Exposición de Motivos

La reciente aprobación por el Consejo de Ministro de La Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; supondrá el desmantelamiento efectivo del cuarto pilar sobre el que se sustenta el maltrecho Estado del Bienestar Social en nuestro país.

En particular, nos referimos al Artículo Primero, base ocho, que da una nueva redacción al Artículo 25.2.e de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las bases de Régimen Local sobre competencias de los ayuntamientos, y específicamente de los Servicios Sociales. Tras esta nueva redacción, tal artículo genera incertidumbre y preocupación social, cuando señala que la única competencia propia de los Ayuntamientos en este ámbito será, “la evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.

LOS AYUNTAMIENTOS SERAN MEROS EVALUADORES Y DERIVADORES DEL RIESGO Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

A tenor de este redactado, conviene señalar, que no se menciona el Sistema de Servicios Sociales como una competencia propia de las corporaciones locales. La nueva Ley ignora cómo se ha configurado este sistema en los últimos treinta años en España y que ha adquirido identidad suficiente para ser reconocido como un instrumento fundamental de nuestro Estado del Bienestar.

En la actualidad, los Servicios Sociales Municipales deben ser una parte fundamental del Estado social y de derechos definido por nuestra Carta Magna, junto con el sistema de pensiones, sanidad y educación. La Constitución los enmarcó como una competencia autonómica, por tanto no existe un marco estatal que los defina, a diferencia de los otros sistemas, descentralizados de una forma o de otra, pero siempre con una legislación básica estatal; es decir, es el único sistema donde no hay una cartera de servicios mínimos definida que establezca la extensión e intensidad de la protección; sin embargo, los servicios sociales han adquirido su máxima visibilidad e implantación a través de las corporaciones locales.

DENUNCIAMOS LA CREACIÓN DE UN ESTADO ASISTENCIAL DE BENEFICIENCIA

A partir de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se disparan todas las alarmas. Denunciamos el intento de dibujar un Estado Asistencial basado en la Beneficencia y no de derechos sociales; un Estado en el que los derechos sociales de ciudadanía no quedan garantizados, por la imposición de políticas públicas alejadas del ciudadano/a. La participación ciudadana en la creación, gestión y evaluación de los servicios sociales desaparece. La fortaleza en la proximidad de los servicios y la mejora de la gobernanza se elimina; quedando las personas y familias en manos de unas administraciones (Diputaciones y Comunidades Autónomas) que no conocen ni su realidad ni sus necesidades; en las que no participan directamente, y a las que, como en el caso de las Diputaciones, no han votado.

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PODRÁN NO DELEGAR LOS SERVICIOS SOCIALES. AUMENTA Y SE INSTITUCIONALIZA LA DESIGUALDAD ENTRE LOS CIUDADANOS

En la actual Ley se observa que en el único punto del articulado donde se hace referencia a los Servicios Sociales de forma clara y directa, es en el articulo 26, donde se estipula que: “la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar,…, en los Municipios de más de 20.000 habitantes, entre otras, las siguientes competencias: apartado -c. Prestación de los servicios sociales…”.

Las políticas sociales de Atención Primaria no pueden depender de la voluntad de delegar o gestionar que tengan, en cada momento, cada una de las Comunidades Autónomas y/o Diputaciones que configuran el Estado. Esta medida supone, además, una recentralización de la atención social a la ciudadanía, la pérdida de capacidad de proyección social futura de los municipios, dejando la cohesión social que tanto depende del territorio en manos de actores ajenos a la misma.

No estamos ante una cuestión meramente terminológica. El cambio en la definición de la prestación supone un cambio en el modelo de gestión; transitar de la “prestación de servicios sociales y promoción y reinserción social” (ley 7/85 de Bases de Régimen Local, Art.25.2), a la “evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social” (nueva redacción).

Esto implica dejar por el camino un modelo eficiente que garantiza los derechos sociales de los ciudadanos. Nada positivo parece sugerir este cambio.

NO CONSENTIREMOS QUE SE TIREN POR LA BORDA LOS LOGROS CONSEGUIDOS

Los municipios han demostrado con creces, en los últimos treinta años, su responsabilidad institucional y su capacidad de gestión en términos de pertinencia, eficacia y eficiencia; al mismo tiempo que, por su proximidad a los/as ciudadanos/as y su especial sensibilidad en la atención a los colectivos sociales más vulnerables, contribuye a garantizar los derechos sociales en nuestro país.

Es justo reconocer que contamos con la experiencia suficiente y con un personal técnico formado, competente y eficaz, para mantener el sistema municipal de Servicios Sociales. No tiene sentido, ni desde el punto de vista de la rentabilidad económica ni de la cohesión social, el desmantelamiento del sistema de servicios sociales de atención primaria y comunitaria. No es el momento de tirar por la borda los logros conseguidos.

El Gobierno está destruyendo el sistema de servicios sociales en su red básica, a pesar de que este sistema es más eficiente en el ámbito local que en el autonómico. No hay detrás de ello ni un razonamiento económico científico serio, ni un análisis pormenorizado de los impactos reales en la población.

Las comunidades autónomas no podrán asumir todos esos servicios. Que nadie se equivoque, estos servicios no se privatizarán, simplemente desaparecerán. Esto no es la sanidad. Atender a millones de personas empobrecidas en sus necesidades básicas NO ES NEGOCIO. Eso si, se abrirán de par en par las puertas de la limosna tranquilizadora de conciencias y de la beneficencia más rancia.

Cuando en pocos años surjan entornos urbanos tremendamente degradados y llenos de miseria, los ayuntamientos no tendrán ninguna capacidad de respuesta, ni preventiva, ni paliativa, mas allá de la respuesta policial.

PROPONEMOS

En consonancia con las propuestas formuladas por los actores y agentes sociales significativos, ante la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, los representantes del grupo municipal de Izquierda Unida, proponemos a la sociedad y a los poderes públicos en particular, lo que consideramos debería ser el mínimo irrenunciable en la expresión de los Servicios Sociales Municipales.

Compete a los Ayuntamientos, por sí solos o agrupados, a través de un nuevo sistema de financiación municipal adecuado y suficiente, el nivel de atención primaria, que debería de integrar, como mínimo, la siguiente cartera de prestaciones:

- Información, valoración, orientación, asesoramiento y diagnóstico de situaciones de necesidad.

- Ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia.

- Ayudas económicas de emergencia social.

- Intervención y mediación familiar.

- Prevención, intervención e inserción, dirigida a personas, familias, grupos y colectivos en riesgo o situación de exclusión social.

- Acompañamiento en los itinerarios de inclusión social.

- Adopción de medidas de protección de menores en situación de riesgo.

- Atención primaria a mujeres victimas de violencia de género.

- Atención primaria a la tercera edad y discapacitados. Gestión de la Atención a la Dependencia.

- Alojamiento de urgencia.

- Servicios de promoción y dinamización comunitaria, y voluntariado social.

Por ello, el GRUPO MUNICIPAL DE IU presenta la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

1. Reafirmar la autonomía local y la trascendencia del papel de los Ayuntamientos en defensa de la protección social, la igualdad de oportunidades, la democracia y la calidad de vida; políticas públicas que han permitido vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad para la ciudadanía.

2. Solicitar la modificación o la retirada por parte del gobierno de la Ley 27/2013, de 27 de Diciembre para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y afrontar una reforma de la administración local que garantice una financiación municipal adecuada y suficiente, y la autonomía municipal para, desde la cercanía, prestar servicios públicos básicos a los ciudadanos.

3. Manifestar y transmitir al resto de Ayuntamientos del Estado, nuestro reconocimiento y apoyo por la labor de defensa de los derechos sociales de ciudadanía, por mantener las políticas de desarrollo socio-económico sostenible en el territorio y por mejorar la cohesión social.

4. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, y a los Grupos Políticos del Congreso y de las Cortes Regionales, a la Junta de Gobierno de la FEMP, así como a los colectivos profesionales que representan a la/os trabajadora/es. de los servicios sociales (Colegios Profesionales, Asociaciones de defensa de servicios sociales, etc.).