El Gobierno del Estado presentó el 13 de septiembre un anteproyecto de ley por el que se desvincula el aumento anual de las pensiones del IPC, y en el que se establece para su revalorización una cláusula “suelo” del 0,25% y un “techo” del IPC más el 0,25% (al parecer cambiará del 0.25 al 0.50% dependiendo de la bonanza de la economía).

El propio Gobierno, ya apunta que en los próximos nueve años las pensiones sólo se incrementarían el 0’25% anual, muy por debajo del 2% en que subirá el coste de la vida, de acuerdo con las previsiones del Banco Central Europeo para la Zona Euro. Esto supondría una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones del 15’75 %, siempre que la inflación no supere ese 2% anual, estimación bastante improbable, pues la media de estos años pasados ha estado en torno al 3%.

Este proyecto, prevé un aumento de las pensiones equivalente al IPC más el 0,25% en los ejercicios o años con superávit. Aunque parezca un sarcasmo, se necesitarían más de siete años de incremento continuado de las pensiones para recuperar el poder adquisitivo perdido en un solo año malo o con déficit.

El factor de equidad intergeneracional, que completa la propuesta de reforma, y que entraría en vigor en el año 2019, se basa en la previsión del crecimiento de la esperanza de vida, a partir de los 67 años, aplicándose una fórmula que disminuirá la pensión inicial cada cinco años.

La pensión media actual apenas alcanza los 800 euros mensuales y miles de pensionistas están muy por debajo de esa cantidad. Más del cincuenta por ciento no sobrepasa los 700 euros y el 25 % de las pensiones contributivas –así como el total de las no contributivas- están por debajo del umbral de la pobreza.

El gasto imparable de la luz, el gas, el agua, el transporte y la cesta de la compra, al que hay que sumar el copago sanitario, que incide especialmente en los pensionistas, devaluando aún más su mermado poder adquisitivo. La reforma que propone el gobierno agravaría notablemente esta situación, hasta condenar a la miseria a una buena parte de las y los pensionistas.

El Gobierno justifica su reforma, no como consecuencia de la crisis actual, sino basándose en la inviabilidad del sistema debido al supuesto aumento de la población jubilada, al pretendido crecimiento de la esperanza de vida, al descenso de la población activa y a la bajada continua de la natalidad.

Sin embargo, el déficit actual de la Seguridad Social no obedece a esas causas sino a la recesión económica actual que ha provocado el aumento del paro y los recortes de los salarios, así como a las exenciones empresariales en materia de cotización.

La política económica del Gobierno es la responsable del aumento del paro y de las reducciones salariales, por la reforma laboral y la pérdida de empleo público. Todo ello en aras de la privatización de los servicios y del ahorro del gasto para destinarlo al pago de la deuda contraída para salvar a los bancos y a las grandes empresas.

De llevarse a cabo éste proyecto de reforma, las pensiones adquirirían un carácter benéfico en lugar de derecho adquirido, mediante el pago de las cotizaciones durante la vida laboral. Esto es para tratar de complementarlo con planes privados de pensiones para la minoría que pueda pagarlos.

ANALISIS Y ALTERNATIVAS A LA REFORMA LAS PENSIONES SON UN DERECHO CONSTITUCIONAL

El Sistema Público de Pensiones es uno de los mejores logros del Estado Social, recogido en la Constitución del Estado, no podemos permitir que lo destrocen. Recibir una pensión digna es un derecho constitucional y un derecho garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por ello no podemos dejar de denunciar enérgicamente la nueva reforma de las pensiones públicas que prepara el Gobierno, ya que supone un nuevo engaño a los ciudadanos para favorecer a entidades bancarias y aseguradoras, por ello:

1. Denunciamos que esa reforma se hace en el peor momento, con argumentos falsos y sin participación de la sociedad, y solo dirigida a rebajar una vez más las pensiones. Disminuir aún más el nivel de vida en medio de una crisis como esta y hacer ver a una parte tan numerosa de la población que seguirá bajando en el futuro es todo lo contrario de lo que conviene hacer para recuperar la confianza y el consumo imprescindible para salir de una recesión.

2. Denunciamos ante la opinión pública que es falso que una mayor esperanza de vida sea lo que ponga en peligro el futuro de las pensiones.

Es verdad que en los próximos años habrá más personas jubiladas y, en proporción, menos empleadas, pero no es cierto que de ahí se pueda deducir que inevitablemente se producirá un desequilibrio financiero de la Seguridad Social que impedirá pagar las pensiones, salvo que se reduzca su cuantía desde ahora, como se propone.

El equilibrio financiero depende no solo del número de pensionistas y empleados y de la magnitud de las pensiones, sino de otros factores de los que no se habla cuando se propone rebajar las pensiones:

a. Del empleo, pues cuanto mayor sea el número de empleados más ingresos recibirá la Seguridad Social.

b. De la productividad, pues a medida que aumenta (como viene sucediendo en los últimos años), se puede obtener más producto e ingresos para financiar las pensiones.

c. Del nivel de los salarios y, por tanto, de la participación de los salarios en los ingresos totales, pues cuanto mayor sea ésta más grande será la masa salarial que habrá para financiar las pensiones.

d. De la extensión de la economía sumergida, pues cuanto más pequeña sea más cotizantes habrá y, en consecuencia, también más ingresos para la Seguridad Social.

Por lo tanto, no es cierto que lo que pone en peligro el futuro de las pensiones sea que, afortunadamente, aumente la esperanza de vida sino el aumento del paro, la especialización de nuestra economía en actividades de bajo valor y poco productivas y la desigualdad que hace que los salarios tengan cada vez menos peso en el conjunto de las rentas. Es decir, lo que viene ocurriendo como consecuencia de las políticas neoliberales que han aplicado los gobiernos en los últimos años siguiendo las directrices de la Unión Europea y, en particular, como consecuencia de la respuesta que se está dando a la crisis cuyo único propósito es el de favorecer a los bancos y a las grandes empresas y que está produciendo, precisamente, todo estos fenómenos: aumento del paro y de la desigualdad.

Si se logra aumentar el empleo, si conseguimos que la productividad aumente en los próximos años simplemente lo mismo que aumentó en los últimos decenios y si frenamos el proceso creciente de desigualdad en el reparto de la renta, España podrá hacer frente sin dificultades al mayor gasto en pensiones que lógicamente se producirá en los próximos años.  

3. Denunciamos que se está difundiendo de manera deliberada un mensaje engañoso y catastrofista sobre el futuro de las pensiones.

El engaño que llevan consigo las predicciones catastrofistas con las que se justifican los recortes es patente si se tiene en cuenta que el último informe de la Unión Europea sobre envejecimiento prevé que España llegue a un máximo de gasto en pensiones de algo más del 14% en 2050. Se dice que es un porcentaje excesivo pero se oculta que otros países ya lo han alcanzado en la actualidad. Asumir que Francia o Italia puede dedicar hoy día el 15 o 16% de su PIB a pensiones y que España no podrá dedicar más o menos esa misma proporción en 2050 o es de un irrealismo sospechoso o es aceptar sin más que el paro alcance niveles impensables y que los salarios españoles van a ser mucho peor que tercermundistas en los próximos años. Pero, en ese caso, resulta también completamente cínico y falso culpar de la crisis futura que puedan tener las pensiones al aumento de la esperanza de vida.

4. Denunciamos que quienes ahora dicen saber lo que ocurrirá con las pensiones dentro de treinta años no han acertado nunca en las predicciones hechas anteriormente.

Ninguno de ellos acertó en ninguno de sus estudios en los que asustaban alegando que habría déficit del sistema de pensiones en 1995, 2000, 2005 o 2010. A pesar de lo cual, eran de nuevo contratados por los bancos y aseguradoras para que los repitieran para otros años, volviendo siempre a equivocarse y ahora vuelven a presentarse como si ellos fueran los que saben lo que hay que hacer para hacer frente a los problemas del futuro.

5. Denunciamos también que la propuesta de aumentar la edad de jubilación para todos los grupos de trabajadores sin distinción es tremendamente injusta.

Sabemos sin lugar a dudas que las personas de mayor renta y de cualificación profesional más elevada tienen mayor esperanza de vida (en España hay una diferencia de casi 10 años entre lo que vive por término medio la persona de renta más alta y la de más baja). Por tanto, imponer que todos se jubilen a la misma edad significa obligar a que las personas de renta más baja financien de modo desigual las pensiones de las de rentas más altas, y también prolongar injustamente la vida laboral de quienes desempeñan actividades más molestas, insalubres o peligrosas. Tratar igual a los desiguales, como pretende el Gobierno con esta nueva reforma, es una injusticia inaceptable.

6. Denunciamos que el grupo "de sabios" que ha elaborado la propuesta solicitada por el Gobierno ha tenido una composición claramente sesgada y muy poco independiente.

La inmensa mayoría de ellos ha tenido o tiene una evidente vinculación con entidades financieras o de seguros que es obvio que van a beneficiarse de una eventual rebaja en las pensiones y de un aumento de la suscripción de planes de ahorro privados.

7. Denunciamos que a pesar de que el Gobierno dice preocuparse por el equilibrio financiero del sistema de pensiones no toma nada más que la medida de recortarlas para alcanzarlo.

Concretamente, el Gobierno no adopta las decisiones que podrían aumentar los ingresos, no solo haciendo otras políticas que podrían aumentar el empleo o reducir la desigualdad, sino otras más inmediatas como impedir que se pacten jubilaciones forzosas, la prejubilación de iniciativa autónoma sin causa objetiva y los despidos en edad de posible jubilación anticipada o, por otro lado, revisar la baja cotización de casi cuatro millones de personas que se encuentran en los regímenes especiales y los niveles mínimos y topes máximos de cotización que suponen una fuga inmensa de recursos.

8. Denunciamos que se oculta a los españoles, que las cotizaciones sociales no son necesariamente la única vía de financiación de las pensiones públicas.

Como ya ocurre en otros países, en casos de crisis o de insuficiencia de las cotizaciones el sistema se puede financiar con recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y se oculta también que se pueden obtener muchos más ingresos públicos para ello y para otros fines si se reforma el sistema fiscal para hacerlo más equitativo y eficaz y si se combate de verdad el fraude fiscal, en lugar de reducir constantemente los medios dedicados a su persecución.

9. Denunciamos que lo que se pretende con las reformas que se realizan de las pensiones públicas es promover la gestión privada de los recursos de la Seguridad Social.

Es evidente que difundir continuamente informes catastrofistas, estudios sesgados y predicciones terribles sobre el futuro de las pensiones públicas solo puede tener una consecuencia: que cada vez más gente desconfíe del sistema público y trate de asegurarse el futuro mediante planes de ahorro privado. Ese es el negocio que buscan las entidades financieras, pero se oculta a la población que la mayoría de los trabajadores no podrá ahorrar lo suficiente, que esos fondos son muy inseguros y peligrosos, y que solo son rentables gracias a las desgravaciones fiscales que los siempre enemigos de lo público reclaman para que las pensiones privadas puedan resultarles un negocio suculento.

10. Denunciamos la complicidad de los gobiernos con estos intereses, por no abrir un debate público, transparente y plural sobre el futuro auténtico de las pensiones públicas y por doblegarse ante quienes vienen imponiendo las políticas que crean el paro, la concentración de la riqueza y el empobrecimiento productivo que las pone realmente en peligro.

Por todo ello, pedimos a la opinión pública que no se deje engañar por argumentos interesados que solo buscan obtener aún más ganancias, en este caso gestionando los fondos que ahora maneja la Seguridad Social.

Somos plenamente conscientes de que nuestras pensiones públicas corren un grave peligro pero, como hemos dicho, no por las razones que se aducen sino justamente por las que se callan. Sabemos que el más lento envejecimiento aumentará nuestro gasto y que eso requiere disponer de más recursos, pero la solución no puede ser reducir la cuantía de las pensiones, sino determinar cuántos nuevos recursos se van a necesitar y a continuación poner sobre la mesa la forma en que hemos de generarlos. Tiene que ser así porque también sabemos con certeza que no todas las personas pueden financiarse ahorro privado para cuando lleguen a la vejez y que sin pensiones públicas casi siete de cada diez pensionistas estarían ahora o estarán en el futuro en situación de pobreza severa.

En base a todo lo anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Albacete propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

1. Manifestarnos en contra del proyecto de ley de reforma de las pensiones públicas, presentado en el Consejo de Ministros del 13 de septiembre del 2013.

2. Solicitamos la apertura de un debate público, transparente y plural sobre el futuro autentico de las pensiones para que estas no se financien exclusivamente por la Seguridad Social, y diversifique su financiación con los Presupuestos Generales del Estado.

3. Reclamamos con toda firmeza otra política económica que tenga como base la potenciación del empleo, la productividad, la participación de los salarios en los ingresos totales, la erradicación de la economía sumergida, la reforma del sistema fiscal y la potenciación de la lucha contra el fraude fiscal.

4. Instar al Gobierno a que se mantenga, ahora y en el futuro, el poder adquisitivo de las pensiones de acuerdo con el IPC.

5. Poner éste acuerdo en conocimiento de todos los grupos parlamentarios del Congreso, así como a las organizaciones representantes en el Pacto de Toledo.