El anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana aprobado por el Gobierno de Rajoy hace 10 días está despertando la alarma y el rechazo de buena parte de la ciudadanía, de muchas organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos y medios de comunicación. Lleva camino de convertirse en una de las más rechazadas de esta legislatura junto a la reforma educativa de Wert. A la oposición casi total en el Congreso hay que añadir la alarma del Consejo de Europa y la crítica generalizada entre organizaciones y colectivos sociales que ven peligrar el marco de libertades y derechos políticos vigente en nuestro país. En las críticas se resalta el endurecimiento de las penas y sanciones económicas por actos de protesta y desobediencia y la limitación el derecho de reunión.

El Ministerio de Interior ha presentado este anteproyecto de ley de seguridad ciudadana, reforma de la anterior “Ley Corcuera”, como instrumento de contención del rechazo popular a las políticas de austeridad, recortes y retroceso de libertades. El ejecutivo quiere aprovechar de nuevo su mayoría absoluta para blindar sus actuaciones políticas con el fin de reprimir la contestación social creciente de manera directa. Además, indirectamente, mediante las sanciones administrativas y multas, también se pretende recaudar y castigar económicamente a las clases populares que se movilizan.

Con esta iniciativa legislativa el gobierno avanza en sus acciones de criminalización de la protesta como estrategia para evitar las protestas por los recortes antisociales que están llevando a cabo. El rechazo a la mayoría de sus iniciativas es generalizado y el gobierno quiere mediante coacciones reprimir cualquier atisbo de protesta, indignación y resistencia.

En nuestra ciudad son ya varias decenas de activistas, miembros del tejido asociativo y político, los multados o notificados de inicio de expediente sancionador, la mayoría de ellos, por el mero hecho de asistir a concentraciones y manifestaciones contra los desahucios, los recortes o como contestación social a las políticas que se adoptan en los últimos años. Cabe destacar que la cifra se dispara en la región a casi 300 personas sancionadas o multadas por los mismos motivos.

Dentro de esta estrategia represiva se enmarca el proyecto de modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana que ha sido dado a conocer por diferentes medios y que ya ha sido calificado por jueces, fiscales, abogados, sindicatos y distintas organizaciones sociales y política como represiva y criminalizador.

En este contexto, la Coordinadora “Paremos la Criminalización de la Protesta Social” ha considerado que este anteproyecto de ley orgánica trata de arruinar a quienes protestan, mediante brutales multas que pueden alcanzar los 600.000€. El gobierno del PP no va a dudar en reforzar la impunidad policial y en asfixiar económicamente a las personas que protestan. Valga como ejemplos los siguientes contendidos de la propuesta legislativa: se empezarán a considerar faltas muy graves la comisión de tres faltas graves en el plazo de dos años; las manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante espacios, que tengan la consideración de infraestructuras críticas, serán sancionadas con multas entre los 30.001 y los 600.000 euros. Entre las faltas graves, podemos encontrar actos como participar en manifestaciones con pasamontañas, gorras, máscaras y cualquier otro elemento que dificulte a los agentes de policía la identificación de las manifestantes y las protestas ante instituciones oficiales sin autorización. También aparecen multitud de faltas leves que supondrán multas de entre 100 y 1.000 euros, como la grabación y divulgación de imágenes de las actuaciones policiales, que según el texto legal que contiene el borrador del anteproyecto de ley, atenten contra el honor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Cabe destacar como medida represiva y coercitiva la disuasión penal que el PP pretende llevar a cabo, considerando diversas faltas y delitos que están tipificados en el Código Penal como parte del derecho administrativo sancionador. Tal situación implicaría la eliminación de las garantías procesales y legales, pues tales sanciones se aplicaran de forma directa, sin necesidad de un juicio. Mediante esta reforma el ejecutivo del PP pretende tener el control total y absoluto de la limitación a los derechos de libertad de expresión, de manifestación y reunión, negando la separación de poderes y otorgando a las administraciones públicas que ellos mismos controlan la potestad sancionadora.

Desde Izquierda Unida queremos mostrar nuestro desacuerdo y rechazo a una ley totalmente injusta y con una serie de características que solo pueden describirse como antisociales, coercitivas y que atentan contra la libertad de la ciudadanía. Podemos hablar, por tanto, de una ley de represión ciudadana de la que nos manifestamos radicalmente en contra, ya que no podemos tolerar la violación continuada de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española y en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y en definitiva, de los derechos de ciudadanía.

En base a todo lo anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Albacete propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:

1. El Pleno del Ayuntamiento de Albacete muestra su rechazo absoluto al contenido del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana por entender que supone un atentado a los derechos fundamentales y que busca criminalizar la protesta para evitar una contestación social.

2. Pedir la supresión de los expedientes sancionadores incoados por la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha y las subdelegaciones provinciales a manifestantes que han participado en protestas pacíficas en el ejercicio de sus derechos y libertades.