La asamblea local de Izquierda Unida de Albacete manifiesta su más contundente rechazo a la propuesta de reforma de la legislación que regula la interrupción voluntaria del embrazo que pretende el PP. Los elementos de la reforma que el ministro Gallardón ha anunciado suponen un retroceso de décadas en el reconocimiento de la libertad y autonomía de las mujeres para decidir sobre su vida, su maternidad y el control de sus decisiones en materia de sexualidad y reproducción.

La propuesta de Gallardón niega la decisión libre de las mujeres, ahora contemplada hasta la 14 semana de gestación, lo que supone penalizar más del 90% de las IVE que se practican anualmente en España. Desde Izquierda Unida rechazamos esta contrarreforma que nos sitúa fuera del marco jurídico de la mayoría de los países europeos y denunciamos que esta propuesta supone un retroceso ideológico y social que sólo satisface a los sectores ultraconservadores representados por la jerarquía eclesiástica y por determinados grupos de la extrema derecha acantonados en el PP.

La actual normativa en materia de salud sexual y reproductiva, si bien es mejorable en muchos aspectos, responde a las necesidades y sigue las directrices en materia de derechos sexuales y reproductivos reconocidos a nivel internacional pues iguala la salud sexual y reproductiva a cualquier área de la salud pública. Además goza de un consenso social que la pretendida reforma del PP no tendrá. Hay algunos consensos que debemos poner en valor:

-No podemos consentir que mujeres y profesionales puedan ser condenados por aborto. No podemos consentir que el aborto voluntario sea motivo que pueda llevar a la cárcel, de nuevo, a mujeres y profesionales.

-No podemos consentir que se vuelva a la práctica de abortos clandestinos e inseguros que ponen en peligro la vida y la salud de las mujeres ante embarazos no deseados.

-No podemos consentir que se nos imponga a la mayoría, por ley, la moral de unos pocos. Basta de injerencias de la conferencia episcopal en la vida de las personas y en las decisiones libres de las mujeres.

La oculta reforma que el PP prepara puede suponer una vuelta a la caverna. Volver a una ley de supuestos deja fuera de la cobertura legal a la mayoría de mujeres que cada año se ven ante un embarazo no deseado y deciden abortar, implicará miles de abortos clandestinos con sus consecuencias en morbimortalidad, procesos penales contra profesionales sanitarios y mujeres, más sufrimientos para mujeres, en especial las más vulnerables y desprotegidas social o económicamente, y la vuelta al tutelaje -por parte de jueces y sanitarios- de las decisiones sobre el cuerpo de las mujeres, su sexualidad o su maternidad.

Es el momento de reivindicar que el aborto voluntario se elimine del código penal, que mejore la aplicación de la actual normativa que tiene aspectos por desarrollar muy importantes en educación sexual y anticoncepción, en la prevención de embarazos no deseados y en la atención a las IVE en condiciones de equidad en todo el territorio nacional y en la red sanitaria pública.

Actualmente las mujeres castellano-manchegas que deciden interrumpir su embarazo legal y voluntariamente no tiene garantías de atención en centros sanitarios públicos y muchas tienen que costearse ellas mismas la intervención, esto supone poner en cuestión la efectividad del derecho a decidir y significa un grave riesgo de desprotección para las mujeres.

Es obligación de la administración regional garantizar la aplicación de la Ley 2/2010 de Salud Sexual, Derechos Reproductivos e Interrupción Voluntaria del Embarazo y dar las suficientes garantías sanitarias y legales. Dicha Ley recoge que la prestación sólo excepcionalmente debe realizarse en la sanidad privada, lo que, sin embargo, se ha convertido en la generalidad para toda Castilla-La Mancha, donde no se realizan interrupciones voluntarias de embarazo en ningún centro público de salud y sólo hay dos clínica acreditadas con las que se ha concertado esta prestación sanitaria.

Desde Izquierda Unida entendemos que han de ser los hospitales públicos de la región los que asuman la prestación de este servicio garantizado por ley y que se han de tomar con urgencia las medidas correspondientes para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos en materia de salud sexual y reproductiva e interrupción de embarazo. Es preciso disponer de centros públicos de referencia en las cinco provincias, que eviten la distorsión territorial y aseguren el efectivo ejercicio del derecho, tanto en el momento de la interrupción como en su seguimiento posterior. Es urgente mejorar la educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas para que los jóvenes establezcan relaciones seguras exentas de riesgos y con plena libertad. Ha de mejorarse la formación de los profesionales sanitarios en materia de IVE y derechos sexuales y reproductivos.

En IU queremos dejar claro que con la autonomía de las mujeres no se juega, por tanto no caben más tutelajes en materia de aborto y sexualidad. Reclamamos mejoras en materia de salud sexual y reproductiva y rechazamos la propuesta retrógrada y sancionadora del PP.