Unidas Podemos IU exige transparencia y colaboración con la justicia para aclarar si hubo amaño de exámenes en la Diputación

Transparencia y total colaboración con la administración judicial. Estas son las demandas del Grupo Provincial Unidas Podemos Izquierda Unida ante las nuevas informaciones que apuntan, presuntamente, a la existencia de una trama de corrupción entre el personal funcionario de la Diputación Provincial de Albacete para amañar exámenes de oposiciones.

Cabe recordar que Ganemos-Izquierda Unida, la anterior marca electoral de Unidas Podemos Izquierda Unida, fue el grupo político que impulsó una comisión de investigación sobre las oposiciones cuestionadas, y que llevó las conclusiones de la misma a la fiscalía, aunque estas fueron finalmente archivadas por falta de pruebas.

Aun así, de las conclusiones de esa comisión se extrajeron unos criterios para aplicarlos en los nuevos procesos selectivos, y así evitar que se repitieran este tipo de prácticas.

Ahora, y ante la aparición de nuevos datos que vienen, supuestamente, a corroborar, al menos en parte, las sospechas y denuncias de irregularidades en algunos exámenes de la Diputación de Albacete, desde Unidas Podemos Izquierda Unida exigimos total trasparencia y colaboración con la administración judicial para aclarar hasta sus últimas consecuencias lo ocurrido.

Así lo ha exigido José Ignacio Díaz Huedo, diputado provincial portavoz de Unidas Podemos Izquierda Unida, quien ha recordado el acoso sufrido por el propio Díaz y, en mayor medida, por su compañera y representante del Grupo en la comisión, Victoria Delicado, a quien parte del personal de la Diputación insultó y amenazó gravemente durante un pleno por denunciar posibles irregularidades en la oferta pública de empleo de la institución de 2009 que se desarrolló en años posteriores.

Según las informaciones publicadas por el diario digital 'El Español' el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional investia un posible amaño de oposiciones en la Diputación de Albacete, en la que se imputarían delitos a 14 funcionarios de la institución por haber obtenido las preguntas de exámenes que se desarrollaron entre 2013 y 2016.