Para Javier Sánchez, la Sanidad Pública ha sufrido en los últimos años “una agresión sin precedentes: recortes presupuestarios salvajes, disminución drástica de plantillas, cierres de servicios de urgencias, privatizaciones de hospitales...”.

El candidato al Congreso de IU-UP asegura que el objetivo de este ataque ha sido “favorecer el negocio de la sanidad privada y de fondos de inversión que buscaban especular con los servicios públicos porque especular con el ladrillo había dejado de ser negocio”.

En Unidad Popular-Izquierda Unida, sin embargo, defendemos la Sanidad Pública a ultranza. Como afirma Sánchez, “revertiremos tanto los procesos de privatización emprendidos por el PP, como los procesos de externalización de servicios debidos al PSOE; aumentaremos en un 1% del PIB el presupuesto sanitario, potenciaremos la atención primaria; llevaremos a cabo una política farmacéutica no sometida a los interesas de las multinacionales farmacéuticas; despenalizaremos la eutanasia...”.

Y, por supuesto, IU-UP no se olvida de los emigrantes: “Devolveremos la tarjeta sanitaria a las 800.000 personas que fueron desposeídas de su derecho a la salud por el PP”.

IU-UP va a llevar a cabo las reformas legislativas necesarias para garantizar un modelo sanitario basado en la cobertura universal de todos los ciudadanos con cargo a fondos públicos y no vinculada al aseguramiento.

En particular se reformarán todas las leyes que modificó el RDL16/2012 relativas al derecho a la asistencia sanitaria, dejándolo sin efecto, para garantizar que ningún español ni ningún extranjero residente en España queda excluido.

Para Unidad Popular todos los ciudadanos deben tener derecho a la asistencia sanitaria en los Servicios Públicos de Salud que componen el Sistema Nacional de Salud, por lo tanto, deben desaparecer las mutualidades de funcionarios, militares y jueces, así como las llamadas mutuas de accidentes de trabajo y otros convenios de asistencia sanitaria mediante una reforma de la Ley de la Seguridad Social. Estos sistemas deben ser declarados a extinguir, de manera que los ciudadanos que se incorporen a dichos estamentos en el futuro, lo hagan directamente al sistema general.

Bajo el principio de priorizar la salud en todas las políticas, se establecerá una Declaración de Impacto en Salud obligatoria. Se ampliará la Cartera de Servicios para que tenga en cuenta todas las necesidades de salud (odontología, prótesis, psicología etc.), que será de obligado cumplimiento.

La objeción a la misma no será permitida. Se eliminarán los repagos establecidos por el RDL 16/2012 y se financiarán los tratamientos que fueron excluidos por el mismo. Además, se ampliará la exención del repago farmacéutico para todas las personas sin ninguna prestación económica y, a largo plazo, a todas aquellas que declaren ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. En cualquier caso, se deberán fijar límites a la cantidad abonada por cada persona, a partir de los cuales no se aplicarán más repagos hasta la desaparición de los mismos.