La pérdida de biodiversidad y el cambio climático, son el principal problema ambiental que afecta a toda la población mundial y afectará más si no se toman medidas para atajar su pérdida continuada. Es imperante adoptar medidas de choque para revertir o limitar los efectos de esta situación catastrófica.

Durante estos días y hasta el próximo 11 de diciembre se celebra en París una nueva Cumbre sobre el Cambio Climático. Una vez más, los gobernantes de los países más poderosos han escenificado una serie de protocolos que, probablemente, no vayan mucho más allá de una serie de declaraciones de buenas intenciones sin agenda concreta de actuaciones y objetivos. Hasta parece que Rajoy ha salido de la órbita de su primo negacionista y empieza a reconocer que nuestro planeta está en peligro.

La contaminación mata a más de siete millones de personas según la Organización Mundial de la Salud. Unidad Popular-Izquierda Unida defiende la necesidad de llevar a cabo una transformación de nuestro modelo productivo y energético, que permita en 2050 satisfacer el 100% la demanda energética con energías renovables.

Por otro lado, defendemos un cambio cultural que, empezando por la escuela, conciencie a la ciudadanía de defender los equilibrios medioambientales por una cuestión no sólo de ética global, sino también de mera supervivencia.

A pesar de la gravedad de la situación, las empresas españolas han preferido comprar a otros países derechos de emisión (autorizados en los acuerdos de Kioto) antes que introducir medidas concretas para evitar sus emisiones. Se han gastado unos 1.500 millones de euros desde 2008 en la compra de esos derechos.

De haberlos invertido en mejorar los métodos de producción para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, se hubiera desarrollado el I+D+I y se hubieran creado numerosos puestos de trabajo.

IU-Unidad Popular comparte los objetivos de la UE para 2030 para rebajar en un 40% las emisiones de efecto invernadero, alcanzando un 27% en el componente de energías renovables en el mix energético, pero exigimos que desaparezca el comercio de derechos de emisión y que los objetivos tengan concreción nacional.

Hemos de empezar a construir un modelo de desarrollo que socialice la toma de decisiones, implicando a las comunidades en el diseño y puesta en marcha de propuestas de desarrollo económico sin comprometer los recursos de las generaciones venideras ni generar dinámicas de empobrecimiento de otras partes del mundo.

La inversión ha de planificarse de manera que sirva para garantizar la sostenibilidad económica, ambiental y temporal, de la misma manera que incluya la democratización en el uso de los recursos y los medios de producción. Por ello proponemos:

• Rehabilitación de viviendas, que genera 3 veces más puestos de trabajo directos que la construcción de obra nueva. España tiene un porcentaje de inversión en rehabilitación con respecto a todo el sector de la construcción del 28%, frente a una media europea del 41% y al de Alemania, donde la rehabilitación de vivienda alcanza el 56%. Proponemos un Programa Específico de Rehabilitación cuyo objetivo sea rehabilitar 750.000 viviendas/año con una subvención del 25% del coste y una inversión pública de 5.000 millones de euros.
• Desarrollar modelos de ciudad sostenible: Ciudades para las personas, en detrimento del coche. Frente a los despilfarros ambientales, sociales, culturales y económicos, que ha significado la burbuja inmobiliaria, apostamos por un territorio de verdad más sostenible, por una ciudad compacta en nuestra historia mediterránea, capaz de repoblar nuestros centros históricos y revitalizar socialmente nuestras barriadas.
• Democratización de la ordenación del territorio que tenga como eje fundamental la ciudadanía, su desarrollo político y personal (educación, vivienda, sanidad, cultura, ocio) siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad social y ambiental.
• Elaboración de una Directiva Marco del Territorio, relativa a la ordenación del territorio y el urbanismo, que genere una red de ciudades medias y evite la concentración en grandes aglomeraciones urbanas insostenibles.
• Planificación política del territorio, con participación social, que defina necesidades industriales, agrícolas, ganaderas, turísticas, de servicios e implemente las políticas para garantizar un desarrollo social justo y sostenible. Impulsaremos una Directiva Marco sobre la Protección del Litoral y de la Plataforma Continental.