Ante la contrarreforma de la Ley de salud sexual y reproductiva del PP, el área de Mujer e Igualdad de Izquierda Unida lanza una campaña que lleva por lema.

“Por los derechos de las Mujeres, Nosotras decidimos”.

IU defiende la libre decisión de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva y, en concreto, en la Interrupción Voluntaria del embarazo, sin condiciones, ni tutelajes.

Apostamos porque las IVE sean garantizadas en la Sanidad Pública y totalmente despenalizada. Estos elementos son importantes porque suponen mejoras en la actual normativa que, si bien parte del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, no eliminó el aborto voluntario del código penal ni ha conseguido garantizar el acceso y la realización de las IVE en condiciones de equidad, como una prestación más en la red sanitaria pública. CLM es una CCAA donde no hay ni un solo centro público en que se realicen IVEs.

Pero, ahora nos encontramos con una amenaza a nuestra libertad de decisión, con un tremendo retroceso en derechos y libertades si se concreta la reforma legislativa de Gallardón en los términos en que propone. Por eso, esta campaña de Izquierda Unida como todas las movilizaciones del movimiento feminista, de los profesionales defensores de la sanidad pública, de los expertos en planificación familiar, de los juristas, de los hombres defensores de la igualdad, de los jóvenes, de todos los sectores progresistas es tan necesaria.

El derecho de las mujeres a decidir, es parte fundamental de la lucha histórica del Movimiento Feminista. La trayectoria de esta lucha en nuestro país ha sido larga. En 1985, se produjo una despenalización parcial y tuvieron que pasar 25 años, tuvimos que esperar hasta 2010, para una reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo algo más avanzada, pero aún con muchas limitaciones.

El PP ahora, a través de su ministro de Justicia, está intentando introducir un debate falso y engañoso, en el que no podemos entrar. El derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, no se puede enmarcar en un debate ajeno a la libre decisión de las mujeres.

El derecho de las mujeres a elegir sobre su maternidad, es decir, si quieren o no ser madres, es un derecho fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios.

Las mujeres no necesitan leyes proteccionistas que las releguen a la posición de seres inmaduros e indefensos. Las mujeres son sujetos plenos de derechos y, por tanto, tienen capacidad para tomar sus propias decisiones de forma autónoma e independiente. No podemos permitir que el PP las sitúe nuevamente en los únicos roles de madre, esposa y cuidadora.

Defendemos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, a la libre decisión de las mujeres: sin interferencias, sin condicionantes, sin tutelas, ni penalizaciones.

Para desarrollar esta campaña presentaremos Mociones en los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha, recordando que en Albacete ya se presento en el Pleno de Mayo una moción conjunta a iniciativa de la Red Feminista por el Derecho a Decidir. Además distribuiremos carteles informativos de la campaña con la intención de informar, concienciar, dar la batalla por la libertad y la igualdad que el PP nos quiere limitar.

También en el Parlamento andaluz se presentara una Proposición no de Ley en la que se solicita, al igual que en las mociones, los siguientes puntos:

1- Instar al Gobierno de España a que no atente contra los derechos fundamentales de las mujeres y, por lo tanto, no modifique de manera restrictiva la actual ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

2- Instar al Gobierno de España a que asuma las reivindicaciones históricas de las organizaciones de mujeres, y amplíe los derechos reconocidos en el texto vigente para que se reconozcan y en los siguientes términos:

• La despenalización total de aborto voluntario, eliminando su actual penalización del Código Penal.

• Asegurar la plena capacidad de las mujeres, incluyendo las jóvenes, para tomar decisiones sobre su maternidad y sobre sus vidas.

• Asegurar a las mujeres inmigrantes, que se encuentran en situación administrativa irregular, la total prestación sanitaria, también, para acceder a la IVE.

• La inclusión de los derechos sexuales y reproductivos en los estudios de medicina, enfermería y otros estudios del ámbito socio-sanitario, en el desarrollo de acciones formativas que, desde el enfoque de género, capaciten para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, tanto quirúrgica como farmacológica, con el fin de garantizar la preparación integral de los y las profesionales para llevarlo a cabo.  

• La elaboración de un protocolo común para todo el Sistema nacional de Salud, que asegure la prestación efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública, con equidad territorial e igualdad en el acceso y proximidad en todos los territorios.

3- Instar a los Gobiernos Autonómicos, a que se comprometa, dentro de las competencias que les son propias, a asegurar que la interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar en toda la red sanitaria pública, en los términos exigidos al Gobierno Central.