Albacete, 5 de abril de 2021

La vivienda, un bien de primera necesidad, se ha convertido en objeto de especulación. En España en los últimos diez años el alquiler ha subido un 50 por ciento, según datos del Banco de España. Un incremento superior al que han registrado los salarios en el mismo periodo, y que ha llevado a que cuatro de cada diez personas que viven de alquiler destinen más del 40% de la renta familiar al pago de la vivienda, según datos de Eurostat. Un cargo, considerado excesivo por la Unión Europea.

Lo anterior ha provocado que cientos de familias se vean obligadas a buscar una vivienda en un mercado de precios inasumibles, y con el riesgo para muchas de ser expulsadas de sus hogares porque no pueden pagar el alquiler, ha comentado Jose Ignacio Díaz Huedo, diputado provincial portavoz de Unidas Podemos Izquierda Unida.

La política de no intervenir el mercado de la vivienda ha generado una tendencia alcista de los precios, en un mercado en el que han aparecido grandes inversores que acaparan y especulan con la vivienda. Así, en materia de arrendamientos hay una transferencia de rentas desde la población con menores ingresos hacia la población con altos ingresos. Esto rompe con la imagen que en ocasiones se quiere trasladar de un mercado dominado por pequeños propietarios que necesitan la renta de alquiler para su propia supervivencia porque estos son una minoría.

La Encuesta de condiciones de vida del INE de 2019 alertaba de que en España había más de dos millones de inquilinos en riesgo de exclusión social. Y de un total de casi 7,4 millones de personas que viven en casas de alquiler, un 41% (alrededor de tres millones) pagaban una renta excesiva en relación con sus ingresos. La pandemia de coronavirus ha agravado esta situación. La paralización de la actividad económica ha llevado a miles de familias a sufrir graves dificultades para seguir pagando las cuotas de la hipoteca y el alquiler.

Para Díaz Huedo es “en este momento” cuando hay que revivindicar el derecho a una vivienda digna recogido en el artículo 47 de la Constitución española, “y recordar su función social”.

En Europa, países como Holanda, Francia y Alemania (Amsterdan, París o Berlín) han puesto en marcha medidas legislativas para limitar los precios y las subidas abusivas de los alquileres, con el objetivo evitar los desahucios por impago y dar estabilidad al mercado, al adaptarlo a los salarios de las personas que alquilan, proporcionando además seguridad de cobro a los propietarios. Y en España, Cataluña ha abierto el camino, con la Ley 11/2020, en materia de legislación para contribuir a la contención de los precios del alquiler y al equilibrio del mercado en 60 municipios.

Para conseguir un mercado de alquiler accesible el Grupo provincial Unidas Podemos Izquierda Unida, ha explicado el diputado provincial de Unidas Podemos Izquierda Unida, propondrá al pleno de la Diputación de Albacete instar al Gobierno central a que apruebe una ley estatal de vivienda que permita, a comunidades y municipios, blindar la función social de la vivienda; que legisle para regular el mercado del alquiler de vivienda, impidiendo los precios abusivos y garantizando un parque público de vivienda en alquilar social y asequible.

La iniciativa también plantea instar al Gobierno regional a que se coordine con los municipios de la región para garantizar una alternativa habitacional a las personas o unidades familiares que se enfrentan a un proceso de desahucio.