El pleno provincial aprueba a instancia de Unidas Podemos IU medidas contra la exclusión financiera

El Grupo Provincial Unidas Podemos Izquierda Unida ha votado a favor esta mañana, en el pleno provincial, para adscribir dos inmuebles propiedad de la Diputación (las antiguas aulas de formación de la Cámara de Comercio y el chalet Fontecha, en los que se invertirán 450.000 euros para su adecuación) al Consorcio de Servicios Sociales, en el primero de los casos y al Instituto de Estudios Albacetenses, en el segundo.

El portavoz de Unidas Podemos IU, el diputado provincial José Ignacio Díaz Huedo, también se ha sumado a la declaración institucional de la Diputación de Albacete que, entre otras cosas, condena la agresión de Rusia a Ucrania, demanda el restablecimiento de la paz y exige que se respeten los derechos humanos, además de poner los medios de la corporación a disposición del Gobierno de España para acoger refugiados de Ucrania que huyen por el asedio ruso a su país.

Díaz Huedo ha trasladado el apoyo de Unidas Podemos Izquierda Unida a una moción de los ‘populares’ en la que se solicitan mejoras en el servicio de renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) en los pueblos de la provincia.

El pleno de la Diputación de Albacete ha aprobado por unanimidad una moción conjunta de los grupos políticos para hacer frente a la exclusión financiera de la provincia.

Exclusión financiera

Como había propuesto el portavoz de Unidas Podemos IU, la iniciativa incluye medidas para contra la exclusión financiera en la provincia, donde en estos momentos Liberbank-Unicaja ha anunciado el cierre de seis oficinas en Lezuza, Bienservida, Ontur, Mahora, Villamalea y Hoya-Gonzalo.

La iniciativa, como ha recordado, José Ignacio Díaz, ha partido de Unidas Podemos IU, “ante las dificultades que están sufriendo en la provincia numerosas localidades de la provincia por la exclusión financiera a la que la banca está sometiendo a la población”.

La moción pide instar a las entidades financieras a modificar sus políticas de atención al cliente para garantizar la atención a la población mayor, y frenar la exclusión financiera.

La propuesta también apela al Gobierno de España a promover, dentro de la Ley de Protección de Consumidores y Usuarios frente a situaciones de Vulnerabilidad Social y económica, medidas que garanticen tanto la revisión de los cobros de comisiones y la atención personalizada a quienes resultan especialmente vulnerables a la exclusión financiera.

Finalmente plantea requerir al Banco de España el seguimiento de las medidas adoptadas en aras de garantizar en el futuro los derechos de los clientes y las clientas de las entidades bancarias, para evitar nuevas situaciones de exclusión financiera.