Aunque el virus sigue entre nosotros, la mayor virulencia del mismo manifestada en la salud de las personas se ha desarrollado durante finales del mes de marzo y todo el mes de abril. Durante estas semanas el virus ha golpeado muy fuerte en las residencias de mayores en todo el país y concretamente en Castilla-La Mancha se ha confirmado la muerte de 1.116 usuarios de residencias de mayores con coronavirus, un 41,7 % del total de los fallecimientos registrados. Además se contemplan 942 fallecidos más con sospechas de haber muerto contagiados, según ha venido informando la Consejería de Sanidad. (Datos a fecha 7 de mayo de 2020). A fecha 30 de abril de 2020, según informó la propia Consejería de Sanidad, 225 centros de Castilla-La Mancha, sobre un total de unos 400 centros residenciales, tenían algún caso positivo por infección de coronavirus: 64 de en la provincia de Toledo, 56 en la de Ciudad Real, 39 en la de Cuenca, 36 en la de Guadalajara y 30 en la de Albacete de un total de 46.

Está situación, extensible al ámbito nacional con un alto grado de contagios y víctimas mortales, ha generado un debate político y social sobre la gestión de las residencias de mayores y la necesidad de replantearse un modelo que no ha dado una respuesta optima ante la crisis sanitaria del COVID 19 y cuya creciente privatización ha repercutido en las condiciones laborales y la calidad asistencial.

Cabe recordar que durante los últimos años, dada la expectativa de crecimiento del sector, los recortes de los fondos públicos destinados a servicios sociales y atención a la dependencia del gobierno del Partido Popular, que no han sido revertidos en su totalidad por el PSOE, la imposición del modelo alemán para la construcción y gestión de las residencias y su constante privatización, las necesidades de una población cada vez más envejecida, las residencias de mayores se han ido convirtiendo en un reclamo para los fondos de inversiones y las grandes empresas del sector de la construcción, lo que en numerosas ocasiones ha venido provocando la precarización de los servicios prestados en busca de resultados económicos a corto plazo, aprovechándose incluso de la necesidad de muchos mayores y sus familias de tener que acudir a un centro residencial.

Buena parte de las residencias de mayores afectadas se han encontrado con escasez de recursos para prevención del contagio (EPIs), insuficiencia de personal, carencias asistenciales, edificios sin condiciones arquitectónicas para un aislamiento adecuado de los afectados, personal auxiliar que ha tenido que asumir funciones de enfermería sin haber recibido formación, imposibilidad de hacer pruebas ni a empleados/as ni a usuarios/as y carencias en la coordinación con la atención primaria, llegando a producirse la muerte de mayores en los centros residenciales sin posibilidad alguna de hospitalización.

Para Izquierda Unida de Albacete esta pandemia ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar el modelo residencial público, mejorar las condiciones laborales y asistenciales del conjunto del conjunto de los centros sociosanitarios y establecer mecanismos administrativos de supervisión efectivos del funcionamiento de los mismos. Urge trabajar en un nuevo plan de calidad y eficiencia en la gestión de la Red de Residencias Públicas de Castilla-La Mancha, impulsar y adecuar la normativa autonómica ante las carencias asistenciales que se han puesto de manifiesto en las últimas semanas, principalmente la Orden de 21/05/2001, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se regulan las condiciones mínimas de los centros destinados a las personas mayores en Castilla-La Mancha (modificada parcialmente en el año 2013) y priorizar la gestión pública directa.