de miles de familiares de afectados/as en España. La reducción afecta a 435.180 personas que verán reducidas las exiguas prestaciones que reciben (alrededor de 400€) en unos 55 € al mes.

-Además el Estado deja de financiar la Seguridad Social de los cuidadores familiares que afecta a 180.000 personas, el 94% mujeres.

- En materia de financiación del sistema, se reduce el nivel mínimo en más de un 13%. A los 283 millones recortados del nivel acordado, debemos sumar otros 200 millones de reducción en el nivel mínimo garantizado y 227 millones de cuotas de seguridad social de cuidadores que se dejarán de abonar.

Todas estas medidas, además de suprimir niveles, bajar intensidades y eliminar incompatibilidades, suponen de manera inmediata un recorte de 1.000 millones de euros y la desatención a los más de 270.000 del “limbo de la dependencia“ – personas que se les ha reconocido el derecho y están pendientes de recibir la prestación o servicio- que no recibirán ayuda en los próximos dos años y medio por lo que se puede afirmar con absoluta desolación que el descuartizamiento de la Ley de dependencia supone el fin del mayor avance en protección social que se había producido en España en los últimos años.

Considerar inviable la promoción de la Autonomía Personal y Atención de la Personas en situación de dependencia que la Ley reconoce como un derecho, representa un paso atrás de dimensiones históricas en el concepto constitucional del Estado Social, cargando de nuevo sobre las familias, particularmente sobre las mujeres, el cuidado de las personas en situación de dependencia sin apoyo alguno y trasladando la cobertura de las necesidades más básicas de las personas a las iniciativas caritativas y solidarias de la propia ciudadanía. Eso es retroceder a las prácticas de épocas pre democráticas en las que predominaba el asistencialismo y la beneficencia frente al disfrute de derechos y su garantía pública, que eran signo inequívoco del retraso de España con respecto a países europeos de nuestro entorno con un estado de bienestar más avanzado y consolidado.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

1. Instar al Gobierno de España a que retire los últimos recortes impuestos a la LAPAD en el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero. En particular, se solicita que se mantenga la cotización a la Seguridad Social para las cuidadoras familiares, se mantenga en 6 meses el plazo para resolver las ayudas y se permita la compatibilidad entre servicios y prestaciones de acuerdo a las necesidades evaluadas de cada persona dependiente y sus condiciones de vida.

2. Instar al Gobierno Central para que deje sin efecto los recortes y la minoración de la aportación comprometida hasta la plena implantación de la Ley de Dependencia en 2015, que en los presupuestos generales del estado de 2012 ha sufrido una reducción por un valor de 283 millones de euros.

3. Que cualquier medida de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia que afecte a algunas de sus esencias, se lleve a cabo mediante su tramitación, debate y, en su caso aprobación en el Parlamento, sin utilizar el atajo de la modificación a través de Decreto. Y que se lleven a cabo con un nivel de consenso similar, al menos al que se logró en su aprobación.

4. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, así como a la Federación de Municipios y Provincias.

Albacete, 22 de agosto de 2012

Fdo.: María Victoria Delicado Useros

Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida