El Grupo Provincial Ganemos-Izquierda Unida ha celebrado, este fin de semana, una nueva reunión en la que además de los diputados Victoria Delicado y José Ignacio Díaz han participado concejales de varias localidades de la provincia, como Villarrobledo, Alcaraz, La Roda, Madrigueras, Peñascosa, Munera, Alborea, Chinchilla de Montearagón, El Ballestero y Albacete capital.
La reunión forma parte del plan de trabajo del Grupo Provincial con cargos electos para intercambiar opiniones y recoger sugerencias y demandas que mejoren la coordinación y la labor que lleva a cabo el Grupo Provincial en la Diputación de Albacete. En esta ocasión se abordaron varios asuntos de interés provincial y de actualidad como la problemática de las macrogranjas porcinas; la nueva Ley de Contratos del sector público y los presupuestos para 2018 de la corporación provincial.

Lola del Olmo (Equo), Inmaculada Lozano (activista afectada) y Rocío Guardado (profesora en la UCLM de Climatología y Edafología) abordaron la problemática de las macrogranjas porcinas, de actualidad en la provincia por el elevado número de licencias que se han solicitado en los últimos meses para este tipo de instalaciones.

Guardado comentó que las macrogranjas “esquilman y contaminan” el agua y producen residuos (purines) inmanejables. “En diez años habrán abandonado el territorio y dejarán el suelo y la zona arrasada” comentaron las ponentes. Lozano, vecina de Casa de Cañete, aseguró por su parte que la Administración “no informa a los afectados, ni controla la capacidad de unas granjas que a veces tienen más animales de los autorizados”. Del Olmo, que definió estas instalaciones como “los fondos buitre” del campo añadió que Europa “no puede permitir actividades en el medioambiente que no sean sostenibles”.

Sobre al nueva Ley de Contratos, Daniel Martínez, responsable de Política Municipal de la formación, habló de la necesidad de incidir en las cláusulas sociales y medioambientales de los procedimientos de contratación y la relación calidad precio de los contratos, además de la mayor transparencia y el avance contra la corrupción que supone la nueva normativa. Una ley que obligará a que los trabajadores cobre al menos el salario mínimo acordado por convenio en el sector y con la que se busca la “mejor relación calidad precio en los contratos públicos, dejando en segundo lugar el precio”.
 
También destacó la preocupación por los problemas que la aplicación de la ley va a traer a los pequeños municipios en materia de gestión, ya que en muchos de ellos falta personal para su correcta aplicación.

 Finalmente, los concejales conocieron la situación de los presupuestos provinciales, pendientes de aprobar, y las demandas que ha trasladado Ganemos-Izquierda Unida al Gobierno de la corporación para, eventualmente, prestar su apoyo al presupuesto de 2018 de Diputación.