Exposición de Motivos

La actual situación de crisis socioeconómica que presenta España no ha hecho más que agravar las condiciones de las capas más desfavorecidas y en especial la de los colectivos que presentan serios factores de riesgo, como es la población inmigrante. En determinados escenarios muchas veces se les culpabiliza como responsables de la escasez de los servicios públicos y de abusar de los servicios sanitarios como, en determinadas ocasiones, hemos oído en el discurso oficial de algunos miembros del equipo de gobierno.

En este contexto, se enmarca la reforma del sistema de salud del actual gobierno. La sanidad pasa de ser un derecho universal, aunque con mucho margen de mejoras, a ser un derecho limitado, que excluye entre otros colectivos a los inmigrantes en situación irregular.

En el caso de los extranjeros no comunitarios, la pérdida de empleo no sólo supone no tener un medio de vida, sino también, la exclusión de la ciudadanía, la pérdida de la autorización de residencia y con ello la pérdida de un derecho universal como es la asistencia sanitaria. Ello revierte en dos escenarios: o bien que aquellos inmigrantes con posibilidades hayan retornado a sus países; o bien han permanecido en nuestro país en una situación de exclusión, vulnerabilidad extrema y en muchos casos con dolencias y enfermedades graves y crónicas no tratadas.

Desde el anuncio de la puesta en marcha del Real Decreto-ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, el gobierno regional de Castilla-La Mancha anunció que seguirá la ley al pie de la letra y ha cumplido con su palabra. Tal es el caso que, el ejecutivo regional se convierte en la única administración de España que no ha llevado ninguna medida o programa especial como alternativa para acceder a la atención sanitaria, fuera de lo establecido por el Real Decreto-ley.

En este sentido en el informe de marzo de 2014: “Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo dos años”, de la organización Médicos del Mundo, se da a conocer el panorama sanitario actual por Comunidad Autónoma desde la implantación del Real Decreto-ley 16/2012 de 20 de abril de 2012. Los resultados que presenta el documento son desesperanzadores, en cuanto se explican los esfuerzos que ha llevado a cabo Médicos del Mundo para entrar en contacto con las instituciones encargadas de la salud regional, como el SESCAM o la Consejería de Sanidad, de quienes no han recibido respuesta.

La organización afirma que ha entregado de manera mensual un informe al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, detallando las dificultades a las que se enfrentan las personas inmigrantes que necesitan acceder a atención sanitaria, incluyendo una relación de casos detectados que han solicitado la ayuda de esta organización porque se les ha denegado la atención en los centros de salud. Desde 2012 Médicos del Mundo afirma que existe constancia de 21 casos de mujeres embarazadas y 60 menores de edad a quienes se les negó, en primera instancia, el acceso a la atención médica o a la tramitación de la tarjeta sanitaria, incluso en el caso de personas que poseían tarjeta de residencia válida. Además, se declaran más de una veintena de pacientes aquejados por enfermedades graves o crónicas a quienes se les ha negado la atención sanitaria.

El documento indica también la gravedad de la falta de información en la región para aquellos que no poseen tarjeta sanitaria, quienes desconocen en qué casos serán atendidos o si deberán pagar una factura por los servicios prestados, en caso de ser atendidos. De este modo, los inmigrantes en situación irregular eventualmente dejarían de acudir a los centros de salud, excepto en casos de gravedad, exponiéndose a un empeoramiento de su enfermedad. Al no existir tampoco medidas especiales para enfermedades crónicas, de salud mental, o de riesgo para la salud pública, Médicos del Mundo se ha dirigido a la Consejería de Salud para exponer los riesgos en estos casos, pero no ha recibido ningún tipo de respuesta, a pesar de que estos supuestos se encuentran contemplados en el Real Decreto-ley 16/2012.

En nuestra región son múltiples los ejemplos de la decadencia del sistema de salud: pacientes que han muerto en los pasillos de los hospitales, cierre de plantas y de camas, saturación de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, la implantación de un sistema de lista de espera viajera por la cual cientos de pacientes han sido derivados a clínicas privadas de Madrid para ser operados, que han tenido que viajar en un mismo día cientos de kilómetros.

En medio de este panorama, el ejecutivo regional, presidido por Mª. Dolores Cospedal, se niega a implementar medidas complementarias para paliar los efectos negativos del decreto que elimina la asistencia sanitaria a los inmigrantes.

Podemos afirmar sin lugar a dudas que los recortes en sanidad, en este caso la exclusión de los inmigrantes irregulares del sistema de salud, MATAN.

Por todo lo anterior, los grupos municipales de Izquierda Unida y del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Albacete, proponen al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes:

ACUERDOS:

1. El Ayuntamiento de Albacete rechaza la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012 por el cual se niega la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.

2. El Ayuntamiento de Albacete solicita al ejecutivo regional que implemente, con carácter de urgencia, medidas compensatorias para paliar los efectos negativos de la exclusión del sistema sanitario a inmigrantes y que a la vez den acceso a los inmigrantes en situación irregular al sistema de salud, tal como han hecho otros gobiernos autonómicos.

3. Dar parte de los presentes acuerdos al Ejecutivo Regional, al Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales.