Izquierda Unida apoya las alegaciones de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) porque de manera general nos parece injusto y desproporcionado el incremento de las tarifas y cánones del abastecimiento de agua y regadíos que se marcan por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para los usuarios de Albacete (canon de regulación subsistema Alarcón-Tous 2015), a la vez que se establece un agravio comparativo respecto a los usuarios de las cuencas valencianas. El encarecimiento que se propone no sólo afectará a regantes sino que también repercutirá negativamente en las tarifas del precio del agua para abastecimiento humano de Albacete y, por tanto, sobre el recibo del agua para los hogares y las tarifas de las empresas de transformación agrícolas de nuestra provincia.
La responsabilidad política y las circunstancias nos sitúan aquí junto a regantes, vecinos, y grupos políticos con una postura clara y firme NO A LA SUBIDA DESPROPORCIONADA DE LOS CÁNONES Y TARIFAS POR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA DE ALBACETE, LOS REGADIOS Y BOMBEOS DE LA MANCHA ORIENTAL. IU apoya estas alegaciones como también unió criterios para protestar por el Plan Hidrológico del Júcar porque “de esos polvos, vienen estos lodos”. El error más importante sobre el que se basa el PHJ es cambiar la demarcación, incluyendo a los ríos valencianos.
Con este cambio en la demarcación el perjudicado es el Júcar y los ganadores los ríos valencianos. Se pierde la preferencia de la propia cuenca del Júcar, a favor de las cuencas externas de la demarcación hidrográfica, especialmente al tramo de Castilla-La Mancha. Ahora, con esas bases, la Confederación Hidrográfica del Júcar con la fijación de las Tarifas de Utilización del Agua y nuevos cánones para 2015 ha tomado una decisión injusta, desorbitada y nociva para los intereses de Albacete. Esta decisión consolida un histórico trato desigual (agravio comparativo) con respeto a Valencia y su área de influencia (que se ve favorecida), y se aleja de cualquier criterio de cooperación interterritorial y de fiscalidad basada en la sostenibilidad medioambiental.
La posición global de IU sobre el agua es clara y contundente: No se pueden fijar precios y tarifas para el agua que repercuten de manera desigual entre los distintos usuarios del agua del Júcar. No obstante, a pesar que defendemos que estos nuevos precios se repercutan sobre la totalidad de los usuarios del Júcar, desde IU seguimos defendiendo una postura que guarda cierta distancia con los usos y criterios con los que actualmente se gestionan los recursos hídricos:
En primer lugar, la fijación de las tarifas y precios por los derechos de uso del agua debe repercutir sobre todos los usuarios que directa o indirectamente sean beneficiarios de los caudales de agua, como marca la normativa del texto refundido de la Ley de Aguas. Sin embargo en el canon aprobado no se contempla a todos los usuarios por igual pues se excluye a ciertos usuarios de la ribera del Júcar de Valencia y a otros beneficiarios de las asignaciones del PHD Júcar.
En 2º término, para IU hay una realidad que no debemos obviar cuando hablamos del agua: Los usos actuales no son sostenibles ni perdurables en el tiempo, es decir, no podemos seguir explotando el Júcar de la forma en que actualmente se hace. El uso masivo del agua a partir de acuíferos en climas mediterráneos lleva aparejado un gran impacto ambiental. Recuperar estos pequeños espacios del agua en sus aspectos hidrológicos, biológicos, antropológicos y económicos es una tarea irrenunciable que hay que exigir a las administraciones públicas. En la gestión del agua, el interés público por la conservación del medio ambiente debe anteponerse a otros intereses privados.
El acuífero de la Mancha Oriental, el que afecta a Albacete y sus regadíos, tiene una capacidad de recuperación de 234 hm3 y el Plan de cuenca, aun con todas las mejoras posibles, permite la extracción de 320 hm3, por lo que este acuífero es, a todas luces, deficitario. Y este problema de fondo –la sobreexplotación de los acuíferos- tiene que ver con la fijación de precios y con el trato privilegiado para el uso de unos regantes y consumidores frente a otros. Compartimos las reflexiones de Ecologistas en Acción sobre este asunto: Si los recursos de agua en régimen natural son cada vez menores, necesariamente deben reducirse los usos que hasta ahora se están produciendo. Por ello nos manifestamos contra el actual proceso de planificación hidrológica… que lejos de asumir una realidad configurada por recursos de agua cada vez más escasos y deteriorados, se instala en la autocomplacencia y en la creencia de que con más obras se podrán seguir abasteciendo usos absolutamente depredadores e insostenibles desde el punto de vista físico, medioambiental y de sostenibilidad. Pero claro, el decrecimiento, la reducción, o la imposición de altas tarifas (si lo que se pretende es disuadir o aminorar los usos) se deben dar de forma equitativa en Valencia y en Castilla-La Mancha.
Dado el déficit que presenta el Júcar, y teniendo en cuenta que el Plan Hidrológico contempla una progresiva reducción de las extracciones para dejarlo en 260 hm3 en 2027 (fecha que considerábamos muy lejana), ¿Por qué no empezamos a instaurar una nueva cultura del agua, reorientar los usos y se eliminan progresivamente los trasvases en ríos deficitarios como el nuestro? En el Júcar se da la extraña paradoja de que aun considerándose deficitario se tienen autorizados varios trasvases, lo que es un ejemplo claro de que el PHCJ no cumple lo contemplado en la Directiva Marco del Agua.
Por otro lado, frente al déficit, nos encontramos que se otorgan nuevas concesiones de agua que bien pudieran usarse con fines especulativos como han denunciado UPA: se conceden derechos de agua que terminan siendo vendido a usuarios de otras demarcaciones con un afán lucrativo, sin respetar los usos del agua y las prioridades que deben establecerse según normativa. La venta de aguas entre distintas cuencas hidrográficas ha demostrado ser muy perjudicial para los ríos cedentes, ya que les hace caer en la sobre-explotación.
Desde IU seguimos defendiendo un cambio normativo que impida estas ventas de agua entre distintas cuencas, que dejan a los ríos en condiciones nefastas a nivel ambiental. Estas ventas de agua son un incumplimiento de las exigencias establecidas en la Directiva Marco del Agua. Pero claro estos vicios están consagrados en el vigente Plan Hidrológico.
En síntesis, nuestra posición es clara con respecto a las Tarifas de utilización del agua y cánones de regulación: no a los precios y tarifas de 2015, porque suponen un agravio comparativo con los otros regantes de la cuenca. Pedimos que se controle de forma contundente las posibles explotaciones ilegales y la venta de derechos de agua entre usuarios de distintas cuencas, evitando así una posible actividad especulativa. Por todo ello, aunque apoyamos estas alegaciones no renunciamos a los objetivos de moderar el consumo de agua pues los usos actuales no son sostenibles ni perdurables en el tiempo.
fuente foto: spaincenter.org