La exclusión financiera que sufren especialmente las personas mayores en distintas zonas de España por el avance de la digitalización y el cierre de sucursales se ha convertido en un problema de primer orden.

Tanto es así que, como ha contado el diputado provincial de Unidas Podemos Izquierda Unida en la Diputación de Albacete, José Ignacio Díaz, esta situación ha provocado movilizaciones sociales, políticas y de algunas empresas contra la política de las entidades financieras de retirar la atención personalizada y obligar a personas de avanzada edad a lidiar con la complejidad de los cajeros automáticos y la gestión digital.

Una política que olvida la función social que también tiene la banca y que está condenando a millones de personas a la exclusión financiera, al generar serios problemas para poder acceder a servicios financieros básicos (actualización de saldos, retirada de efectivo...), muchos de los cuales además son cobrados por las propias entidades.

La provincia de Albacete no es ajena a esta problemática. Consciente de ello, Unidas Podemos Izquierda Unida, a través de su portavoz, José Ignacio Díaz, va a plantear una moción al próximo pleno de la Diputación de Albacete, que se celebra el próximo jueves, con distintas medidas para mejorar la atención que prestan la entidades bancarias.

Así, ha detallado Díaz, desde Unidas Podemos IU se va pedir al pleno que la institución provincial que “priorice” las operaciones de crédito o convenios de colaboración con aquellas entidades financieras que garanticen la atención presencial sin restricciones horarias, y su implantación en los municipios de la provincia de Albacete, especialmente en los de menos de 1000 habitantes.

La moción también plantea que la corporación “exprese” su apoyo a las localidades de Bienservida, Lezuza y Ontur en las que se ha anunciado el cierre de las oficinas de Liberbank/Unicaja, y que se inste al Gobierno central a legislar para “suprimir” el cobro de comisiones a personas en una situación económica y social vulnerable, así como a garantizar una atención presencial con especial atención a los entornos rurales.