Contrataciones fraudulentas, sentencias silenciadas que se intentan ocultar al pleno municipal, enchufismo... Unidas por Caudete ha denunciado la actuación irregular del alcalde de la localidad, el popular, Moisés López.

Según el relato que hace la formación, el pasado 7 de marzo el alcalde evitó, en el pleno, dar cuenta de la sentencia 39/2022 de 3 de febrero de 2022 por la cual el Juzgado número 3 de lo Social de Albacete condenaba al Ayuntamiento por despido improcedente de una trabajadora.

La sentencia daba dos opciones al Ayuntamiento: readmitir a la trabajadora despedida como indefinida no fija y pagarle los salarios de tramitación correspondientes a los meses de octubre de 2021 a enero de 2022, o mantener el despido e indemnizarla con 4.611, 60 euros.

López optó por la primera opción. La más cara, que implica incrementar la plantilla del Ayuntamiento. Una decisión difícil de entender a menos que se conozca el contexto que ha llevado al regidor caudetano a tomar lo que parece una decisión ilógica y perjudicial para el consistorio.

Contrato ilícito

En 2019 una trabajadora del Ayuntamiento solicitó una excedencia y la concejala de Personal, María del Mar Requena, contrató a otra trabajadora para cubrir el puesto mientras durara la excedencia.

La legislación laboral establece que para sustituir a una trabajadora en excedencia lo que procede es realizar un contrato de interinidad, pues este tipo de contrato garantiza que cuando la trabajadora en excedencia se reincorpora, automáticamente se rescinde el contrato de su sustituta. Este es el sentido de los contratos de interinidad.

Se da la circunstancia de que en este caso, en lugar de un contrato de interinidad, lo que hicieron el alcalde, Moisés López, y su concejala de Personal, fue un contrato por obra y servicio. Esto es una irregularidad flagrante.

Según los informes emitidos por el interventor municipal, el secretario del Ayuntamiento y la misma sentencia: hacer un contrato por obra y servicio para cubrir una interinidad es ilícito, se trata de un fraude de ley porque lo que corresponde en estos casos es realizar un contrato de interinidad. Solo un contrato de interinidad garantiza que una vez retornada a su puesto la trabajadora en excedencia, su sustituta ve rescindido su contrato sin mayor problema para la administración.

Ocultación a la Intervención

El contrato ilícito fue ocultado a la función fiscalizadora de la Intervención municipal, segunda irregularidad. Estas dos irregularidades son fundamentales para entender el resultado de la sentencia.

El grupo municipal Unidas por Caudete ha preguntado en varios plenos por el contrato ilícito y por su ocultación a la Intervención y solo ha obtenido la callada por respuesta.

El 1 de agosto de 2021 la trabajadora en excedencia se reincorporó a su puesto, pero contra toda lógica, su sustituta continuó trabajando dos meses más, y ello a pesar de que con fecha 31 de agosto la Intervención municipal emitió un informe advirtiendo de la irregularidad de que una trabajadora sustituta siguiera contratada, cuando ya se había reincorporado la titular del puesto. El alcalde y la concejala ignoraron este informe durante un mes, tercera irregularidad.

Unidas por Caudete también ha preguntado en el pleno qué funciones desempeñó la trabajadora sustituta durante los dos meses que continuó trabajando a pesar de que la persona a la que sustituía ya se había reincorporado. Ni el alcalde ni la concejala han respondido.

Despido y nueva contratación

El 30 de septiembre de 2021 el alcalde finalmente decidió hacer caso del informe de Intervención y despidió a la trabajadora sustituta. Un mes más tarde de la emisión del informe y dos meses más tarde de la reincorporación de la trabajadora en excedencia.

Como el contrato era por obra y servicio la trabajadora despedida denunció el despido por improcedente, y ahora un Juzgado le ha dado la razón y ha condenado al Ayuntamiento a su readmisión o indemnización.

Si Moisés López no hubiera cometido las tres irregularidades mencionadas la denuncia de la trabajadora sustituta no hubiera tenido fundamentos para denunciar, y ningún Juez habría condenado al Ayuntamiento a contratarla de nuevo o a indemnizarla.

Con la sentencia en la mano, Moisés López hubiera podido poner fin a este desaguisado optando por la indemnización, pero López ha optado por volver a contratar a la trabajadora como indefinida no fija y por pagarle los salarios correspondientes a los meses transcurridos entre el despido y la sentencia condenatoria.

La opción elegida es la más costosa para las arcas municipales y además implica incrementar la plantilla del Ayuntamiento de Caudete.

Premeditación y apoyo a la investidura

Alguien puede pensar que la concejala y el alcalde cometieron un error al realizar el contrato por obra y servicio en lugar de por interinidad, pero el hecho de que María del Mar Requena realizara un contrato ilícito y lo ocultara a la fiscalización preceptiva lleva a pensar que no hubo tal error y que todo fue premeditado. El hecho de que la trabajadora ahora readmitida por sentencia judicial estuviera contratada durante 19 meses de forma fraudulenta solo se puede entender desde la premeditación.

Se da la circunstancia de que la trabajadora fue de número dos en la lista electoral de Ciudadanos, partido que permitió con su apoyo la investidura de Moisés López como alcalde. Además, tiene una relación familiar estrecha con el concejal no adscrito Joaquín Pagán, que concurrió a las elecciones también por Ciudadanos, y quien tras tomar posesión de su concejalía dejó Ciudadanos y se incorporó como concejal no adscrito al equipo de Gobierno de López, liberado y con sueldo. Demasiadas casualidades.

En los dos plenos en los que Unidas por Caudete ha pedido explicaciones por esta situación, María del Mar Requena, en un intento por desinformar y confundir, ha indicado que el Ayuntamiento siempre ha optado por contratar a los trabajadores que tras sentencia judicial tenían derecho a readmisión o indemnización. Y que este es un caso más.

Pero no es así. Los trabajadores que en su momento fueron convertidos en indefinidos no fijos por sentencia judicial fueron contratados de forma lícita por obra y servicio: habían sido contratados por necesidades objetivas de la plantilla para el desempeño de unas funciones concretas, no sustituían a nadie. Su trabajo se alargó en el tiempo y la justicia obligó a modificar el contrato de obra y servicio, y convertirlos en indefinidos no fijos.

Maniobra planeada

Ante este cúmulo de irregularidades y vistas las consecuencias, desde Unidas por Caudete consideramos que no hubo error, y que la celebración de un contrato por obra y servicio y su ocultación al órgano fiscalizador tenía un objetivo: crear las condiciones necesarias para que la trabajadora contratada tuviera argumentos legales para, llegado el momento, denunciar y conseguir mediante una sentencia judicial lo que ahora ha sucedido: ser contratada como personal continuo no fijo.

Por todo ello desde Unidas por Caudete consideramos que estos hechos son una muestra de enchufismo. López y Requena se han servido del presupuesto municipal, de su capacidad para contratar trabajadores y de la plantilla del Ayuntamiento para pagar favores políticos y dar empleo a una socia política.

Unidas por Caudete volverá a pedir explicaciones públicas al alcalde y a la concejala de Personal sobre esta contratación ilícita y sus consecuencias. De no obtener estas explicaciones, el alcalde y su concejala deberían dimitir y dejar su puesto a otras personas mejor dispuestas a gestionar la contratación pública desde la legalidad y no desde el interés partidista.