Izquierda Unida de Albacete en el marco de su plan de trabajo para los primeros meses del año ha aprobado un conjunto de actuaciones para luchar junto a otros colectivos, asociaciones y plataformas, contra las principales reformas y actuaciones del gobierno del PP, en todos los ámbitos, que afectan a la ciudadanía de Albacete y al resto del país.

Los ejemplos de la paralización de la privatización de los hospitales Madrileños o las protestas de Gamonal confirman que la contestación social y la lucha en la calle dan sus frutos. Para IU han de servir de aliciente y como una bocanada de aire fresco en medio del panorama actual, por lo que consideramos imprescindible la unidad de acción y programática de los distintos colectivos y plataformas de nuestra ciudad y hacer frente al estropicio social que realiza el PP en nuestra ciudad.

En este sentido, apostamos por el trabajo en red para el desarrollo de acciones contundentes y llamativas y así manifestar nuestro rechazo a las políticas que adopta el gobierno, de manera especial, con relación a Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma de la Ley del Aborto o la reforma del Estatuto de Autonomía, por citar sólo algunos ejemplos. Por tal motivo, apoyamos y participamos activamente en la Red Feminista por el Derecho a Decidir para elaborar propuestas y actividades e informar a la ciudadanía sobre los efectos adversos de la reforma de la ley del Aborto.

En la actualidad, en paralelo al desarrollo y planificación de iniciativas propias, estamos contactando y reuniéndonos con diversos colectivos y plataformas para luchar en igualdad de condiciones contra la “ley mordaza”, que supondrá, de aprobarse en los términos actuales supondrá un varapalo para quienes nos manifestamos en las calles y una clara maniobra para meter miedo a la gente y consolidar una estrategia que consideramos represiva.

En este contexto el gobierno se ha dado cuenta, y más aún después de los ejemplos antes citados de Madrid y de Gamonal, que la contestación no sólo va en aumento sino que está dando los resultados esperados, por eso creemos que pisará el acelerador de las reformas para victimizar y consagrar la criminalización de la protesta social. Para IU, lo que pretende el Gobierno, al margen de convertir el Derecho Penal en Derecho Administrativo, es generar un efecto disuasorio en el ciudadano al imponer sanciones económicas por participar en movilizaciones sociales. Si la justicia ya es cara, por las tasas y abogados, con estas nuevas sanciones se intenta ahogar económicamente a los movimientos sociales.

Hemos de redoblar los esfuerzos para anticiparnos a la aplicación de estas leyes injustas con tintes claramente coercitivos y perversos y efectos que limitarán las libertades individuales de toda la ciudadanía.