Este 8 de marzo de 2017, Día Internacional de la Mujer, se conmemora en un contexto histórico y político lleno de dificultades para la sociedad en general y para las mujeres en particular. Las condiciones generales de vida y de trabajo de las mujeres en España lejos de mejorar empeoran. La desigualdad económica, salarial y social persiste entre hombres y mujeres y las políticas públicas con las que se ha afrontado la crisis han resultado ineficaces, cuando no contraproducentes, para atajar esta brecha de género.

Al examinar los indicadores de empleo y paro del último mes, proporcionados por los servicios públicos, se observa que la salida de la crisis económica está agudizando desigualdades y precarizando las condiciones de muchos trabajadores, en particular de las mujeres. Aunque haya disminuido la tasa de paro general (18,6% en febrero de 2017, según el Ministerio de Empleo), la de mujeres es del 20,3% (tres puntos más que la de los varones), ha disminuido la población activa en el último año, crece el empelo más precario (temporal y a tiempo parcial) y la brecha de género sigue siendo muy alta, tanto en salario medio, como en tasa de actividad.

Actualmente la diferencia salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo ha sido estimada en el 17,8% (según Eurostat). En el caso de las mujeres de más edad, esta llega a ser del 23,7%. Paralelamente, la feminización de la pobreza es un rasgo cada vez más preocupante de nuestro modelo social. Persiste una baja cobertura en prestaciones por desempleo (algo más del 55%) y disminuye el coste laboral medio salarial y por hora trabajada en el último año.

Por otro lado, las mujeres siguen asumiendo la mayor parte del trabajo no remunerado, es decir el doméstico y de cuidados. Prácticamente el 70% de todas las horas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado en nuestro país las realizan las mujeres.

La infrarrepresentación de las mujeres en las instituciones públicas sigue siendo un problema de gran relevancia. Lo mismo sucede en el ámbito privado donde solo hay un 10% de mujeres en los lugares de más liderazgo, ocupando solo el 17% de los asientos de los consejos de administración, cifras muy inferiores a los países de nuestro entorno.

Según el Observatorio del CGPJ, en lo que va de año 2017, 16 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en nuestro país. No todos los casos son contabilizados como violencia de género, porque sólo cuentan en el registro oficial las fallecidas a manos de sus parejas o exparejas. De ellas, cuatro son de Castilla-La Mancha (cinco, si contamos a la hija de la mujer de Bienservida asesinada en Daimiel el 12 de febrero). Son datos alarmantes que no pueden dejar impasibles a las autoridades, ni insensible a la sociedad.

Sin embargo, hay que recordar que entre 2009 y 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy ha recortado un 23% el presupuesto del programa contra la Violencia de Género, y un 49% el del programa para Igualdad. Los recortes en políticas sociales afectan al empleo femenino (base de la autonomía personal) y presionan para que sean las mujeres las responsables del cuidado de menores y personas dependientes o enfermas. Se impone así una doble o triple jornada que impide la participación en el espacio público en condiciones de igualdad.

La igualdad de género no es una prioridad para el gobierno del PP como se documenta con el listado de recortes en el estado de bienestar y con la legislación impulsada por el gobierno de Rajoy en estos últimos años. El abandono de educación para la ciudadanía, la promoción en la enseñanza de religiones que promueven el papel secundario de la mujer, la discriminación y sometimiento de las mujeres a los varones, son actuaciones contrarias a la igualdad y los derechos constitucionales. Los modelos masculinos igualitarios progresan menos de lo deseado y las encuestas revelan que el machismo más rancio crece entre unos adolescentes que no reciben del sistema educativo una formación que combata de forma eficaz los estereotipos del amor posesivo y de una identidad basada en la dominación y el recurso a la violencia como método para lograr los objetivos.

En nuestra comunidad autónoma, con el cambio de gobierno regional, no se han producido sustanciales avances en materia de igualdad. Urge revertir los recortes en políticas de Igualdad de la época de Cospedal, introducir la educación en igualdad en las aulas, en todos los niveles educativos, y garantizar los derechos sexuales y reproductivos a las personas en Castilla-La Mancha. En esta materia aún tenemos muchas carencias en educación sexual, prevención de ETS y embarazos no deseados, así como en atención a las interrupciones voluntarias del embarazo previstas en la ley de 2010. Somos una de las pocas Comunidades Autónomas en las que aún no hay ningún centro público que realice los abortos voluntarios previstos en la ley.

Es necesario, hoy más que nunca, revolucionar la política desde lo más profundo hasta en sus formas. Todas las reivindicaciones democráticas e igualitarias que aún están por conseguir requieren situar al feminismo como pilar fundamental de las decisiones políticas. No nos fiamos de las buenas intenciones, ya llevamos demasiado tiempo esperando. Por eso hace falta que haya instituciones que defiendan nuestros derechos, que haya presupuestos destinados a erradicar la desigualdad y gobiernos en los que, efectivamente las mujeres se sientan representadas.