“Cada día se hace más urgente un giro en las políticas de prevención y extinción de incendios que pase por consolidar Geacam como empresa pública, potenciar las labores de prevención en invierno, así como recuperar jornada de trabajo e incorporar nuevos trabajadores”.

Albacete, 10 de mayo de 2015. La maquinaria de despidos y recortes del gobierno de Cospedal no descansa ni en campaña electoral y una vez más golpea a la empresa pública de gestión ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam).

Un año más y ya van cuatro el dispositivo de extinción de incendios de Castilla-La mancha vuelve a sufrir recortes. En la provincia de Albacete se han visto afectados seis unidades de extinción de incendios: desaparecen dos autobombas, una en Bogarra y otra en Ossa de Montiel, dos retenes (Casas de Lázaro y Yeste) que se reducen cada unidad en 6 trabajadores y la reducción de dos retenes autobomba (Salobre y Carcelén) que eliminan 4 personas en cada una de estas unidades.

En los últimos 4 años tenemos que destacar que en la provincia de Albacete se han reducido un total de 102 puestos de trabajo en las unidades de extinción de incendios: 8 torres de vigilancia fija tanto diurna como nocturna, 15 Patrullas de vigilancia móvil, 2 autobombas, 2 brigadas terrestres de extinción de incendios y 2 retenes autobomba.

Para Daniel Martínez, candidato a las Cortes de IU-Ganemos, “la gestión en prevención y extinción de incendios del gobierno de Cospedal ha sido innecesaria, injusta y temeraria, ya que ha supuesto despidos de trabajadores, aumento de la precariedad, despoblamiento de zonas rurales, ha mermado la capacidad de respuesta ante los incendios, por tanto la eficacia contra el mayor peligro destructivo de la abundante masa de montes de la región”.

Desde IU se viene denunciando la nefasta gestión que se ha llevado a cabo por los responsables de Geacam, demostrando tener poco sentido común, puesto que se han empeñado desintegrar el servicio de prevención y extinción de incendios, en una región castigada históricamente por el fuego. En lugar de dirigir la empresa centrando sus esfuerzos en garantizar el empleo y unas condiciones laborales dignas para los trabajadores, que den seguridad y eficacia en su labor tan esencial para esta región, así como continuidad en su carácter público, lo que están haciendo es todo lo contrario, sacan adelante eres fraudulentos, amenazan con despidos, recortan en medios materiales y técnicos para la lucha contra los incendios y parecen tener como único objetivo el desmantelamiento de la empresa para la posterior privatización del servicio.