- Es un auténtico despropósito y una burla al sentido común y a la inteligencia colectiva el nombre que se le ha dado a la ley. Si bien en su primera parte responde a las intenciones de quien gobierna “la prioridad de protección jurídica del no nacido” en el segundo término del título se produce la paradoja de afirmar lo contrario a lo que se pretende, pues ésta es una ley para vulnerar los derechos de las mujeres, es una ley para imponer forzadamente la maternidad aunque no se desee ni se pueda afrontar. La propuesta del PP, su propuesta señores del PP, pretende que quienes tengan un embarazo no deseado, prosigan con él por encima de todo y, se les ofrece ayuda para darlo en adopción, o tiempo de embarazo impuesto para arrepentirse de la decisión de abortar.

- Ustedes juegan con las palabras y con la vida de la gente. Su mayoría absoluta en el congreso les da un poder que están ejerciendo para imponernos una conducta que ustedes consideran “deseable” al conjunto de la ciudadanía, a quienes no pensamos ni compartimos sus creencias y sus valores en materia de sexualidad, reproducción, origen de la vida, autonomía del ser humano o libre albedrío. Si ustedes confían esas decisiones a quienes marcan la moral católica, allá ustedes con su vida y sus contradicciones, pero no pretendan imponer, de nuevo, el dogma de la Iglesia católica más ortodoxa o más reaccionaria a los hombres y mujeres de la España del siglo XXI (nos recuerdan los tiempos de la santa inquisición y la caza de brujas).

- Ojalá esta forma de legislar, con soberbia, con imposición, sin consenso y contraria a la opinión pública, les haga perder muchos votos, todos los necesarios para que nadie más confíe en la falsedad de su programa electoral, en sus cantos de sirena desde la oposición. Así no, están gobernando contra el pueblo, contra las mujeres, contra los jóvenes, contra quienes pensamos diferente en materia religiosa o en materia afectivo-sexual. Ojalá se queden muy solos y muy magros en el próximo parlamento y esta ley retrógrada -que parecen dispuestos a imponer- no dure ni un año porque otra mayoría de poder alternativo la modifique con celeridad.

El pasado 23 de junio, un total de 176 organizaciones han enviado una carta abierta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, solicitando la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada, “por considerar que no respeta las obligaciones que el Estado tiene contraídas en materia de derechos humanos”.

Los firmantes opinan que esta ley “provocaría múltiples vulneraciones de derechos, afectando de manera desproporcionada a las mujeres en situación de vulnerabilidad, entre ellas las jóvenes y las mujeres migrantes”, indica Amnistía Internacional en una nota de prensa.

En la misiva se denuncia que la aprobación de este anteproyecto “limitaría el derecho de las mujeres y niñas a tomar decisiones libres e informadas por sí mismas, cuestionando su capacidad en la adopción de este tipo de decisiones y restringiendo su autonomía”.

Asimismo, estas organizaciones afirman que el anteproyecto de ley introduce disposiciones penales que tendrían un impacto negativo en el trabajo de los profesionales de la salud, creando un clima de miedo que podría llevar al personal médico a rechazar casos y no poder informar adecuadamente a las mujeres. Se dice que la mujer será inimputable pero se arriesga su salud al castigar al personal sanitario y se juega con su salud al alargar los plazos y retrasar las IVEs para cumplir con la carrera de obstáculos que supone entrar en alguno de los supuestos despenalizados.

“Este anteproyecto de ley pone bajo cuestión el juicio médico de los profesionales de la salud y limita su capacidad de proveer información, consejo y servicios médicos a sus pacientes”, agrega la carta. Por último, la misiva señala que diversos mecanismos de Naciones Unidas y el Consejo de Europa han recordado que las leyes restrictivas de acceso al aborto no consiguen reducir el número de abortos, sino que, al contrario, incrementan el número de abortos ilegales e inseguros y contribuyen al aumento de la mortalidad materna.  

Desde la Red Feminista de Albacete queremos añadir más razones para demostrar la gravedad e inoportunidad de esta reforma que cercena las libertades y condenará al sufrimiento a miles de mujeres (y a sus parejas y allegados):

- Esta ley no va a disminuir el nº de abortos anuales (IVEs) en España, sólo se maquillarán las estadísticas (objetivo hipócrita donde los haya) pues buena parte de quienes ahora practican una IVE en las primeras semanas de gestación, lo harán en los países europeos de nuestro entorno donde el aborto es legal (leyes de plazos).

- Esta ley va a provocar abortos clandestinos y, por tanto, inseguros y de riesgo para la salud y la vida de las mujeres. Y habrá mortalidad materna ligada a las IVEs clandestinas. Porque no todas las mujeres dispondrán de la posibilidad económica de viajar a otros países europeos a una clínica. Y correrán más riesgo las mujeres de colectivos más vulnerables (jóvenes, migrantes, pobres…). Es decir, esta ley contribuirá a incrementar diferencias sociales, es una ley que discrimina a los más débiles, a quienes tiene menos recursos para escapar de sus normas represivas…

- Esta norma no surge de la voluntad popular, no está refrendada por la opinión pública. El 86% de la población desea que la embarazada pueda decidir sobre su maternidad. Ni siquiera la mayoría de sus votantes apoyan la ley que el gobierno propondrá mañana en Consejo de ministros elevará a tramitación parlamentaria. No tienen el apoyo ni de sus votantes del 2011 ni de los que ahora les quedan, que ya son bastantes menos… Porque, van a legislar algo muy distinto a lo que anunciaron en su programa electoral y ustedes no fueron transparentes en este tema, ni francos, ni honestos, cuando pedían el voto para el PP. No dijeron que las mujeres no podrían abortar en España, sino que le sería impuesta la maternidad forzada, pues esta es una ley para imponer la maternidad forzada. Ni siquiera se preocupan en disminuir los embarazos no deseados, ese asunto parece que no les importa, no forma parte de los contenidos.

- Con esta ley la voluntad del gobierno se contrapone a tratados y recomendaciones internacionales (Conferencia de Población y Desarrollo del El Cairo de 1994 que aboga por regulaciones que respete el derecho de las mujeres a decidir; recomendaciones de la OMS y ONU en el mismo sentido e instando a los estados abolir medidas punitivas a las mujeres que se hayan sometido a abortos, así como propuestas de promover la anticoncepción la educación sexual incluyendo la regulación del aborto voluntario). Con esta ley ustedes nos sitúan a la cola de Europa y del mundo en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Porque, aunque Gallardón se haya empeñado en otra cosa, éste es un asunto de salud, de libertades y de autonomía. Y esta regulación es un peligro para la salud de las mujeres que tendrá resultados en morbimortalidad materna.

- La propuesta tergiversa la sentencia 53/1989 del Tribunal Constitucional que afirmó que el nasciturus es “un bien jurídico protegido” pero no al mismo nivel que la embarazada que es una “persona sujeto del derecho, la vida, la dignidad y la autodeterminación”. ¿Dónde queda la dignidad y autodeterminación de una mujer a la que se le impone un embarazo contra su voluntad porque no cumple alguno de los supuestos despenalizadores?

- La ley Gallardón (o lo que quede de la misma) considera a la mujer como menor de edad que precisa de la supervisión de terceros en sus decisiones personales. Abortar con la nueva regulación se convertirá en una carrera de obstáculos que las mujeres deberán recorrer contando sus circunstancias: al médico, a quien les asesore de alternativas a la IVE, al ginecólogo, al psiquiatra,…etc. Este procedimiento no respeta la intimidad de las mujeres, retrasará las IVE que se harán con más semanas de gestación (con más riesgos, más angustia y sufrimiento para las mujeres).

- La ley va a judicializar la decisión de abortar de las menores que no quieran o no puedan contar con el permiso paterno, lo que es contrario a las normas generales de derecho y al tratamiento y protección de los menores.

- Esta ley se pliega a las orientaciones de los sectores conservadores de la Iglesia Católica, hace caso omiso de la pluralidad existente en nuestra sociedad y, sobre todo, deja en manos de terceros (médicos, jueces) algo tan personal como es el derecho fundamental de las mujeres a decidir si desean o no tener hijos e hijas y en qué momento de sus vidas hacerlo.

Por todo lo anterior, pedimos la retirada de la ley y así lo acordamos en el Consejo municipal de la Mujer de Albacete de fecha 4 de marzo de 2014. Sra. Bayod, señores concejales y concejalas del PP, den traslado a esta propuesta para que otro recado más llegue a su gobierno en el mismo sentido.