En los últimos años, y en especial desde la llegada del PP al gobierno regional, se ha desarrollado una estrategia del recorte del gasto en Educación cuyo objetivo último es la pérdida de calidad de la Educación Pública en beneficio de la privada y la concertada. Tales recortes conducen a perpetuar la desigualdad en una sociedad, no ofrecer las mismas oportunidades a toda la ciudadanía, dificultando el acceso a los/as hijos/as de las clases trabajadoras el acceso a ciertos estudios (superiores sobre todo).

Desde el curso 2011-2012, en Castilla-La Mancha se renuncia a la contratación de interinas e interinos que ha supuesto, entre los distintos niveles educativos, el engrosamiento de las listas del paro en más de 6000 profesores/as de los distintos tramos de educación obligatoria. De esta manera la educación pública, que ya estaba necesitada de inversión y mejoras antes del 2011, comenzó un periplo de pérdida de calidad con aumento de ratios de alumnado por aula, reducciones de desdobles y apoyos, aumentos de jornadas laborales, recortes en becas de transporte y comedor y un doloroso y casi interminable etcétera.

A estos recortes en los distintos niveles educativos se han sumado un aumento de las tasas universitarias (en promedio un 16% en el último curso) acompañado por una reducción del número de becas y de las cuantías a percibir. Estas medidas, tomadas además en un contexto de terrible crisis económica, suponen la práctica expulsión de un importante porcentaje de alumnado de las aulas de las universidades españolas entre ellas de nuestra UCLM. De esta manera, los/as hijos/as de las capas trabajadoras no podrán terminar sus carreras o, en otros casos, ni se plantean comenzarlas al no poder asumir los costes que acarreará a las familias (matrículas de hasta 2.000€) que, en muchos casos, ya luchan contra otras medidas económicas que les impiden llegar a fin de mes.

En este contexto, el Gobierno del Sr. Mariano Rajoy ha aprobado y publicado en el BOE de 19 de Agosto de 2013 la “Resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para el curso académico 2013-2014, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios” que regula la convocatoria de becas y ayudas al estudio para el curso que viene.

La resolución esconde, además de la desaparición de la beca de transporte (que concedía una cantidad variable dependiendo del desplazamiento dentro de la misma región), una compleja fórmula que hace imposible saber la cantidad que percibirá el alumnado. De esta manera, las becas quedan partidas en una parte fija que sí es conocida y otra variable con un mínimo de 60 euros y cuya cuantía estará vinculada a diversas variables (cantidad de becarios, notas, renta, disponibilidad presupuestaria…) todo encubierto en una fórmula matemática indescifrable.

Esta modificación endurece los requisitos académicos de acceso a las becas: si bien se mantiene en el 5,5 (ampliado el año pasado del 5 habitual) para la beca de matrícula, se exige el aumento de esa nota hasta el 6,5 para poder ser beneficiario de una beca de residencia o renta. Además, se incluye la posibilidad de que el alumnado tenga que devolver la beca si no cumple con algunos requisitos académicos (entre ellos aprobar más del 50% de los créditos). Con tales modificaciones, diversos expertos y sindicatos, estiman que se perderán un tercio de las ayudas de años anteriores. Desde IU consideramos que el anterior sistema de becas era mejorable, pues era insuficiente, no tomaba en cuenta circunstancias como el lugar de residencia del becario (pues no es lo mismo vivir en Madrid que en Cuenca) o la carrera (pues no es lo mismo aprobar en ingeniería que en magisterio) y las becas de movilidad eran ínfimas (150 € al mes daba el ministerio a un Erasmus).

El propio ministro Wert reconoció que la reducción de beneficiarios de ayudas es «importante» y que se debe, fundamentalmente, a que las administraciones autonómicas «se han visto obligadas» a eliminar este tipo de prestaciones para material escolar o para la exención de tasas a familias de tres hijos, atendiendo a la exigencia de reducción del déficit. Una vez más prevalecen los intereses económicos a las necesidades sociales.

Los datos de la Universidad de Castilla-La Mancha del año pasado son demoledores. Se matricularon 1300 alumnos menos (este año no se conocen todavía datos oficiales pero bajará el nº de matriculados), a los que hay que sumar 377 que no pudieron abonar el segundo plazo de matrícula. Detrás de estos datos están las dificultades económicas de las familias para hacer frente a unas tasas de matriculas que crecieron desorbitadamente el pasado curso.

Hace pocas semanas hemos conocido la propuesta de la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades solicitando donaciones privadas para amortiguar los recortes de la administración a la financiación de la Universidad Pública. Aún siendo comprensibles con la buena voluntad de la presidenta de la CRUE, a nuestro entender, tal acción supone sustituir los derechos fundamentales por la caridad y convertir a las Universidades en cómplices sumisos de las políticas de recortes del Partido Popular. En el Plano regional la UCLM se comprometió a crear un fondo para ayudar a los alumnos con dificultades económicas, pero lo de apadrinar a un universitario, en opinión de IU y de algunos sindicatos, como se lanzó en la Universidad de Málaga, es retroceder 50 años en educación.

Es inaceptable que debido a las políticas de recortes en educación de los gobiernos del PP tenga que ser la caridad la que sustituya a la justicia social y el mecenazgo privado sea el recurso de financiación de los estudiantes excluidos por las políticas de recorte del PP en la Universidad Pública española. Hay que denunciar que las políticas de recortes sistemáticos en derechos sociales permiten destinar el dinero público de nuestros impuestos a rescatar entidades bancarias y financieras responsables de la actual crisis, que están presentando balances multimillonarios, mientras en nuestro país crecen las desigualdades sociales, y no se atienden adecuadamente las necesidades sociales básicas de nuestra sociedad como es la educación.

Para IU, los recortes en el ámbito universitario aunado al nuevo decreto que regula las concesiones de las becas, siguen dificultando el acceso a la universidad a gran parte de la sociedad castellano manchega, suponiendo un nuevo retroceso (unido al abandono de la I+D+I) en las necesarias medidas para salir de la crisis: cambio de modelo productivo e inversión en nuevos sectores ligados al conocimiento y la innovación, a la vez que se opta por cualificar a los jóvenes para hacer nuestra economía más competitiva. Estos recortes en financiación universitaria demoran la salida de la crisis, estancan a nuestro país en la recesión e incrementan la desigualdad, excluyendo a las capas mas desfavorecidas y, si cabe aún más, desvirtúan por completo el papel de la educación como factor de movilidad social, garante de la igualdad de oportunidades y favorecedora de la inclusión social.

Pero hay alternativas para este escenario. Alternativas que ya se han puesto en funcionamiento y son de diverso tipo: en la UCLM CCOO impulsó en julio pasado una campaña para hacer frente a las matrículas de quienes no pudieron pagar el segundo plazo; el rectorado estudia fórmulas para no anular estas matrículas y, en algunos municipios, se establecen líneas de financiación a sus universitarios con dificultades. Por ejemplo, en municipios como Alameda (Málaga), donde el consistorio ha salido al paso de los recortes a proteger a sus vecinos y familias, asumiendo el pago de las becas a aquéllos conciudadanos que las han perdido por las medidas adoptadas por el ministerio.

En Izquierda Unida somos conscientes de que no son los Ayuntamientos los que tienen que asumir estos costes, sino que debe exigirse a nuestros dirigentes regionales y nacionales que cambien su estrategia de recortes, y, entendemos que este tipo de ayudas es una medida excepcional que puede suponer un gran alivio para muchos jóvenes de nuestra ciudad y pedanías.

La sociedad civil y toda la comunidad universitaria han de exigir que se pongan los recursos del estado al servicio de todos y todas y que no se hipoteque el futuro de la mayoría en atención a los intereses de unos pocos.

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Albacete insta al Gobierno de Castilla La Mancha y al gobierno central a la retirada de todas las medidas que han supuesto un retroceso de la Educación pública, de su calidad y de su financiación.

SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de Albacete solicita al gobierno central la retirada de la modificación del Decreto de Becas publicada el 19 de agosto, manteniéndose los requisitos de acceso a las becas universitaria del curso anterior.

TERCERO.- El Pleno del Ayuntamiento de Albacete se compromete a tomar medidas económicas excepcionales para corregir la falta de becas a estudiantes albaceteños/as que quedarán excluidos por los recortes en el ámbito universitario, adjudicando una beca municipal a todos aquéllos que serían perceptores de las mismas con las condiciones anteriores al nuevo sistema de becas. Este acuerdo se concretará en la creación de una partida presupuestaria para los presupuestos del 2014 y la elaboración de unas bases que regulen el acceso y la concesión de las becas.

CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento de Albacete propondrá, en colaboración con otras administraciones y actores, la creación de un Observatorio de la Educación Pública en Albacete que detecte necesidades y proponga medidas para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación pública en las etapas obligatorias así como en la enseñanza universitaria, con el objetivo de que las familias sin recursos no sean expulsadas del sistema educativo y la oferta pública mejore en cobertura, calidad y educación integral.

QUINTO.- Dar traslado a la Consejería de Educación, al Ministro de Educación, al Consejo de Gobierno de la UCLM, a los representantes de la comunidad educativa y al Consejo Escolar Municipal de los acuerdos tomados en los puntos anteriores.