Daniel Martínez: “En todo caso, es sorprendente que Echániz niegue la atención sanitaria a inmigrantes o les pase la factura, a la vez que ampara un trato de favor y la utilización injustificada de medios públicos sanitarios”.  

“Si el Consejero de Sanidad no es capaz de garantizar la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones y sin discriminaciones, es él mismo quien debería dimitir”

La noticia, en principio, aparecía en distintos medios de comunicación, tras la denuncia pública formulada por el sindicato médico (CESM), después fue confirmada por el propio SESCAM, según la cual un equipo de médicos y de personal de enfermería del Hospital de Albacete se desplazó el 24 de abril al Hospital de Hellín para operar a la madre del gerente del centro de Hellín, a pesar de que el hospital de referencia de la paciente es el de Albacete. Este tratamiento especial contrasta enormemente con la política sanitaria general del PP, que niega la atención sanitaría diaria a miles de personas por ser inmigrantes sin papeles, es decir por no tener trabajo.

Ante el conflicto creado, las explicaciones dadas por el SESCAM y por el propio gerente del Hospital de Hellín, fueron insuficientes y no justifican en modo alguno la actuación llevada a cabo. Se había producido un trato de favor con medios públicos.

Según Daniel Martínez, Coordinador regional de IU, “es intolerable que desde la Consejería de Sanidad se reclame una y otra vez la austeridad en el gasto, y que se haya creado un protocolo médico de actuación para un caso específico por tratarse de la madre del gerente del Hospital de Hellín, por tanto una actuación que no se aplica para todos los pacientes en situación similar”.

En opinión de Martínez, “el Sr. Echániz debería haber cesado de forma fulminante al Gerente del Hospital de Hellín y su actitud comprensiva con lo ocurrido denota el tipo de asistencia sanitaria clasista y discriminatoria que pretende imponer en Castilla-La Mancha”.

Igualmente consideramos que las administraciones públicas sanitarias deben actuar en todo momento de forma que se garantice que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a los recursos disponibles para el cuidado y restablecimiento de su salud en igualdad de condiciones, sin discriminaciones ni tratos de favor.