En un contexto como el actual, Correos juega un indudable papel para contribuir a la cohesión social, territorial y económica del país, tanto a nivel estatal como autonómico, asumiendo y prestando un servicio público a ciudadanos, empresas y administraciones en la totalidad de los núcleos de población, al margen de su rentabilidad económica.

Los datos lo ponen en valor: más de 8.000 municipios atendidos, 16 millones de hogares, 3,2 millones de empresas (más del 99% son pymes) y un total de 7.100 puntos de atención en el ámbito rural (carteros rurales y oficinas) y más de 100.000 kilómetros diarios recorridos para garantizar el servicio en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos con independencia de su lugar de residencia.

Consecuentemente, la regulación postal europea y española contempla mecanismos de financiación para garantizar la prestación del servicio postal en todo el territorio. Un servicio público universal que solamente Correos presta en las zonas rurales de nuestro país, y que de no ser así desaparecería, al no darse las condiciones de rentabilidad necesarias para que lo atienda el sector privado.

Este Grupo observa con preocupación el sistemático asedio del servicio postal público por parte de grupos de presión con fuertes intereses empresariales y financieros en el sector de la logística y la paquetería. Asedio empresarial, mediático y jurídico que podría originar un recorte del servicio que Correos desarrolla, afectando a millones de ciudadanos e incluso al correcto funcionamiento de la Administración.

Este Grupo ha tenido conocimiento de la demanda presentada a la Comisión Europea por la patronal del sector logístico, exigiendo al Estado español la devolución de la financiación del Servicio Postal Universal desde 1998 (lo que le supondría tener que devolver cerca de 3.500 millones de euros) Mayor preocupación que los contenidos de la propia demanda, supone la nula respuesta del Gobierno ante esta cuestión, que afecta no ya solo a Correos, sino al propio papel del Estado, porque es al Estado a quien se ataca con esta demanda como responsable de garantizar la prestación de un servicio público.

El estrechamiento de márgenes económicos y empresariales que, como consecuencia de la apatía de los responsables políticos directos (Ministerio de Hacienda, Fomento y SEPI), está sufriendo Correos, está conllevando un coste social muy alto a nivel general (8.000 puestos suprimidos, miles de barrios sin reparto, cientos de zonas rurales descubiertas) Solamente en nuestra provincia el ajuste ha significado el recorte de 50 puestos de trabajo (especialmente en reparto urbano de grandes poblaciones y servicios rurales), y un importante recorte del número de contrataciones que debilita el servicio postal, mermando la calidad y regularidad del mismo. Y de no cambiar la situación, afectará a medio plazo a la futura viabilidad empresarial de Correos, al servicio público que presta y al empleo de sus casi 55.000 de trabajadores.

A fecha de hoy la paz social con los representantes de los trabajadores y trabajadoras está a punto de romperse como lo demuestra el bloqueo del Convenio Colectivo tras 9 meses de negociación sin avance alguno o las distintas movilizaciones y paros que empiezan a surgir en diversas provincias y esto puede impedir el desarrollo del Plan de Acción de Correos (plan de desarrollo empresarial).

Así las cosas, de no darse un posicionamiento del Gobierno en este sentido, consideramos que -además de realizar una clara dejación de responsabilidades- se podría poner en peligro la figura del cartero y de los servicios postales a la ciudadanía, y, tal y como han anunciado las organizaciones sindicales, hay un claro riesgo de conflictividad laboral y social.

Por todo ello, los Grupos Municipales Socialista y de Izquierda Unida presentamos al Ayuntamiento-Pleno, para su aprobación, la siguiente.

MOCIÓN

• Requerimos al Gobierno de la Nación para que tome las medidas necesarias para garantizar la viabilidad del servicio postal público:

- Definiendo una posición de Estado que exprese sin ambigüedad su defensa del servicio postal público y sus compromisos con el futuro de Correos como empresa puntera del sector público, cesando cuanto antes las disputas de intereses y posiciones entre Ministerios.

- Garantizando los compromisos de financiación para la prestación de los servicios postales a todos los ciudadanos expresados y aprobados en sede del Parlamento español.

- Impulsando una regulación del mercado que no recorte el PLAN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL a los ciudadanos y que cierre espacios a los intereses mercantiles que las multinacionales y lobbies financieros, que sólo buscan beneficio y rentabilidad a corto plazo a cuenta del derecho de los ciudadanos.

- Asegurando que los ciudadanos reciban el reparto de correspondencia 5 días a la semana como mandata la Directiva Postal europea.

- Desbloqueando las medidas ministeriales que están impidiendo a Correos la transición de la carta tradicional, hoy en clara caída por el efecto de sustitución, hacia nuevos mercados, sobre todo el de la paquetería.

- Desbloqueando las decisiones ministeriales que impiden la consecución de un acuerdo laboral, hoy inexistente, del que dependerá el empleo y las condiciones de 55.000 trabajadores, pero también la paz social a punto de romperse y, en consecuencia, la estabilidad en la gestión del operador público Correos.

• Dar traslado de esta Moción al Gobierno de la Nación.

Fuente foto: albacetecapital.es